El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido este jueves que el desfalco del Palau de la Música, que implicó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), es una de las razones que le llevó a renunciar "a todo" en el ámbito político y a entender que su trayectoria había acabado, obviando con estas palabras que no logró cumplir su deseo de acceder a la presidencia de la Generalitat en 2017 por el rechazo a su investidura en el Parlament,.
"He hecho todos los actos de reconocimiento y reparación que se pueden hacer. A lo mejor no les satisface, pero miren los hechos. Cuando dejé la presidencia del PDECat, la última responsabilidad que me quedaba en enero de 2018, uno de los motivos por los que lo hice era el caso Palau", ha afirmado en su comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.
Según Mas, a título individual ha dejado todas las responsabilidades políticas en los últimos cuatro años, por lo que cree haber asumido cualquier responsabilidad que le pidan en este ámbito: "Políticamente he renunciado a todo", ha insistido el exdirigente, inhabilitado durante dos años por organizar el referéndum independentista ilegal del 9-N en 2014.
Se siente "ejemplar"
El expresidente de la Generalitat asegurado que intentó entender la magnitud de lo que suponía el caso Palau actuando de "una forma coherente y ejemplar, y la mejor manera para hacerlo era esta, para perjudicar lo menos posible a los que debían coger el relevo" del proyecto político.
Pese a no estar inhabilitado actualmente para ejercer cargos políticos, ha señalado que si quisiera podría volver a primera línea, pero no es su "intención" porque cuando decidió dejar todos sus cargos lo hizo con una visión a largo plazo y no coyuntural, ha puntualizado.
150.000 euros como 'expresident'
El jefe de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa (Cs), ha pedido a Mas que renuncie a su "responsabilidad honorífica" y al "sueldo" de 150.000 euros anuales que percibe como expresidente de la Generalitat, aunque Mas, en su turno de réplica, ha dicho que no percibe ningún sueldo.
Tras añadir que no puede dejar de ser expresidente, Mas ha dicho que cuando accedió a la secretaría general de CDC ya estaban separadas las funciones económicas de las políticas, y que "a lo mejor fue un error" suyo no asumir ambas responsabilidades.
También ha reconocido que un partido como CDC, sobre el que recaían "sospechas de irregularidades", era necesario reconvertirlo, y esto llevó a su desaparición política --actualmente se llama PDECat, y está integrado en JxCat--, lo que ha tenido costes y seguramente aún los tiene, ha apuntado.
6,6 millones de euros en comisiones ilegales
Sobre el extesorero de CDC Daniel Osàcar, administrador único del partido entre 2005 y 2010, ha recordado que ha sido condenado a 3 años y 6 meses como autor de un delito de blanqueo de capitales, pero que se le absolvió del de tráfico de influencias.
Según Mas, si Osàcar ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el fallo, es porque la defensa está convencida de que "si no había tráfico de influencias no había un origen ilícito de dinero, por lo que no se le puede condenar por blanqueo de capitales".
Sobre CDC, ha asegurado que el partido "no cometió un delito como tal pero sí recibió recursos ilícitos que no debería haber recibido", y por ello se le condena a devolver 6,6 millones de euros en comisiones ilegales cobradas a través del Palau, pese a que también lo ha llevado al TC.
Pide que acusen a la Casa Real
"Ante la condena, los bienes para devolver el dinero ya se han puesto a disposición de la justicia, y ahora debe decidir cómo lo ejecuta", ha precisado el expresidente catalán, que también ha reivindicado que el Palau de la Música, como institución, no fue perjudicada económicamente por CDC ni por Osàcar y sí por su expresidente Fèlix Millet y su número dos, Jordi Montull, a los que ha definido como grandes delincuentes.
En base al fallo, el expresidente de la Generalitat también ha recalcado que CDC y Osàcar no cometieron un perjuicio sobre la hacienda pública y "que, a diferencia de lo que se dijo, no hubo sobrecostes ni sobreprecios en las adjudicaciones de obras públicas", y ha exigido investigar cómo se adjudica.
También ha pedido a la oposición que tengan con la Casa Real, "como mínimo, la mitad de la exigencia" que han tenido contra él, en referencia a la figura del Rey Emérito, y por ello les ha reclamado que no pasen de puntillas en el Congreso y el Senado y abran una investigación.