Tras más de 50 encuentros telemáticos, los miembros del Govern se han reunido físicamente en el Palau de la Generalitat para aprobar varias medias de apoyo al sector turístico, entre las que destaca el aplazamiento del aumento de la tasa turística hasta enero de 2021.
En la primera reunión del Consell Executiu presencial tras el decreto del estado de alarma, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que esta medida es necesaria para dar "oxígeno" al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia.
Las ayudas a un sector dañado
La decisión de no aplicar el aumento de la tasa turística se incluye en un decreto que contiene varias medidas tributarias para ayudar a la ciudadanía y a las empresas en la reactivación económica tras el encierro obligatorio, como dar más tiempo de plazo para pagar tasas e impuestos como el de sucesiones o el de viviendas vacías.
El también conseller de Economía ha incluido en el decreto la medida tomada por el Ayuntamiento de Barcelona de no aplicar el recargo municipal de la ciudad, al igual que ha prometido inyectar ayudas y subvenciones al sector turístico con "diez millones de euros que se sumarán a los tres millones" que ya han dado.
Exigen recursos al Gobierno
Para poder dar la ayuda que prometen, desde la Generalitat exigen al Gobierno de Pedro Sánchez "5.000 millones de euros" para reactivar la economía de Cataluña tras el Covid-19, porque insisten desde el Govern en que no aplicarán recortes.
"El 24% de los 170.000 ERTE de Cataluña vienen del turismo. El no incremento [de la tasa] es una medida que nos pedía el sector y lo ampliaremos para ayudar a un mundo seriamente castigado por la crisis", ha afirmado la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón.
Sin respuestas para Ferrovial
Los periodistas, también presentes en la rueda de prensa por primera vez en casi tres meses, han aprovechado la comparecencia para averiguar más sobre la polémica del contrato con Ferrovial por el rastreo de los contagios del coronavirus, aunque con poca suerte.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha echado balones fuera y ha instado a la prensa a preguntárselo a la consellera de Salud, Alba Vergés. "Nos preocupaba a todos la reacción del sector sanitario, a todo el Govern de Cataluña. Por eso lo hemos parado y estamos buscando alternativas, tal y como ha contado Vergés. Desconozco la letra pequeña del contrato", ha respondido Budó además de asegurar que no sabe en qué punto administrativo se encuentran, ni de cuánto es la cuantía ni si se debe indemnizar o no a la empresa.