El trilerismo de Torra con el gasto sanitario alerta al Gobierno

Baile de cifras en los contagios del Covid-19. Pero también en el gasto sanitario. El gobierno de Quim Torra no aclara el coste exacto de la pandemia en el ámbito de la salud. De ahí que el Gobierno recele de la resignación de los fondos FEDER (2014-2020) concedida a la Generalitat. Desde el Ejecutivo español se teme que esas partidas vayan dirigidas a enjugar el déficit estructural de salud --1.500 millones de euros--, y no a combatir la pandemia.

De momento, el Govern ha puesto en pie de guerra a los ayuntamientos que confiaban en esas ayudas para impulsar proyectos locales, pues la Consejería de Economía asegura que esa reasignación es una “imposición” del Estado, algo que no es cierto.

El trilerismo de Torra con el gasto sanitario alerta al Gobierno / CG

La carta de Hacienda

La directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, envió una carta, a la que ha tenido acceso Crónica Global, al director de Promoción Económica, Competencia y Regulación del Departamento de Vicepresidencia de la Generalitat, Lluís Juncà, en la que se alude a las medidas de flexibilización de las partidas europeas, consecuencia, “en gran parte, a las intensas negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea y van a permitir reprogramar la ayuda asignada a las distintas prioridades, de manera que pueda cofinanciarse una parte sustancial de los gastos realizados por las Administraciones Públicas españolas para contener la pandemia”.

Gracias a esa flexibilidad “la ayuda aún no asignada a operaciones seleccionadas en los Programas Operativos Regionales, podrá reprogramarse para cofinanciar gastos en los que hayan incurrido las Comunidades Autónomas ocasionados por la presente emergencia, considerándose exclusivamente a estos efectos los gastos sanitarios ligados a la lucha contra la enfermedad (entre otros, equipamiento sanitario, material de pruebas, equipos de protección personal, instalaciones de refuerzo, personal adicional contratado, actuaciones de I+D+i, aplicaciones telemáticas para monitorización, seguimiento y análisis de datos, etc.)”.

Gastos superiores

Sin embargo, el gasto sanitario comunicado por la Generalitat son muy superiores a la ayuda FEDER, por lo que Hacienda instaba al alto cargo de Vicepresidencia a hacer una propuesta de reprogramación antes del 22 de mayo.

El conflicto viene derivado por el baile de cifras sobre ese gasto sanitario de la Generalitat, así como por la reinterpretación hecha por el director general de Promoción Económica, quien en otra carta enviada el pasado 5 de junio –cuando ya había transcurrido de sobras el plazo dado por el Gobierno para hacer una propuesta-- a diferentes departamentos de la Generalitat, así como diversos ayuntamientos, informa de que “en una reunión entre la ministra de Hacienda y los consejeros de las comunidades autónomas (4 de mayo) se comunicó que el importe FEDER no resuelto en operaciones seleccionadas es necesario destinarlo a las necesidades actuales de emergencia sanitaria”.

Lista de actuaciones comprometida

Insiste en que “el impacto de este requerimiento del Ministerio de Hacienda nos obliga a reasignar el 20% de los recursos hacia la financiación de estas actuaciones y, consecuentemente, descomprometer las líneas de convocatorias en operaciones concretas”. Una obligación, explican fuentes gubernamentales, que no es real.

“Son momentos excepcionales y somos conscientes de la afectación que esta medida implica”, explica Juncà. La lista de actuaciones afectadas por la reprogramación, según Vicepresidencia, diez convocatorias sobre proyectos relacionados con I+D, cultura y servicios municipales, así como una veintena de actuaciones no aprobadas relativos a planes sectoriales validados en el programa Operativo de inversión en crecimiento y empleo FEDER (2014-2020). Entre estas destacan planes de investigación y desarrollo, infraestructuras, puertos museos, política forestal o SmartCatalonia.

Enfado de los ayuntamientos

La carta del responsable de Promoción Económica ha puesto en pie de guerra al territorio, donde numerosos municipios confiaban en esas ayudas europeas para impulsar sus proyectos locales.

El Ejecutivo sospecha, ante la falta de concreción en el gasto sanitario que realmente ha supuesto para Cataluña la crisis del Covid-19, que la Generalitat pretende enjugar su déficit estructural en salud, unos 1.582 millones de euros. En efecto, en 2009, el Gobierno tripartito logró pagó las facturas pendientes y dedujo el déficit a cero (como se puede apreciar en el gráfico), pero a partir de esa fecha, los gastos comenzaron a aumentar hasta llegar a los 1.582 millones actuales, que nada tienen que ver con los costes derivados del Covid-19.

El baile de cifras

En este sentido, el Govern no ha informado todavía del desglose de esos gastos, en los que al igual que el reporte de contagios del coronavirus, también hay baile de cifras. El domingo 7 de junio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez 5.000 millones en transferencias directas del Estado para los gastos acreditados en inversión sanitaria. Por su parte, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, cifró en 3.000 millones el gasto sanitario sobrevenido. Sin embargo, los datos de la Consejería de Economía indican que, en el mes de abril, los gastos en salud ascendieron a 500 millones, mientras que los ingresos ascendieron a 2.000 millones. Para junio, la previsión de gasto es de 1.000 millones.

Algo no cuadra en esos datos, de ahí que la diputada de PSC-Units, Alícia Romero, haya pedido la comparecencia de Lluís Juncà, así como del secretario general de Vicepresidencia, Albert Castellanos, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, para que explique la reasignación de los Fondos FEDER a gasto sanitario. En paralelo, la diputada ha presentado una pregunta por escrito dirigida al Govern para averiguar qué actuaciones está llevando a cabo el consejero de Economía, Pere Aragonès, para decidir si se deben reprogramar o no recursos derivándolos a financiar gasto del Covid-19, y con qué criterios se valoran. Romero también quiere saber con qué consejerías articula la reprogramación el consejero Aragonès. El objetivo es determinar si todas las consejerías están de acuerdo.

Finalmente, la diputada socialista repara en el hecho de que los departamentos tuvieron noticia de la reasignación el pasado 5 de junio, cuando en realidad era el 22 de mayo el último día para comunicarlo al Estado.