Grand Tibidabo reclama dos millones de euros y penas de hasta 40 años de cárcel a los Pujol

Grand Tibidabo acusa a la familia Pujol de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y les reclama una indemnización de algo más de dos millones de euros por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de la compañía en 1991.

Así lo señala la empresa --que se encuentra en fase de disolución-- en un escrito presentado al titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el marco del denominado caso Pujol, en el que Grand Tibidabo forma parte de la acusación particular.

'Mordidas' por operaciones de 1991

El juez cerró la instrucción en julio pasado y el proceso se encuentra a la espera de la apertura del juicio oral --mientras las partes presentan sus alegaciones--, con una treintena de imputados. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su esposa Marta Ferrusola Lladós y sus siete hijos --Jordi, Josep, Pere, Marta, Mireia, Oleguer y Oriol--, así como la expareja del primero de ellos, Mercè Gironès Riera.

Los actuales propietarios de Grand Tibidabo apuntan a todos los miembros del clan Pujol como beneficiarios de las presuntas mordidas llevadas a cabo por el primogénito --Jordi Pujol Ferrusola-- en la operación de venta en 1991 de la sede del Consorcio Nacional de Leasing (CNL), que tras fusionarse con Tibidabo formó Grand Tibidabo SA.

"Corrupción política"

Grand Tibidabo considera probado que "la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades delictivas e íntimamente ligadas a la corrupción política". Y aseguran que "han mantenido y gestionado durante años este enorme patrimonio económico de procedencia ilícita, tanto en Andorra como en otras jurisdicciones".

"Durante todo ese tiempo lo destinaron a toda clase de inversiones mobiliarias, inmobiliarias y operaciones financieras de distinta índole, con el objetivo de reintegrarlo a la vida comercial lícita, siempre en beneficio de la familia y cada uno de sus integrantes", añaden. Y concluyen que "las actividades ilícitas de los miembros de la familia se han llevado a cabo en todo momento con un gran nivel de coordinación entre todos ellos y siguiendo pautas comunes de actuación, sin perjuicio de que unos y otros pudieran al mismo tiempo desarrollar sus propias actividades particulares por intereses propios".

Entre 9 y 40 años de prisión

La acusación se basa en informes de Anticorrupción, que detallan los movimientos millonarios de cada uno de los miembros de la familia Pujol en cuentas bancarias de Andorra entre 1995 y 2000.

Por ello, reclama penas de prisión para todos ellos: 15 años para Jordi Pujol Soley y otros tantos para Marta Ferrusola; 40 años para Jordi Pujol Ferrusola; 17 años para Josep, y 9 años para Pere, Marta, Mireia, Oleguer y Oriol.

De la Rosa, Mas, Prenafeta, Carreté

Grand Tibidabo también solicita la presencia de una docena de testigos en la fase oral del juicio.

Entre ellos, destacan nombres como el de Javier de la Rosa --fundador de la compañía--, Artur Mas --en calidad de ex director financiero de Tipel, empresa controlada por los Prenafeta--, Lluís Prenafeta --ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Pujol-- y Joan Anton Sánchez Carreté --ex asesor fiscal de los Pujol--.