Jueves, 18 de junio. Una moción parlamentaria para condenar la corrupción demuestra hasta qué punto están divididos Junts per Catalunya y ERC. Los primeros votaron en contra y los republicanos, a favor. La iniciativa, presentada por Ciudadanos (Cs) y en la que el PSC se abstuvo, se circunscribía al ámbito de la cultura. Y, obviamente, el caso de Laura Borràs --investigada por trocear contratos y favorecer supuestamente a un amigo-- estuvo muy presente.
Este ejemplo reciente da cuenta de las dificultades para avanzar en la lucha contra la corrupción y cómo las diferencias políticas impiden aprobar medidas de mayor calado. Una de ellas es la defensa de los denunciantes o alertadores. Proteger a ciudadanos y funcionarios públicos de posibles represalias es una asignatura pendiente tanto a nivel nacional --el Congreso ha tumbado esta semana una propuesta de Ciudadanos-- como catalán.
Pugnas entre partidos
El procés, una legislatura que ya se da por agotada y las pugnas entre partidos han provocado que, desde hace dos años, las leyes catalanas destinadas a proteger a los denunciantes de la corrupción sigan encalladas en ponencias parlamentarias. En junio de 2018, Ciudadanos presentó en el Parlament una serie de iniciativas legislativas destinadas a luchar contra la corrupción y blindar a los denunciantes.
En paralelo, Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP presentaron su propia ley de protección integral de los alertadores de la corrupción. Coincidiendo con la tramitación, entró en vigor una nueva norma europea, la directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE. De ahí la necesidad de transponer la directiva y crear un sistema institucional catalán de protección de las personas alertadoras.
Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña / EUROPA PRESS
Las propuestas están en fase de ponencia, donde se han tomado en consideración las recomendaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), a favor de armonizar normativas e impulsar reformas en la legislación penal, laboral, de procedimiento administrativo o procesal. Por ejemplo, en Francia, la ley de protección de los alertadores de 2016 implicó la modificación del Código de Trabajo.
Para la OAC, es fundamental poner a las personas en el eje central de esa protección, para evitar que no sufran represalias. Esta Oficina, creada para preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de Cataluña, está llamada a tener un papel protagonista en esa protección como autoridad independiente, tanto en lo que respecta a la evaluación externa del sistema, como en labores de inspección y sanción.
Pero para ello, sería necesario adaptar también la ley que regula la OAC.
Tramitación en el Parlament
En paralelo, el Congreso intenta avanzar también en este terreno, también con divisiones, y la semana pasada impidió que prosperara una propuesta de Cs. Pedro Arancón, presidente de Plataforma por la Honestidad (PxH) entidad referente en la lucha contra la corrupción, afirma en declaraciones a Crónica Global que “el proceso para la aprobación de la ley está siendo un auténtico galimatías”. Recuerda que fue precisamente esta asociación la que hace cuatro años, en abril de 2016, impulsó un borrador de proyecto de ley con la idea de aprovechar el proceso electoral de las elecciones generales del 26J.
Pedro Arancón, portavoz de Plataforma por la Honestidad, en una intervención en el Congreso / CG
Respecto a la propuesta de Cs que tumbó el Congreso, afirma que “no tiene sentido aprobar una ley que está a años luz de ser efectiva y que no sería convalidable en el ámbito de la UE”.
“Ciudadanos parece seguir actuando de forma irresponsable con el único objetivo de ser los protagonistas de este proceso poniendo a prueba la paciencia de todos los agentes intervinientes continuamente. Ahora toca responsabilidad por parte de los representantes de todos los partidos de una vez por todas, sin protagonismos”, afirma Arancón.
La activista Simona Levy, cofundadora de Xnet y 15MpaRato, que destapó el caso de las tarjetas black / EFE
Xnet, entidad cofundada por Simona Levi --fue impulsora de 15MpaRato, cuyas investigaciones sobre la gestión de Bankia sentaron a Rodrigo Rato en el banquillo por el caso de las tarjetas black--, y que se dedica a proteger los derechos digitales y la democracia en red, elaboró la primera versión de la transposición en Europa.
Fruto de ello se registró la primera Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados en esta legislatura con el apoyo de Más País, Compromís, BNG y ERC. Niegan la mayor, es decir, que la defensa de los altertadores forme parte de una proposición de Ley de medidas de lucha contra la corrupción, pues entienden que necesita de una legislación propia. Y que debe abarcar, no solo la corrupción, sino todos los ámbitos, tanto públicos como privados. “La Proposición de Ciudadanos incide sobre los delitos e infracciones cometidos en el sector público, quedando demasiado difuminado cuando puede alertarse sobre irregularidades cometidas en el sector privado”, afirman desde Xnet.