Barcelona endurecerá el reglamento de habitaciones turísticas de la Generalitat

El Ayuntamiento de Barcelona modificará el reglamento de habitaciones turísticas en pisos compartidos aprobado por el Govern para evitar que “organizaciones mafiosas, especuladores y grandes tenedores” abusen de esta modalidad turística.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, considera que la normativa autonómica no preserva el derecho a la vivienda y puede favorecer la especulación inmobiliaria, otra declaración en línea con las políticas inmobiliarias que defienden los Comuns desde su ideario.

Suspensión de licencias

“Las habitaciones turísticas impactan en el mercado de la vivienda porque son actividades mucho más rentables y porque sustituyen la oferta por la vivienda habitual”, ha declarado Sanz, que ha llegado a acusar a la Generalitat de legislar "al dictado de grandes plataformas como Airbnb".

El consistorio ha avanzado que incorporará nuevas limitaciones temporales y de capacidad para minimizar la afectación de esta alternativa de alquiler en la ciudad. Además, Sanz ha anunciado que suspenderán preventivamente las licencias “para evitar sorpresas” durante al menos un año.

Dificultades para inspeccionar

Para el gobierno municipal, el reglamento no cuenta con un análisis técnico que identifique los riesgos que pudieran surgir de la implementación de la nueva norma. “La Generalitat se ha limitado a constatar que la actividad existe y deja en manos de los ayuntamientos su contenido sin haberlo negociado”, ha afirmado la concejal. Por eso ha pedido al Govern que "rectifique" el decreto ley y diseñe una propuesta coordinada con los entes locales.

Entre los riesgos indicados por Sanz se encuentra la dificultad de controlar si los propietarios cumplen con los requisitos exigidos: "¿Podemos entrar en una vivienda para inspeccionar sin vulnerar ningún derecho?", se ha preguntado.

Críticas de Competencia

La posición del ayuntamiento contrasta con la de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que publicó un comunicado señalando las restricciones "injustificadas" del nuevo reglamento. Para este organismo, las condiciones de ejercicio de la actividad establecidas no responden a razones de interés general.

Entre estas, la ACCO enumera el límite de capacidad, las obligaciones de acondicionamiento o el hecho de que el propietario deba residir en el inmueble mientras pone en alquiler algunas habitaciones. Este punto de vista se aleja de la "liberalización" denunciada por el consistorio barcelonés.