Denuncian a la Generalitat ante el Supremo por la gestión de las residencias

La Asociación El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno, que tuvo el "mando único", y las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y Castilla y León por las supuestas órdenes dadas para que los ancianos no tuvieran atención hospitalaria durante la pandemia de coronavirus.

La denuncia alega el presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia y presunto delito de omisión del deber de socorro.

De Sánchez e Iglesias a Torra y Vergés

Y también se dirige contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Asimismo, la denuncia implica al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y a su consejera de Sanidad, Alba Verges; así como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur de Víu.

Entre los incluidos en la demanda figuran también el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández, y sus consejeras de Sanidad y Familia, Verónica Casado e Isabel Blanco, respectivamente.

Mayores no trasladados a hospitales

Todos estos dirigentes son denunciados en relación a las presuntas órdenes por las que se privó de determinados servicios públicos, como la asistencia médica hospitalaria, a personas que se encontraban en residencias de mayores durante la alerta sanitaria, destaca la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, en su denuncia.

En esas órdenes se establecía, según la denuncia ante el TS, una prioridad de pacientes que podían acceder a servicios hospitalarios, estableciendo, incluso, la prohibición de que se trasladara a los mayores residentes a centros hospitalarios.

Igualmente, denuncia que se establecieron prioridades en relación a la preexistencia de patologías o discapacidades, para beneficiarse, por ejemplo, de un ingreso en UCI o acceder a un respirador.