Lleida, el nuevo foco de conflicto entre Gobierno y Generalitat

La restricción de movilidad decretada por el Govern en la comarca del Segrià, en Lleida, ha abierto un nuevo frente de recriminaciones entre la Generalitat y la Moncloa. Meritxell Budó, consejera catalana de Presidencia, ha pedido al Gobierno que muestre "menos fivolidad" respecto a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán, como respuesta a las declaraciones de Fernando Simón sobre la tardanza de la aplicación de medidas para evitar la difusión del coronavirus en la región.

La también portavoz del Govern ha comentado --con cierta ironía-- que le "sorprende que el Gobierno nos diga a nosotros [la Generalitat] que vamos tarde en esta toma de decisiones" y que incluso tildaría la situación como "cómica", si no fuera por la gravedad de la pandemia. Todo ello, a pesar de que la Generalitat utilizó la estrategia del supuesto retraso resolutivo para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el estado de alarma.

El Govern "actuó cuando debió"

Las críticas a la lentitud del Govern en aplicar el "confinamiento perimetral" en Lleida también han sido alzadas por la oposición. PSC y PP reprochan que, en menos de 24 horas, la consejera Alba Vergés --responsable útlima de la decisión como consejera de Salud-- pasó de negar la necesidad de reclusión a aplicarla, aun cuando los contagios crecían de forma rápida día a día.

Tanto Vergés como Budó han defendido que la Generalitat actuó correctamente. "Siempre hemos tomado las decisiones según criterios científicos y epidemiológicos" y "cuando debían tomarse", ha defendido la portavoz neoconvergente. Ha considerado que las medidas aplicadas en el Segrià son "contundentes", aunque deja la puerta abierta a la posibilidad de aplicar mayores restricciones en un futuro próximo.

Confinamiento domiciliario y mascarilla obligatoria

Una de estas medidas sería la del "confinamiento domiciliario", que ya ha sido nombrado por el epidemiólogo Antoni Trilla como una posibilidad. Budó ha asegurado que "a día de hoy, no está sobre la mesa" pero que todo dependerá de la evolución de los datos de contagios y la capacidad de los hospitales. "Debemos estar preparados para dar respuesta" a los brotes que se produzcan en los próximos meses, ha destacado. 

El uso obligatorio de la mascarilla cada vez que se salga a la calle es otra de las medidas que el Govern valora aplicar en toda Cataluña, independientemente de la situación epidemiológica de los municipios y regiones --en la comarca confinada de Lleida ya lo es--. Vergés lo ha anunciado por la mañana y Budó ha insistido en ello como fórmula contra la "relajación" de la ciudadanía respecto a las medidas de prevención de contagios.

Sanciones por no ir con mascarilla

"Haciendo obligatorio el uso de la mascarilla garantizaremos que se use como debe usarse", ha declarado; "será una medida mucho más efectiva" ya que su incumplimiento sería sancionable. Esta decisión será valorada y --presumiblemente-- aprobada por el comité del plan territorial de protección civil de Cataluña (Procicat) en su próxima reunión, que tendrá lugar mañana. 

Respecto al contrato de Ferrovial para el seguimiento telefónico de casos de coronavirus, la portavoz Budó ha confirmado que la firma sigue haciéndose cargo del call center a pesar de la deficiencia del servicio contratado por la Generalitat por 18 millones de euros. Y así seguirá siendo, por ahora. "El contrato estará vigente hasta que sea resuelto", ha indicado Budó, además de destacar que se está llevando a cabo un replantamiento del servicio para hacerlo "más efectivo".