Rafael Arenas: "Es inasumible que España ejecute las euroórdenes y otros países no lo hagan"

La negativa de la justicia belga a extraditar a España al exconsejero de Cultura Lluís Puig por presunta malversación en el procés independentista ha vuelto a abrir el debate sobre las carencias del sistema de las euroórdenes, y a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿Cuáles son los motivos?

Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y expresidente de Societat Civil Catalana (SCC), es vicepresidente segundo de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano (IC), desde la que han enviado cartas en los últimos días al ministro de Justicia español, a la comisaria de Justicia de la Comisión Europea y a los grupos de la Eurocámara para denunciar lo que consideran una decisión arbitraria, contraria al principio de cooperación, y una quiebra del espacio comunitario de Libertad, Seguridad y Justicia. En esta entrevista con Crónica Global nos habla sobre esta y otras cuestiones de la situación política en Cataluña.

- ¿Cuáles son los motivos de que países socios en Europa pongan trabas a la extradición de Puig y otros dirigentes como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers fugados? ¿Por qué ocurre este problema?

Lo primero que hay que hacer es reconocer que existe este problema e intentar resolverlo. Causa estupor que no se ejecuten las órdenes europeas de detención y entrega. Porque esas órdenes, a diferencia de los mecanismos clásicos de extradición, están pensadas para que se ejecuten casi automáticamente, y que sólo de manera excepcional se puedan denegar.

Las razones formales en cada caso han sido diferentes. No fue lo mismo la no entrega de Puigdemont y Toni Comín en Bélgica que la no entrega parcial del primero en Alemania. En el caso belga, en 2018, se adujo una razón formal que no respondía a la realidad: que no se había emitido una orden de detención nacional previa a la orden europea, lo cual no es cierto, porque se había emitido un auto de procesamiento que tendría que ser considerado como una orden de detención a efectos de la regulación europea.

En Alemania, en cambio, no se planteó ningún problema por esto. Allí el problema fue otro: se concedió la entrega de Puigdemont por malversación, pero no por rebelión. La malversación entraba en la lista de 32 delitos que no requieren la doble incriminación, de acuerdo con la euroorden. En estos supuestos sólo se verifican cuestiones formales. En el caso de la rebelión no era así. Y lo que llama la atención es que lo que hizo el tribunal alemán fue modificar los hechos que había presentado el Tribunal Supremo, como si estuviera haciendo una instrucción del caso, lo cual es una aberración.

En el caso de Puig, el problema ha sido que el juez belga fiscaliza la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, lo cual es contrario no sólo a la orden europea de detención y entrega, sino a toda la lógica de la cooperación judicial en Europa, que se basa en el principio de confianza y reconocimiento mutuo. Y eso parte de que la interpretación que hace un juez de un Estado miembro, en principio tiene que ser asumida por otros jueces europeos.

- ¿Se ha deterioriado esa confianza, entonces? Al margen de las razones formales, ¿cuál es su impresión personal?

Si vamos a cuestiones sustanciales, y esto ya es especular, la sensación que me da es que en el resto de Europa hay jueces, políticos, autoridades y opinión pública que tienen una imagen totalmente distorsionada de la naturaleza del conflicto que se produjo en Cataluña en 2017 y que asumen el relato nacionalista. Ahora bien, en el caso de los juristas, uno puede tener la opinión personal que le parezca y luego aplicar la ley y la norma. Lo grave es que se hayan olvidado los principios básicos de la cooperación judicial en Europa. Si esto es así --e insisto, es especular--, me imagino que es porque son proclives a creer ese relato y, a partir de ahí, a forzar hasta límites inasumibles el tenor de las normas hasta llevarlos a un resultado que es el que quieren conseguir: que no se produzca la entrega.

- ¿Los conflictos nacionales de Bélgica pueden tener incidencia en este asunto?

Completamente. He hablado con personas en Bélgica e, inevitablemente, hay un efecto espejo: hay quien ve el conflicto que tenemos en Cataluña desde su propia óptica. En esta visión hipersimplificada del tema, un nacionalista neerlandés probablemente se identifique con un nacionalista catalán y piense que la posición del Estado español se identifica con la de los valones.

- ¿Qué se puede hacer para que las euroórdenes se cumplan?

Varias cosas. En España, tanto el Gobierno del PP como el del PSOE desde 2018 se han quedado con el “respetamos las decisiones judiciales”, como si habláramos de la sentencia de un tribunal en un caso penal. Y no es así. Cuando surgieron las primeras denegaciones, el Gobierno tendría que haber actuado de acuerdo con la naturaleza de la euroorden. El ministro de Justicia, decir: “Estamos preocupados porque no se están cumpliendo, porque la lógica de la euroorden es que se ejecute. Y voy a entrevistarme con el comisario de Justicia de la UE para analizar este problema, para pedir que la Comisión Europea haga un análisis de obligado cumplimiento de las euroórdenes, queremos tener un informe de cuántas euroórdenes se cumplen, se ejecutan, cuántas no, y por qué razones”. Y, a partir de ahí, pedir una revisión del instrumento. Porque lo que no puede ser es que los criterios para aplicar las euroórdenes varíen de país en país. Esto es lo que tenía que haber hecho el Gobierno español hace ya dos años.

Y lo que tenía que haber hecho la Unión Europea, si se lo hubiera pedido el Gobierno español, o los grupos políticos en el Parlamento europeo, sería instar a la Comisión a hacer lo mismo. A eso responden las cartas que enviamos a varios eurodiputados españoles. Y si hay que introducir reformas, introducirlas. Si entendemos que hay que reducir el ámbito de aplicación de la euroorden a determinados delitos, porque no está la integración europea como para que la euroorden se aplique a algunos como el de rebelión, el de sedición, o el que sea, pues no habrá más remedio que asumirlo, y excluirlo de la aplicación de la euroorden.

Lo que no puede ser es que tengamos un instrumento que en teoría debería haber provocado que el señor Puigdemont y el resto estuvieran ya en España hace dos años y no sea así. No puede ser que España esté ejecutando las euroórdenes con toda lealtad, todas las que se le piden, aplicando rigurosamente el instrumento, y otros países no hagan lo mismo. Es inasumible.

- ¿Existe alguna otra fórmula?

También hay la vía del Tribunal de Luxemburgo, enviar una cuestión prejudicial, para que interprete cómo hay que aplicar las euroórdenes en este caso. Era cuestión del Tribunal Supremo haber planteado o no esa cuestión prejudicial.

Lo que puede hacer el Gobierno español es advertir que, en caso de que las euroórdenes no sean atendidas, va a estudiar la posibilidad de enviar al Tribunal de Luxemburgo a los Estados que no cumplen las euroórdenes, y que éste determine si hay o no un incumplimiento del Derecho de la UE. Pero aún no se ha entrado en la primera fase, que es decir: aquí tenemos un problema.

- En esencia, el origen de este conflicto se encuentra en uno de los hechos que Impulso Ciudadano (IC) denunció el pasado mes de junio en su informe a la Comisión Europea sobre los incumplimientos del Estado de Derecho en Cataluña: los actos o anuncios de desobediencia por parte de dirigentes de la Generalitat y de otras administraciones catalanas en manos de los independentistas. ¿Qué se puede hacer frente a esto?

Lo primero, como siempre, es reconocer que existe el problema, y que esté en la agenda pública. Pero mientras se prefiera mirar para otro lado, y negarlo, no lo solucionaremos.

Por eso, lo primero que hay que decir, por parte de todos, es que va contra los principios democráticos básicos y los derechos fundamentales que una autoridad diga que va a actuar en contra de la ley. Sólo el hecho de que alguien que tiene poder público haga esa declaración ya es una quiebra de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Mucho más cuando desobedecen. Esto es algo que tendríamos que denunciar todos. Y yo acuso a los partidos políticos que no lo hacen.

Y la última vía es acudir a los tribunales. Desde Impulso Ciudadano lo hemos hecho con un cierto éxito. Por ejemplo, cuando se ordenó la retirada de la pancarta partidista que lucía en el balcón de la Generalitat fuera de período electoral. Ahora hay un juicio abierto contra su presidente, Quim Torra, por desobediencia.

- También apuntan en su informe a la falta de neutralidad de determinados poderes públicos en Cataluña, incluso el uso partidista de la policía...

Es un problema muy serio. El uso partidista de una fuerza que, no olvidemos, va armada, debería despertar todas las alertas. Y nosotros documentamos que esto es así. Hemos documentado que mientras se localizaba a personas que ponían banderas españolas en el mobiliario urbano para multarlos, no se hacía lo mismo con quienes colocaban lazos amarillos de apoyo a los líderes del procés. Y al revés: se pretendía intimidar a quienes quitaban esos lazos.

Esto es un uso partidista de la fuerza pública inasumible, gravísima. O la tolerancia con determinadas manifestaciones, como los cortes diarios de la avenida Meridiana de Barcelona durante meses, que van más allá del derecho de manifestación, y más comparada con la intolerancia hacia otros colectivos que pretenden hacer lo mismo por motivos no nacionalistas, como por ejemplo cuando los trabajadores de Nissan intentaron cortar la Meridiana. En ese caso, los Mossos d’Esquadra no lo permitieron.

Esto debería ser objeto de denuncia por parte de todas las fuerzas políticas, y también del Gobierno de España, que tiene una responsabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de los españoles en todo el territorio español.

- Otra de las cuestiones que exponen es el amparo de determinadas protestas de carácter violento por parte del independentismo, y el acoso a los discrepantes...

Es algo que va unido. En Cataluña sufrimos un método que está estudiado desde el periodo de entreguerras y probablemente antes: que por parte del poder público se tolera que determinados grupos utilicen la violencia, de alta o baja intensidad, como se quiera, contra los opositores políticos. De tal manera que no es la policía directamente la que reprime al que discrepa, pero permite que los violentos repriman al que lo hace.

Yo eso lo he vivido en primera persona, hace unos meses en la UAB, cuando delante de una unidad de Mossos d’Esquadra se boicoteó y se tiraron objetos a una carpa de los jóvenes de S’Ha Acabat, y ni intervinieron ni hicieron detenciones. Ocurrió el pasado diciembre. Pero hay muchos más ejemplos, de esto podríamos hacer un tratado. Y ya no digo nada de cuando el presidente de la Generalitat le dice ‘apretad, apretad’ a los CDR...

- Otra de las carencias democráticas que denuncian es la falta de neutralidad y pluralidad de los medios de comunicación públicos de la Generalitat, y varios de los privados subvencionados. ¿Es ese uno de los puntos de apoyo del proyecto independentista?

Completamente. Es algo que ya salía en el famoso Programa 2000 de Jordi Pujol, en el que se hablaba del control de los medios de comunicación, hacer que las personas que salen en ellos tengan una determinada ideología, que haya una editorialización por parte de los medios (lo cual es contrario al libro de estilo de la corporación), siempre en favor de las tesis nacionalistas… es un elemento clave.

Al principio quizá querían utilizarlo como una herramienta para extender el mensaje nacionalista a toda la sociedad, pero se han pasado tanto de frenada que ahora sólo sirve para cohesionar a los convencidos. Yo creo que quienes no son nacionalistas poco se asoman a TV3.

Sin embargo, mantener unidos a los propios también les resulta necesario. Por tanto, sigue siendo una herramienta útil para el nacionalismo, aunque no en el sentido que tenía hace 10 o 15 años.

- También denuncian uso partidista y adoctrinamiento en escuelas, y el incumplimiento de impartir el 25% de horas de clase en castellano.

La exconsellera de Educación, Clara Ponsatí, ya dijo en 2017 que con la escuela catalana no necesitaban crear una estructura de Estado, porque ya lo era. También se puso en el centro del debate político llevando las urnas del 1-O a los centros educativos, e implicando a los escolares en las protestas de los días 2 y 3 de octubre, en contra de la actuación de la policía que seguía órdenes judiciales. Eso supone una instrumentalización de la escuela clarísima. Muchas familias recibimos en ese momento comunicados partidistas de escuelas e institutos quejándose de la “represión”, en sus palabras, ejercida por la Policía española. Eso, en el entorno concreto del 1 de octubre de 2017.

Luego, el propio sistema de inmersión lingüística es en sí mismo un instrumento nacionalista. Y que se excluya el castellano como lengua vehicular en contra de la obligación constitucional de que sea lengua de aprendizaje en las escuelas obedece a propósitos nacionalistas.

En cuanto al 25% de horas en castellano, no lo dice la ley, lo dicen sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional ha sido claro: dice que las comunidades con varias lenguas oficiales pueden establecer o líneas en castellano y en la lengua de la comunidad, o una única línea en la cual el español no puede tener la consideración de una lengua extranjera. Y luego han sido los tribunales ordinarios, el TSJC y el Tribunal Supremo, los que han determinado el mínimo del 25% de clases en este idioma. Sería muy útil que ese porcentaje pasara a la normativa estatal, que ahora se está debatiendo en las Cortes españolas. El proyecto del actual Gobierno no incluye ningún porcentaje mínimo de castellano, lo cual es lamentable. Sería bueno que esto se corrigiera en la tramitación parlamentaria.

- Otro de los déficits que señalan es la figura del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), que según ustedes se posiciona siempre del lado del nacionalismo...

Hemos conseguido que el Defensor del Pueblo español asuma quejas en Cataluña. Hace años, las remitía al Síndic, que tiene una posición de parte. En 2016, por ejemplo, éste instó al Ayuntamiento de Lleida a dirigirse "normalmente" en catalán a los ciudadanos después de que grupos municipales se quejaran de que las notificaciones del consistorio fueran en catalán y en castellano. ¿Cómo puede el Síndic hacer eso, cuando las comunicaciones están en dos idiomas?