Isabel Fernández: "Da tristeza ver a las universidades catalanas arrodilladas ante el poder"

Isabel Fernández Alonso es profesora titular de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y una de los cientos de docentes que esta semana firmaron una carta, enviada a la rectora Margarita Arboix, para denunciar y pedir medidas para evitar casos como el recién conocido de presunto adoctrinamiento y “acoso ideológico” por parte de un profesor independentista de Derecho Internacional Público a un alumno constitucionalista de la asociación estudiantil S’Ha Acabat.

Como profesora de esta universidad desde hace una década, y miembro de las asociaciones constitucionalistas Foro de Profesores, Universitaris per la Convivència --impulsoras de la carta-- e Impulso Ciudadano, Fernández Alonso ha visto desde primera línea los efectos del procés en la misma y lleva años denunciando la instrumentalización por parte del nacionalismo de los centros de enseñanza superior en Cataluña. En esta entrevista a Crónica Global nos lo explica.

- ¿Este tipo de situaciones, contrarias a la libertad ideológica y el derecho a la educación de los estudiantes, como denuncian en la carta, son casos aislados, o le consta que se hayan producido otros similares en los últimos años en Cataluña?

Lamentablemente no es un caso aislado. El solo hecho de impartir clase con un lazo amarillo en la solapa implica una evidente presión para muchos estudiantes. También para los independentistas. Algunos de ellos, sabedores de mi posición sobre este tema, me han reconocido que no lo ven bien, como tampoco comparten que se utilicen las aulas para lanzar soflamas políticas por más que simpaticen con su contenido. El problema es que los alumnos están en una posición de inferioridad y temen las represalias que se puedan derivar de una denuncia.

- ¿Y esto ocurre más en unas universidades que en otras? En la Universidad de Barcelona (UB), por ejemplo, hace un par de años un grupo de radicales llegaron a boicotear un acto sobre Miguel de Cervantes organizado por Societat Civil Catalana (SCC)…

La instrumentalización nacionalista de las universidades es algo general. Me vienen a la cabeza la Plaza del 1 de Octubre en el Edificio Jaume I de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) [dedicada a la fecha del referéndum ilegal de secesión de 2017], la gran bandera estelada del claustro del rectorado de la Universidad de Lleida (UdL) o el lazo amarillo que preside la home de la web de la Universidad de Girona (UdG). Si esto se advierte a simple vista es inevitable preguntarse qué ocurrirá en el interior de las aulas.

Una evidencia nítida de que es un problema general fue la aprobación por todos los claustros de las universidades públicas catalanas de un manifiesto obsceno, el otoño pasado, a raíz de la sentencia del procés. Era un manifiesto que ponía en cuestión nuestro sistema democrático y que luego fue entregado a Quim Torra y a Roger Torrent (supongo que por las batallitas entre los socios de gobierno) en sendos actos públicos. En aquella ocasión, desde Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores enviamos una carta a los rectores, suscrita por más de 1.000 docentes, reclamando respeto a la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria. Cabe subrayar que los claustrales no son elegidos por sus ideas políticas, por lo que carecen de legitimidad para posicionarse políticamente en nombre de todos. Produce una enorme tristeza ver a nuestras universidades arrodilladas ante el poder, cuando deberían ser foros de debate en los que fluyera una pluralidad de ideas.

- ¿Ha tomado partido la universidad catalana a favor del procés?

Descaradamente. Antes hablaba de los manifiestos que siguieron a la sentencia del Supremo [a los líderes del procés], pero otro caso sangrante fue, por ejemplo, la “aturada de país” (“paro de país”) del 3 de octubre de 2017. Recuerdo que recibí un mail de mi rectora en el que se me decía que la UAB suspendía las clases. Los del “derecho a decidir” decidiendo por todos… Otro hecho vergonzoso fueron las modificaciones de los sistemas de evaluación el pasado otoño ante las presiones de los estudiantes separatistas.

Todo ello va en la línea de las previsiones del celebérrimo Programa 2000 de Jordi Pujol, que preveía literalmente “potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores” de las entonces tres universidades catalanas, así como impulsar asociaciones de estudiantes nacionalistas.

- ¿Está la universidad catalana instrumentalizada por los actuales mandatarios de la Generalitat o el independentismo y sus asociaciones?

Obviamente hay profesores, también en órganos de gobierno, que no son nacionalistas o que siéndolo no comparten las evidentes presiones del Govern pero, dada la tremenda espiral de silencio que reina en nuestra esfera pública (que se traduce en un claro temor al aislamiento por discrepar) y la asfixia económica de los campus, les cuesta mucho alzar la voz.

No obstante, quiero subrayar la importancia de que exista un colectivo como Universitaris per la Convivència, que aglutina a unos 200 docentes e investigadores de todas las universidades catalanas y que, por citar una de sus iniciativas más recientes, el pasado 3 de marzo presentó al Secretario de Universidades de la Generalitat una propuesta de reforma legal para poner fin a la instrumentalización política de los campus.

- ¿Existe el adoctrinamiento en Cataluña?

Rotundamente, sí. A quien lo dude le recomiendo vivamente la lectura de las más de 300 páginas plagadas de evidencias que se recogen en el informe Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, un documento elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) y la Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana (SCC), en la que yo trabajaba entonces. Nadie lo ha replicado. El independentismo se pasó de frenada y no valoró las reacciones que generaría colocar a los menores en el foco del referendo ilegal.

- ¿A qué se refiere?

Convirtieron los colegios en centros de votación. Muchos padres (también maestros y profesores) denunciaron las arengas políticas en las aulas y en los patios tras el 1 de octubre. Éstas se pueden observar en las propias redes sociales de los centros, en muchas ocasiones instrumentalizadas por los docentes más activistas.

Recuerdo con estupor que más de 600 directores, firmando como tales y no a título individual, dirigieron una carta a la Comisión Europea en la que le solicitaban que condenase las cargas policiales. Son los mismos que el 27 de septiembre [cuatro días antes del referéndum ilegal] habían hecho una entrega simbólica de las llaves de los centros a Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat al grito de “abriremos”. Como reconocía la exconsellera de Educación Clara Ponsatí por aquellas fechas, “en Enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado; las tenemos listas”.

- La asociación estudiantil constitucionalista S’ha Acabat llegó a ser expulsada del directorio de colectivos de la UAB. El TSJC condenó incluso a la universidad por vulnerar sus derechos. ¿Todavía es así? ¿Se les sigue discriminando?

Con la pandemia hace tiempo que no organizan un acto en el campus de la UAB en Bellaterra. Esa será la prueba de fuego. Cuando puedan hacerlo de nuevo veremos qué ocurre. Entretanto, confío en que Àlex Serra reciba el amparo que solicita en su queja más que fundamentada contra su profesor de Derecho Internacional Público. Lo que sí puedo decir es que S’ha Acabat es una maravillosa disfunción del Programa 2000. Hasta hace muy poco era inimaginable encontrar en los campus de nuestras universidades a estudiantes tan desacomplejadamente defensores de nuestro modelo de convivencia. Tienen toda mi admiración.

– Al hilo de la pregunta anterior: S’ha Acabat ha sufrido el asedio de colectivos independentistas, e incluso denunciado agresiones de éstos, en algunos de sus actos. ¿Existe cierta pasividad por parte de las universidades u otras instituciones catalanas para frenar este tipo de actitudes violentas?

Absolutamente. En Cataluña existe una muy preocupante violencia política de diferente intensidad que no solo no es frenada sino que muchas veces es alentada desde el poder. Impulso Ciudadano elabora, junto con el Movimiento contra la Intolerancia, informes semestrales sobre esta cuestión. El último publicado, el correspondiente al segundo semestre de 2019, recoge 977 casos, el 96,22% provocados por personas o grupos relacionados con el independentismo. Resulta muy interesante cotejar estos trabajos con los de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat que califica, por ejemplo, toda la violencia que siguió a la sentencia del procés (lanzamiento de adoquines a la cabeza de los policías, quema de contenedores, ocupación del aeropuerto…) como simples “incidentes vinculados al ejercicio del derecho de manifestación y de protesta”. Es delirante. Se crean organismos públicos para justificar comportamientos profundamente antidemocráticos.

En el caso de las universidades no se permite el acceso de la Policía sin autorización de los rectores, lo que convierte a los campus en una especie de espacios de impunidad. Es algo incomprensible. También es frecuente escuchar a algunas autoridades universitarias y/o profesores no implicados en cargos de gestión hablar de mediación cuando estudiantes constitucionalistas son increpados y hasta agredidos físicamente por grupos de separatistas muy violentos. ¿Dónde se ha visto que haya que mediar entre agresores y agredidos? Me produjo una especial tristeza, como profesora y como demócrata, ver incluso a “estudiantes” recogiendo firmas, en mesas colocadas en distintas facultades, para expulsar a los entonces Joves de SCC de nuestro campus. Nadie se lo impidió. Una vergüenza. Conservo las fotos.

- Impulso Ciudadano presentó recientemente un informe a la Comisión Europea (CE) sobre las vulneraciones del Estado de Derecho en Cataluña, en el que se denuncian, entre otras, la falta de neutralidad de los poderes públicos, como demuestra la profusión de símbolos partidistas en instituciones. Antes se refería a esto en el caso de la universidad...

Es algo realmente asfixiante. La simbología nacionalista invade edificios y espacios públicos, incluidos centros educativos de todos los niveles. Es una forma de marcar territorio, de dar a entender que los constitucionalistas no tenemos cabida. Esta estrategia hace que el discrepante tenga la impresión de estar mucho más aislado de lo que realmente está. Pienso que los separatistas no midieron (y seguramente siguen sin hacerlo) el rechazo que esta presión genera en mucha gente, aunque la inmensa mayoría no se atreva a manifestarlo. Fue patente en las grandes movilizaciones constitucionalistas de octubre de 2017. Recuerdo que muchos de los asistentes me reconocían que allí se sentían protegidos. Es crucial que insistamos en que todos somos Cataluña y en que la verdadera solución política pasa por un entendimiento entre catalanes.

– Tras décadas de funcionamiento, ¿puede considerarse la inmersión lingüística un sistema acertado?

La inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes, que es como se debe llamar, es una aberración. Lo razonable es contar con una escuela bilingüe en una sociedad bilingüe. No veo otra forma de articular una convivencia respetuosa con la diversidad lingüística existente en nuestra sociedad. Los derechos no son de las lenguas. Son de las personas.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que hace un trabajo encomiable en defensa de los padres que sufren todo tipo de presiones por reclamar que sus hijos puedan estudiar también en español, ha realizado un magnífico informe sobre los proyectos lingüísticos de 2.214 centros públicos catalanes en el que demuestra que ninguno de ellos cumple con el mínimo del 25% de horas en español impartidas en asignaturas troncales y con el material didáctico en esta lengua. En otras palabras, que ninguno cumple la ley, tal como ha sido interpretada por los tribunales, de manera reiterada.

- Otro de los de los hechos apuntados en el informe sobre Cataluña dirigido a la Comisión Europea son los actos o anuncios de desobediencia por parte de dirigentes independentistas o administraciones a su mando. ¿Son democráticas esas actitudes? ¿Puede un alto mandatario público menospreciar las leyes por considerarlas “injustas”?

Obviamente, no. Los poderes públicos, al igual que los ciudadanos, están sometidos al imperio de la ley. Así de sencillo. Si no aceptamos este principio reventamos la convivencia democrática y damos paso a la ley de la selva. Las normas se pueden discutir. Eso es un ejercicio sano. Y, por supuesto, se pueden reformar. Pero todo esto respetando los procedimientos de los que nos hemos dotado para hacerlo. Es de primero de sentido común. Hablar de desobediencia civil ejercida desde el poder me parece una falta de respeto a quienes realmente la ejercieron y ejercen asumiendo tremendas consecuencias desde posiciones muy frágiles. Si a esto añades que los que desobedecen trataron de derogar el orden constitucional tras haber obtenido el 47% de los sufragios, apaga y vámonos.

– El informe de IC también denuncia la falta de pluralidad y neutralidad de los medios de comunicación públicos catalanes y en buena parte de los subvencionados por la Generalitat. Como profesora de Comunicación, ¿qué le parece el papel que están desempeñando esos medios en Cataluña?

Si volvemos al Programa 2000 vemos que incidía en la necesidad de “introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en todos los lugares clave de los medios de comunicación”. Solo así se puede entender, por ejemplo, el editorial conjunto de 2009 “La dignitat de Catalunya”, o que los medios públicos autonómicos hablen sin rubor, ¡en su relato informativo!, de “presos políticos” y “exiliados” para referirse a quienes están en prisión o fugados por haber cometido delitos muy graves. Sencillamente, no doy crédito con la instrumentalización de nuestros medios públicos por parte del nacionalismo, y es algo sobre lo que he escrito con detalle en varios artículos.