El juicio por desobediencia a la Mesa del Parlament queda visto para sentencia

El juicio a la Mesa del Parlament ha quedado visto para sentencia. Tras tres jornadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los cinco exmiembros del órgano de la Cámara Catalana acusados de un delito de desobediencia han realizado sus alegatos finales, al igual que la fiscalía y las acusaciones particulares, ante la Sala presidida por Jesús María Barrientos

Este juicio, pospuesto en el tiempo en varias ocasiones, supone la última gran cita de los políticos independentistas con la justicia española. En 2017, la fiscalía presentó una querella contra Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada Mireia Boya (CUP), por su papel en la tramitación de las leyes de desconexión y resoluciones del procés que fueron impugnadas reiteradamente por el Tribunal Constitucional.

Las defensas piden la absolución

Todos los encausados han acusado al ministerio público de orquestar un "juicio político" contra los representantes públicos elegidos por la ciudadanía de Cataluña. La abogada de los exdiputados de JxSí, Judit Gené, ha defendido que no tramitaron las iniciativas parlamentarias para desobedecer al TC, sino en "en defensa del Parlament y de la legitimidad de los diputados, los grupos parlamentarios y de las personas que votaron la composición de este órgano legislativo".

El abogado de Simó, Raimon Tomàs, ha recurriro a la misma baza para defender a la diputada republicana: "el derecho de participación política estaría vacío de contenido si los representantes de la ciudadanía no pueden determinar el contenido de las iniciativas que presentan". También la cupaire Mireia Boya, pese a su estrategia disruptora de defensa, ha sostenido que ha sido acusada "por ser diputada, ejercer como tal e intentar llevar a cabo su programa electoral".

Fiscalía: "No es un juicio político"

La fiscalía ha negado en todo momento que este proceso responda a una voluntad de negar los derechos políticos de los diputados. "No se juzga al independentismo", ha afirmado de forma contundente Pedro Ariche, representante del ministerio público en el juicio. El teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya pide 20 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros para todos los inculpados en su escrito final de acusación.

El fiscal ha replicado a las defensas que no se trata de "un juicio político, no se están juzgando ni ideas ni ideologías". Además, se ha opuesto a la petición de los letrados de invocar la inviolabilidad parlamentaria, al considerar que sus actos no están incluidos en esa condición de los diputados.

La reculada de Vox

La acusación popular, que ejerce Vox, retiró al inicio del juicio el delito de organización criminal, castigado con una condena de hasta 12 años de cárcel. Al dar marcha atrás, la formación derechista exoneró a los acusados de la posibilidad de ser condenados con una pena de privación de libertad.

No obstante, el portavoz de Vox, Jorge Cremades, se ha alineado con las tesis de la fiscalía al asegurar que los acusados "eran plenamente conscientes" de que contravenían la Constitución.