Así ha tapado el 'procés' independentista la pobreza infantil en Cataluña

De la crisis económica de 2008 a la pandemia. En este contexto, los índices de pobreza infantil en Cataluña no solo se mantienen entre los más altos de Europa, sino que podrían dispararse. Así lo han advertido varias ONG. Pese a ello, el fin de la legislatura vuelve a dejar a la comunidad sin el desarrollo de una ley de infancia, que lleva un retraso de 10 años, y con una precariedad que el Govern ha tapado con la caótica gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

La propia Generalitat ha reconocido que más de 70.000 niños no tienen acceso a una alimentación suficiente. Pese a ello, el ejecutivo autonómico solo dedica un 0,8% del PIB catalán a infancia frente al 2,4% de la media europea.

Excusas identitarias

Las excusas dadas por el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, tienen, una vez más, una base identitaria: Cataluña no es un Estado y, por tanto, no puede decir que dispone de un PIB y no hay dinero para infancia porque el Estado no cumple sus compromisos con esta comunidad. En paralelo, los partidos que dan apoyo al Govern, JxCat y ERC, han ido votando mociones parlamentarias a favor de elevar ese porcentaje del PIB, que luego, evidentemente, no cumplían.

De esas cifras alarmantes han dado cuenta Save the Children, que sitúa la precariedad entre menores en un 28,6%, porcentaje que podría dispararse a un 34,6% [leer en este enlace], e Idescat, que la eleva a un 31%. Asimismo, Unicef advierte de que un 53,6% de los hogares monomarentales en Cataluña viven bajo el umbral de la pobreza. La Fundación Foessa --impulsada por Cáritas-- abunda en esas altas cifras catalanas en su VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España [leer en este enlace] e introduce un dato más: se trata de la comunidad autónoma con un índice más alto de viviendas inadecuadas.

El caos de la Renta Garantizada

En 2010 fue aprobada la Ley de Infancia, pero diez años después, todavía no se ha aprobado un reglamento que permita desarrollarla y dotarla de recursos, a pesar de que ese despliegue estaba previsto en el plan de gobierno para esta legislatura que ahora concluye. Para compensar esos atrasos, el Govern ha utilizado la RGC como el refugio de esas familias sin ingresos. Pero la gestión de esas ayudas ha sido caótica. A pesar de que en Cataluña había 235.000 hogares en situación de pobreza severa antes de la pandemia, solo 81.000 se beneficiaban de la RGC, es decir, que un 65,5% se quedaron fuera.

El propio Govern admitía que las solicitudes de la renta habían aumentado un 95% entre marzo y mayo (en plena crisis del Covid), pero la cifra de beneficiarios solo había aumentado en 374. Según la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, el 47% de las solicitudes acaban con prestación y las que no terminan con prestación es porque no cumplen lo criterios que se aprobó en ley de la RGC.

El Covid agudiza la precariedad

Asimismo, según las últimas cifras del INE, Cataluña tiene 289.300 familias en que solo hay un adulto a cargo, en su inmensa mayoría mujeres. Unicef afirma que el 54% de esas familias se encuentra en situación de pobreza, es decir, 156.222 hogares. De todo ello se habló la semana pasada en el pleno parlamentario dedicado al Covid, donde la intervención de Pere Aragonès en su primera sesión de control como presidente en funciones, se convirtió en una arenga en contra del Rey. La diputada de PSC-Units, Beatriz Silva, advirtió en ese pleno de que el Covid-19 “ha venido a agudizar situaciones de precariedad y de pobreza que afectaban a una parte muy amplia de nuestra infancia. Hoy hay más niños y niñas viviendo bajo el umbral de la pobreza que los que había en marzo pasado y los que ya lo estaban, están muchísimo peor”.

A su juicio, las cifras publicadas por las citadas ONG “son intolerables para una sociedad como Cataluña con un nivel de riqueza propio de un país desarrollado de la Europa Occidental pero con un nivel de pobreza infantil equivalente a algunos de los países más pobres de la Unión Europea”.  Y aludió 235.000 hogares en situación de pobreza que había en Cataluña antes de la pandemia. El consejero El Homrani aseguró que “algunos, de forma lícita y legítima, queremos una república. Porque tenemos un déficit cada año de 500 millones de euros en políticas sociales, de cuando se hizo la transferencia. Imagínese el margen que tenemos”.

Malnutrición

En materia de malnutrición, la Comisión de Infancia del Parlament aprobó en 2014 una propuesta de resolución de PSC-Units que contemplaba un seguimiento de los casos de menores que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Desde entonces, el Govern solo ha celebrado tres reuniones sin que se haya desplegado un protocolo de actuación.

Por ello, los socialistas han presentado una moción en la que instan al Govern a presentar, antes de fin de año, un plan de lucha contra la pobreza infantil; convocar a los grupos parlamentarios para impulsar un pacto contra la pobreza infantil; publicar un informe sobre la situación de las familias monomarentales con una batería de medidas específicas y garantizar que las 154.000 familias con menores a cargo en situación de pobreza severa reciban la RGC; desplegar protocolos sobre malnutrición; crear una prestación para los niños que tienen becas comedor para días no lectivos y recuperar el servicio comedor en los institutos, y flexibilizar las ayudas para el alquiler.