Los dos 'avales' a Torra en su cruzada contra el secretario general del Parlament

Quim Torra y JxCat no están solos en su empeño de que los letrados del Parlament publiquen íntegras las resoluciones contra la monarquía española aprobadas por los partidos independentistas en el pleno del pasado 7 de agosto. El presidente de la Generalitat y su partido cuentan con el aval de dos asociaciones de juristas nacionalistas. Se trata del Col.lectiu Maspons i Anglasell (CMiA), un colectivo que reivindica el “derecho público catalán” previo al año 1714, y SITxCAT, una sectorial de la ANC, la entidad afín a los planes secesionistas del gobierno autonómico.

En un documento difundido por varios medios digitales catalanes, ambos grupos reprochan al secretario general de la Cámara catalana, Xavier Muro, que decidiera excluir del Boletín Oficial del Parlament (BOPC) algunos pasajes concretos --una apelación a la “monarquía delincuente” y un fragmento en el que se criticaba la presunta participación del Rey Felipe VI y otros poderes del Estado en la "represión de los derechos del pueblo catalán"-- por contravenir los criterios del Tribunal Constitucional (TC).

Las conclusiones de estos dos colectivos aclaran que su informe no analiza si las resoluciones son contrarias a las interlocutorias del TC, sino si una parte de lo aprobado en el pleno se puede suprimir en la publicación del BOPC. A su modo de ver, “no existe en la normativa actual ninguna excepción a la publicación íntegra de las resoluciones”, y por tanto lo que se aprueba en el Parlament “se tiene que publicar”.

Muro y Torrent, en la 'diana'

Por esta razón dan un toque de atención al secretario general de la cámara ya que, en su opinión, “no podía ordenar la publicación no íntegra de la resolución”, aunque acto seguido admiten que “esta conclusión requeriría un análisis más exhaustivo sobre los efectos concretos de las interlocutorias del Tribunal Constitucional”.

Otro destinatario de su informe es el presidente de Parlament, Roger Torrent (ERC), al recordar que “la desobediencia” del letrado sólo “se puede salvar” a través de sus “instrucciones directas”. De manera que, si le ordenara que la publicación se haga íntegra, estaría obligado hacerlo. Un mensaje que va en la línea de los reproches de diversos diputados y dirigentes de JxCat contra el republicano en los últimos días, y que ha sido aplaudido con entusiasmo desde el entorno posconvergente en las redes sociales.

Uno de los miembros simpatizantes de CMiA, el economista Xavier Martínez Gil, llegó a opinar a título individual en sus redes sociales que “alguien se podría plantear presentar una querella por prevaricación contra el secretario general”. Algo que, sin embargo, el estudio de ambas entidades no contempla, ni tampoco su cese, que con tanta insistencia han reclamado Torra y JxCat.

Derecho de 1714

¿Quiénes son, y qué principios tienen, estas dos entidades de juristas que suscriben el informe de cinco páginas? Su común denominador es el nacionalismo esencialista, además de compartir varios dirigentes. Col.lectiu Maspons i Anglasell se creó a principios de 2017 a iniciativa de un grupo de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local y su anhelo, según explican en su web, es “recuperar el espíritu del derecho público catalán”, que se aplicaba “dos siglos atrás” y que “quedó truncado con la supresión de las instituciones de Cataluña con el decreto de nueva planta a partir de 1714”.

Al mismo tiempo, para trasladarlo a la práctica jurídica actual, aseguran trabajar para que “se incorporen a la legislación” los principios que deben sustentarlo, como “la libertad, la equidad y la limitación y separación de poderes” --en su concepción actual, fue ideada por Montesquieu en 1748--, y en base a lo que hoy reclama la ciudadanía: "democracia", "ética", "transparencia" y "justicia social", entre otros.

Entre los fundadores del colectivo --para ser miembro del cual hay que pagar una cuota predeterminada en 50 euros anuales-- figura su vicepresidente, Isidre Llucià, que en una entrevista a la televisión del Vallès Oriental aseguraba poco después de su creación que “lo que tenemos ahora no es Derecho público catalán, es Derecho público español hecho en Cataluña”. A su modo de ver, el existente en esta comunidad antes de 1714 era similar al modelo anglosajón, pues invitaba a aplicar “no el espíritu de la norma, sino el de la justicia”, que es lo que a su modo de ver lo hace más “ágil, eficaz y eficiente”. Y también lo comparaba con el de Andorra donde, según destacó, “no han sufrido ninguna invasión como aquí”.

“No es nostalgia”

“No es nostalgia. Es el modelo de los países más eficientes y eficaces del mundo, como Suecia, Noruega, Finlandia...”, señalaba, al tiempo que apuntaba que “si fuéramos un país independiente, Maspons tendría un lugar preminente entre los ciudadanos ilustres de la patria”.

Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966), figura de la cual toma su nombre dicho colectivo, fue un jurista y catedrático defensor del derecho catalán, trabajó para la Mancomunitat, fue miembro --entre otros-- del comité asesor de minorías nacionales de la Sociedad de Naciones y presidió diversas entidades excursionistas de Cataluña

Juristas de la ANC

Por su parte, Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local per la Independència (SITxCAT) es una sectorial de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que se constituyó el 11 de enero de 2014 y que a lo largo de los últimos años ha ido publicando diversos informes difundidos --aunque no siempre encargados-- por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). El más reciente, este mismo mes de agosto, uno sobre la cesión de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos con superávit al Estado. Algo a lo que la AMI se opone en redondo.

Con anterioridad, presentaron otros, todos ellos relacionados con el procés independentista. En 2016 y 2017, por ejemplo, realizaron sendos informes jurídicos sobre las posibles consecuencias penales de la actuación de los funcionarios y de los Mossos d’Esquadra, respectivamente, durante el procés. Según sus valoraciones, ni unos ni otros cometerían delito si permitían las votaciones del referéndum 1-O, gracias a la instauración de una nueva legalidad catalana, aunque admitían el riesgo de incurrir en el de desobediencia en el caso de los altos cargos.

El 1-O y la "República Catalana"

El informe sobre los cuerpos policiales --del cual se desmarcó la AMI, negando haberlo encargado-- apuntaba que los Mossos debían tener “un papel fundamental” al ser, junto con las Policías Locales, los encargados de “garantizar la seguridad en la celebración del referéndum", así como en las actuaciones posteriores "hasta la consolidación de la República Catalana”.

El primero de los siete documentos de SITxCAT difundidos en la web de la AMI, en febrero de 2014, defendía la cesión de los datos del padrón de habitantes a la Generalitat si ésta lo solicitara de cara a la convocatoria de posibles consultas o referéndums. Y también redactaron otros sobre las fórmulas del juramento o promesa en las tomas de posesión de los cargos, o sobre la legalidad del pago del IVA y el IRPF por parte de las administraciones locales a la Agencia Tributaria Catalana.

Solidaridad de los letrados del resto de España

El aval de estas dos asociaciones de juristas a que los letrados del Parlament, o en defecto su presidente, publiquen íntegras las resoluciones antimonárquicas contrasta, sin embargo, con el punto de vista y el respaldo de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos Autonómicos (AELPA) y los secretarios generales y letrados mayores de esas cámaras territoriales a sus compañeros en el Parlament Cataluña por su "defensa de la legalidad y el orden constitucional". Desde esta entidad han denunciado además los "ataques" y presiones que han sufrido.

Asimismo, los trabajadores del Parlament también han expresado su solidaridad hacia los letrados catalanes frente a cualquier "presión", y recordando que siempre actúan en base a principios como la "objetividad", la "integridad" y la "neutralidad"