Desconcierto en la restauración catalana por las chapuzas jurídicas del Govern

Enfado descomunal en la restauración catalana, que se siente "perdida" y "abandonada" por el Govern. Propietarios de restaurantes, cenadores, bodegas y bares han cargado contra las chapuzas jurídicas del Govern con el cerrojazo de 15 días, que ha arrancado en la madrugada de hoy después de un inquietante tira y afloja con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por defectos de forma en el decreto.

Patronales como Fecasarm y operadores como Alberto Moyano, propietario de la Bodega Carol y portavoz de En Ocasiones Veo Bares, se han quejado amargamente de la "inseguridad jurídica" que ha generado la Generalitat de Cataluña con la gestión de la clausura temporal. Primero, la filtró el martes a la prensa; el miércoles negoció con el sector; ayer trató de aprobarla para acabar topando con el TSJC y, finalmente, publicó la orden esta madrugada, aunque con una disposición transitoria que anula los aspectos que afectan los derechos fundamentales, pendientes de ratificación por parte del tribunal.

Doble varapalo del TSJC

A tenor de los resultados de la gestión de la dura medida por parte de la administración, a los empresarios les asiste la razón. O, al menos, parte de ella. El Govern envió ayer por la mañana la propuesta de resolución de cierre a la instancia judicial para que la validara. El TSJC la devolvió al Ejecutivo autonómico alertando de que la orden contenía defectos de forma, y dio de plazo hasta la 13:00 horas para recibir el escrito, analizarlo y resolver.

Los servicios jurídicos del Govern, área que comanda Francesc Esteve, remitieron de nuevo la propuesta normativa a la justicia antes del final del plazo. Pero la nueva versión repetía los mismos errores: faltaba la fecha, firma y número de resolución, lo que la invalidaba. El TSJC así lo comunicó, señalando los aspectos del decreto que afectaban a los derechos fundamentales. Además, avisó de que la sala respondería ya al día siguiente. El Govern respondió entonces con una chapuza: avisó de que publicaría la orden de cierre de madrugada con una disposición adicional indicando que no estaba completa.

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Fecasarm: "Indefensión absoluta"

El sector se levantó en armas. No en vano, 30.000 empresas y hasta 70.000 puestos de trabajo están al albur de lo que diga la resolución. Fecasarm se adelantó y exigió que ésta se publicara el lunes para evitar "indefensión jurídica". La patronal de hostelería lamentó los errores de forma que contenían los dos documentos enviados al TSJC, y que la instancia judicial devolvió, y alertó de los daños que causó la añagaza al sector.

"Los empresarios no pueden estar pendientes cada minuto de si sacan a un trabajador de un ERTE o no, máxime cuando el fin de semana ya no lo pueden hacer; o de si tienen que hacer pedidos o los cancelan, si tienen que abastecer sus neveras o si, simplemente, pueden coger reservas", alertó la organización que dirige Joaquim Boadas. "La hostelería trabaja con un mínimo de previsión: no se trata de bajar la persiana o no", agregó el directivo.

Alberto Moyano (EOVB): "Perdidos"

Por su parte, Alberto Moyano, copropietario de la Bodega Carol de Barcelona, abogado y portavoz de En Ocasiones Veo Bares, declaró que él y todos sus contactos que regentan establecimientos de comida y bebida --suman hasta 30.000 en toda Cataluña-- "se sentían perdidos". Según él, a la Generalitat "se le escapó el control del mensaje" y tiene un "serio problema comunicativo".

"Filtraron la noticia del cierre del sector el martes, el miércoles la anuncian a bombo y platillo, el jueves pretenden publicarla, pero lo hacen mal, y finalmente la anuncian para la madrugada", resumió Moyano. "Es de primero de carrera cumplimentar una resolución enviada al TSJC. Hacerlo mal es un error garrafal", se quejó el restaurador. Según Moyano, los hosteleros catalanes están "desamparados" y son víctimas de "una gestión autonómica que se dijo en algunos círculos que sería mejor que la nacional y, por ahora, no lo es".

Protesta en Barcelona

La medida del nivel de irritación del sector se constata en la reacción que han coordinado los afectados en apenas unas horas. Medio centenar de asociaciones y ejes comerciales han convocado una protesta para este viernes a las 12 del mediodía en la plaza de Sant Jaume, ante las sedes de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

La concentración ha recibido el apoyo de Barcelona Comerç y Barcelona Oberta, dos de las principales entidades dinamizadoras del comercio en la capital catalana. La movilización quiere poner de manifiesto "la grave afectación para todo el sector económico de la ciudad" que ocasionará el cierre de bares y restaurantes. Por ello, apelan a encontrar "un equilibrio entre salud y economía".

"Colapso definitivo"

Foment del Treball también ha criticado las maniobras del Govern en torno al cerrojazo de la restauración para frenar la pandemia. La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre advierte de que estas medidas pueden causar el "colapso definitivo" de este sector y del comercio en general.

La organización se suma a la protesta de las asociaciones comerciales por considerar "desproporcionadas" las decisiones de la Generalitat, pues los principales focos de contagio del Covid-19 no están, a su juicio, en los centros de trabajo ni en los establecimientos comerciales o de restauración.

Medidas aprobadas

Así, a la espera de que se pronuncie el TSJC --y con el único aval de la Fiscalía, que no ha puesto objeciones al decreto--, las medidas en vigor incluyen limitar la actividad de bares y restaurantes a los servicios de comida para recoger (take away) o para enviar a domicilio (delivery); clausurar los gimnasios, las ferias y congresos; cerrar los parques y jardines a las 20.00 horas, y reducir el aforo de comercios y mercados ambulantes al 30%, y el de los cines y teatros al 50%. En cambio, queda suspendida de momento la prohibición de reuniones de más de seis personas, la interrupción de la actividad presencial en las universidades y la limitación del aforo de las ceremonias religiosas, por afectar a los derechos fundamentales.

El Govern prevé aplicar estas restricciones durante 15 días, pero los comerciantes temen que se prorroguen durante algunas semanas más. Algo que, aseguran, causaría un daño irreparable en el tejido económico catalán.