Los comunes promueven un boicot contra Nissan

La marcha de Nissan de Barcelona ha alzado las voces del sector automovilístico, de patronales, sindicatos, administraciones y de partidos políticos en búsqueda de una solución. En el caso de los comunes, optan por el enfrentamiento social a la marca e incluso plantean realizar un boicot a sus productos como una forma de "presión" para que la multinacional de origen japonés mantenga su actividad en Cataluña. 

Jéssica Albiach, presidenta del grupo de Catalunya en Comú-Podem del Parlament, ha planteado esta fórmula como respuesta a la decisión de Nissan. En una rueda de prensa telemática ha defendido que un boicot a la compra de estos automóviles "llegado el momento, puede ser necesario" para hacer cambiar de opinión a la dirección. "Podría funcionar", ha declarado. 

"Toma de conciencia" ciudadana

Albiach ha dado a entender que la idea de los comuns cuenta con mayores respaldos que el del partido al asegurar que la idea no les ha surgido "de repente, sin consultar con otros agentes sociales y económicos". Y ha proclamado esta actuación como una "toma de conciencia" de la influencia que pueden ejercer los consumidores en una compañía. "Esto no es un boicot de una fuerza política, es una toma de consciencia que tenemos que tener como ciudadanía", ha declarado. 

La lideresa de los comunes catalanes ha calificado como "una crueldad" que la empresa haya decidido cesar su actividad en Barcelona y dejar "desprotegidos" a miles de trabajadores. Nissan tiene bajo nómina a unos 3.000 empleados en Barcelona, a los que habría que sumar unos 20.000 puestos de trabajo indirectos creados para dar apoyo a su actividad, como proveedores. Según la política, su cese no es solo "un ataque" a los trabajadores sino a todo el sector industrial catalán. 

Críticas a Nissan

Albiach ha reconocido que un boicot "puede ser una medida fuerte", "polémica" y "muy dura", pero se ha escudado con la crítica de que la compañía pretende "irse de cualquier manera" de Cataluña después de haber "recibido 170 millones de euros de ayudas públicas". 

No es la primera miembro de los comunes que realiza polémicas declaraciones contra la industria del automóvil. Hace unas semanas, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz apeló a no "reactivar" las fábricas de coches tras la crisis del coronavirus. "Hay que evitar que esto se vuelva a reactivar", declaró en un webinar del portal Ciclosfera en el que realizó una defensa de la movilidad sostenible.