La Fiscalía Provincial de Girona descarta que la plaza 1 de octubre incite al odio o sea injuriosa para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE). La delegación provincial del ministerio público ha archivado las diligencias de investigación contra el cambio de nombre de la plaza de la Constitución de la capital provincial, que adoptó el nombre del día del referéndum ilegal de secesión de 2017 en febrero de 2018.
Según un decreto de la fiscal provincial al que ha tenido acceso este medio, la letrada no aprecia delitos de odio ni de injurias a los miembros de las FCSE (510 y 504.2 del Código Penal) en la modificación del nomenclátor de Girona. La ciudad-bastión del independentismo rebautizó la plaza de la Constitución como del 1 de octubre en febrero de 2018. La placa que conmemora la consulta ilegal de secesión habla de "brutal agresión" policial a la ciudadanía.
"Cuestionable" y "desacertada", pero no delito
Aquella política pública, que firmó la propia alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont), encargada de descubrir la placa conmemorativa, no fue delito. Así lo ve al menos la Fiscalía provincial, que tilda de "desacertada" y "cuestionable desde un ente público e incluso calificable de injuriosa" la expresión que acompaña el cambio de nombre del espacio público. No obstante, no cree que consituya delito.
Sí reprocha la fiscal jefe de la delegación provincial que el equipo de la alcaldesa Madrenas que la explicación del cambio de nombre de la plaza de la Constitución sea "ajena a la neutralidad política que debería presidir el ejercicio de la función pública".
Panteón del nacionalismo catalán
Cabe recordar que la plaza 1 de octubre de Girona se ha convertido en un polémico espacio de la ciudad catalana. Además del cambio de nombre, que valió una denuncia del abogado Esteban Gómez Rovira que Fiscalía transformó en diligencias de investigación, el secesionismo señorea el lugar como si fuera suyo.
En diciembre del año pasado, los Mossos d'Esquadra desaconsejaron a Sociedad Civil Catalana (SCC) celebrar un acto de homenaje a la Constitución en este trozo de espacio público. Finalmente el evento se pudo realizar pese a las amenazas de boicot de los radicales independentistas. El año anterior, otra concentración cívica similar acabó también en graves incidentes provocados por nacionalistas radicales. Este mismo ejercicio, los CDR colocaron una guillotina contra el rey Felipe VI en la misma zona. Fue retirada por activistas constitucionalistas.