Lleida es la provincia española con mayor fuga de médicos

Es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que los médicos han denunciado en repetidas ocasiones. Lleida se ha convertido en la provincia española donde hay más fugas de médicos. Un fenómeno, el de la movilidad, que ahora pasa factura a esta zona confinada a consecuencia del rebrote del coronavirus, y en la cual no se han revertido los recortes en las inversiones destinadas por la Generalitat: en algunas comarcas, incluso, los ajustes superaron el 80%.

La Consejería de Salud pidió ayer que sanitarios y trabajadores sociales voluntarios de Cataluña acudan a Lleida para ayudar ante el aumento de casos de coronavirus que se espera en las próximas semanas en la comarca leridana del Segrià. Es el mismo departamento que, hace dos años, asumía con resignación --esto es, sin desplegar medidas de choque-- el hecho de que “las condiciones laborales en otros territorios del Estado y en otros países de nuestro entorno afectan a la planificación de los profesionales y su retención”.

De esta forma, la secretaria general de Salud, Laura Pelay, salía al paso del informe publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), acerca de la fuga de médicos catalanes. Esta misma entidad había publicado un Estudio sobre Demografía Médica, según el cual, Madrid, Cataluña y Asturias eran las comunidades con mayor porcentaje de médicos que se marchaban a otras comunidades para ejercer su profesión. En el caso catalán, el 17,6% de los médicos --un total de 2.809-- emigraban a Baleares y el 15,8%, a la Comunidad Valenciana.

Lleida, según ese informe, era la provincia con un saldo negativo de movilidad más alto, pues en 2017 constaba que 233 médicos --un 11,5% del total-- abandonaron la demarcación de Lleida para irse, principalmente, a Aragón, otras provincias catalanas y al extranjero.

El Govern culpa a los proveedores

Según el diputado y primer secretario de la federación de Lleida, Pirineu y Aran del PSC, Òscar Ordeig, en la vecina comunidad de Aragón un médico podía llegar a cobrar 1.000 euros más, de ahí que propusiera complementos salariales o dietas. Fue Ordeig quien en 2018 presentó una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Govern sobre la fuga de médicos leridanos. De ahí la respuesta de Laura Pelay en la que reconocía ese fenómeno, así como la voluntad de abordar la cuestión en un “fórum de dialogo profesional”.

Pero, al mismo tiempo, ésta echaba balones fuera diciendo que “también hay que tener presente que, en última instancia, a los diferentes proveedores de servicios les corresponde establecer condiciones suficientemente atractivas para retener a los profesionales en el territorio y especialmente en los pueblos alejados de las capitales y en las zonas de difícil cobertura”. 

Asimismo, introducía otro factor, el del envejecimiento de la población, muy acusada en la Cataluña despoblada. La Consejería calculaba que, en los próximos seis años (a partir de 2018), se jubilarían 4.586 profesionales y se formarán (en un escenario de estabilidad en la oferta de plazas) más de 6.000. Y en los próximos 15 años, las jubilaciones previstas serían 10.520 y los especialistas formados, más de 15.500.

El diputado socialista considera que ahora “hemos comprobado el retraso y la improvisación en la toma de decisiones, tanto desde la Generalitat como desde La Paeria. Además, llevamos muchos años alertando de la falta de médicos en las zonas rurales, por lo que insistimos en la urgente necesidad de revertir los recortes en estas comarcas”. Lo que ha quedado claro es que "frente a los cien días de medidas del Gobierno de España, tenemos los 15 días de gestión de la Generalitat. Un período en que la pasividad nos ha lleva a la actual situación "

Esta situación se produce en la llamada Cataluña vaciada, pues Lleida es una de las zonas más despobladas de la comunidad, así como la más castigada en los presupuestos de la Generalitat para 2020. Ayer hubo una reunión de alcaldes del Segrià con la Generalitat en la que se constató, según ha podido saber este medio, la indignación existente en el territorio, incluso en municipios gobernados por los partidos del Govern. La falta de coordinación y de medios de la administración catalana centraron las críticas.

Inversiones en el territorio

Así, las inversiones en el territorio ascienden en las nuevas cuentas de 2020 a 998 millones de euros, frente a los 3.160 millones de hace diez años, es decir, un 68% menos. En el caso del ámbito de Ponent, la disminución alcanza el 81% --ha pasado de 299 millones a 58 millones-- y en las Terres de l’Ebre, a un 80% --de 118 millones a 23 millones--.

En el Segrià, donde se focaliza el rebrote, las inversiones pasaron de los 127 millones que la Generalitat destinaba en 2007 a los 33 millones que contemplan las cuentas de 2020, aunque esta cifra es algo superior a la de 2017 (último año en que se aprobaron los presupuestos catalanes), 17,7 millones.

El desfase actual se ha visto potenciado, todavía más, por la crisis del coronavirus.