España hace frente al segundo estado de alarma con siete reformas pendientes

España afronta un nuevo estado de alarma sin haber abordado una serie de reformas necesarias para adaptar la legislación a un nuevo escenario pandémico. Actualizar la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, e impulsar nuevas normas en sanidad y educación ante una pandemia que aflora la tensión territorial --que el modelo federal alemán ha resuelto bien-- son algunas de las asignaturas pendientes.

Todas ellas son analizadas por Jaume Bosch, abogado, máster en La ciutat: polítiques, projectes i gestió por la Universitat de Barcelona (UB) y exdiputado del Parlament por ICV, en un estudio titulado Crónica del estado de alarma. El funcionamiento de las instituciones y de la seguridad pública en tiempos de coronavirus (14 de marzo a 21 de junio de 2020), publicado por el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), asignado a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Bosch recuerda, en primer lugar, que el Gobierno ha tenido que hacer frente a una crisis sanitaria con base en la Ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que ya tiene 40 años de antigüedad. Alude a la voluntad expresada por el Ejecutivo de impulsar modificaciones legales, quizá esta misma ley --para definir, por ejemplo, la cuestión de las prórrogas--, aunque considera que la decisión de declararlo fue acertada.

También apuesta por la aprobación o reforma de leyes sectoriales relacionadas con la salud o la seguridad para adaptarlas a esa nueva situación, sin olvidar la necesidad de abordar supuestos no previstos, como los procesos electorales ya convocados cuando se declara el estado de alarma.

Modificar la 'ley mordaza'

En tercer lugar, el académico subraya que el mecanismo legal utilizado para aplicar sanciones a los infractores de las medidas anti-Covid ha sido la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad ciudadana de 2015, conocida como la ley mordaza, que también quiere derogar el Gobierno de Pedro Sánchez. La ley “deberá ser superada para dar paso a una nueva regulación de la seguridad ciudadana y de la capacidad sancionadora del Govern, plenamente respetuosa de los derechos de la ciudadanía”.

Queda pendiente, en cuarto lugar, revisar las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, y el mismo funcionamiento parlamentario, que han afrontado una nueva realidad consistente en debates y votos telemáticos no suficientemente regulados. "Realidades tan solo apuntadas hasta ahora deberán ser reguladas en previsión de que se puedan repetir situaciones como la actual, o quizás más graves aún, que pudieran impedir toda presencia física de los representantes de la ciudadanía en las sedes institucionales; una regulación imprescindible, incluso al margen de la pandemia, dados los avances tecnológicos de los últimos años mal asumidos por la mayoría de instituciones".

Modelo alemán para bajar la tensión territorial

En quinto lugar, Bosch alude al tema más espinoso: la tensión entre el Estado y las comunidades autónomas. “El debate se centrará previsiblemente en cómo se puede compatibilizar el establecimiento de una dirección eficaz en casos de emergencias como la vivida con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan seguir desempeñando sus competencias, sin tener la sensación permanente de que el Gobierno central pretende recentralizarlas”, explica Bosch.

Precisamente el viernes, el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, hacía referencia a esa necesidad de descentralizar la gestión del nuevo estado de alarma. “El funcionamiento de la cooperación federal de Estados como el alemán, a pesar de no haber estado exento de tensiones, podría indicar una vía a seguir. En todo caso, será necesario que todos sean conscientes de que será imposible avanzar en una nueva normalidad institucional si no se encuentra una solución al conflicto” independentista, precisa el autor, quien afirma que el primer estado de alarma “no fue un 155 encubierto”, en alusión a la intervención de las competencias catalanas denunciadas por los separatistas.

Nuevas políticas de seguridad

En sexto lugar, Bosch se refiere a las “intensas modificaciones” que sufrirán las políticas de seguridad. “Geolocalizaciones, utilización de datos personales o certificados de inmunidad; también hemos podido observar las primeras modificaciones de situaciones que parecían consolidadas: dificultades para presentar denuncias en tiempo de confinamiento o complicaciones para efectuar identificaciones en la vía pública. No podemos olvidar el incremento de las acciones de la extrema derecha xenófoba y racista, generadora de delitos de odio, que utiliza con facilidad los rumores desestabilizadores en la red, una actividad que exige una respuesta del Estado que, al mismo tiempo, deberá mantener un delicado equilibrio con la libertad de expresión”. Las actividades criminales --estafas, violencia doméstica…-- se han adaptado a la pandemia, dice.

Finalmente, alude a la necesidad de la colaboración entre los Estados en la redefinición del concepto de seguridad nacional, que “debería incluir, a partir de ahora, la redistribución de la riqueza, una fiscalidad más justa para disminuir las obscenas desigualdades, y la consolidación del Estado del bienestar. Es evidente que los recortes en sanidad y servicios sociales aplicados en los últimos años en muchos países, y con especial intensidad en Cataluña, han incidido negativamente en la salud y la seguridad de la ciudadanía. La misma Unión Europea, que encabezó la cruzada de fomento de los recortes, parece asumir ahora su equivocación. Y los retos derivados de la pandemia no nos deben hacer olvidar otros peligros que, como el cambio climático, exigen una actuación decidida y solidaria de todos los Estados; seguramente todo está ligado”.