Los médicos desacreditan a Vergés y al Govern de Torra por los casos de Lleida

Una cuestión del Gobierno de España, una dejación de las responsabilidades del Ministerio de Exteriores, al no controlar a los temporeros ilegales. Esa es la tesis del Govern de Quim Torra, ante los brotes que se han producido en Lleida, y que han llevado a una nueva reclusión en la comarca del Segrià. Los médicos, sin embargo, discuten ese punto de partida, y reprochan la falta de previsión de la consejera de Salut, Alba Vergés. El más contundente ha sido Miquel Porta, catedrático de Salud Pública del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y de la UAB, que señala que todo lo sucedido “era perfectamente previsible”.

Sucede cada año. Los temporeros responden a la llamada para trabajar en la recogida de la fruta y los empresarios buscan mano de obra. Durante las últimas semanas, a juicio de Porta, “no se ha hecho nada para detectar los casos positivos. No he escuchado que se contratara a nadie para seguir los casos, los famosos rastreadores, que es una cuestión básica de la epideomología. Y claro que puede haber trabajadores ilegales, pero, ¿qué es más barato?”, se pregunta Porta, en alusión al pago de un posible “jornal” para que los temporeros afectados aceptaran una reclusión para no contagiar a otros trabajadores o personal de la comarca. Sus reflexiones las hace extensibles a buena parte del colectivo médico que no entiende qué ha estado haciendo el Gobierno catalán en estas semanas. 

¿Y los 'rastreadores'?

Esa es la cuestión que el Govern de Torra no acaba de dilucidar. Miquel Porta, muy crítico desde el inicio de la pandemia con la actitud del Gobierno de la Generalitat, ha asegurado, en Catalunya Ràdio, que “en un momento de actividad económica previsible no se tomaron las medidas que todo el mundo sabía que se tenían que tomar”, y eso debía pasar por personal que rastreara los diferentes casos.

El Govern, a través de la consejera de Salut, Alba Vergés, ha dejado esa cuestión en los servicios de Atención Primaria, pero esa no es su responsabilidad, a juicio de Porta. “Ya hacen un trabajo ingente, pero ese no es su cometido, no lo pueden atender, es trabajo de rastreadores, y no he visto que se haya contratado personal para ello”.

La imagen de Cataluña

Lo que está en juego es mucho más que nuevas reclusiones en otras comarcas. Porta asegura que escucha en la BBC noticas sobre nuevos rebrotes en “Cataluña”, y no en la comarca de Segrià. Es decir, “se pone en peligro, de nuevo, todo lo que se ha conseguido y el reinicio de la actividad económica en toda Cataluña”.

Los médicos están ahora en otra fase de agitación tras el llamamiento de Vergés a todos los estudiantes de medicina y a personal médico de otras comarcas para que acudan a reforzar los centros sanitarios de Lleida, el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. “¿Tenemos que volver a esa situación, otra vez, a una nueva movilización tras todo lo que ha pasado?”, se pregunta Miquel Porta.

En las redes sociales las críticas a la gestión del Govern se han concretado en un reproche directo a la consejera Alba Vergés. Una exconsejera socialista, Caterina Mieras, licenciada en Medicina, especializada en dermatología, ha pedido al presidente Torra, directamente, que la sustituya, porque, a su juicio, no es capaz de controlar la nueva situación.

Con el apoyo de Rahola

El presidente Torra, partidario de la reclusión social desde el primer momento de la pandemia, con lo que se enfrentó al Gobierno de Pedro Sánchez, optó el pasado fin de semana por la reclusión de la comarca del Segrià. En cambio, las dudas fueron mayores por parte de la consejera Vergés y del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. Los reproches para que se actuara antes también llegaron por parte del Ejecutivo español, a través del Ministerio de Salut y del científico Pedro Simón.

La respuesta del Govern, en cambio, ha sido la de atacar al Gobierno central, por la cuestión de los temporeros ilegales, con apoyo en los medios a través de figuras como Pilar Rahola, que, desde TV3, repite la consigna y responsabiliza a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, de no pedir ayuda ni de comunicar las quejas del Ejecutivo catalán al Ministerio de Exteriores.