Los tentáculos del Consejo para la República, el gobierno paralelo creado a la medida del fugado Carles Puigdemont, han cruzado el charco. Pero no precisamente para llevar la buena nueva independentista al continente americano. El núcleo duro del expresidente se ha visto envuelto en el escándalo de los respiradores adquiridos por el Gobierno de Bolivia, pues la empresa que fabrica estos ventiladores de emergencia tiene como directora de comunicación a Betona Comín, hermana del exconsejero Toni Comín.
Ambos son puntales del gobierno de Puigdemont. La primera lo es desde el punto de vista de la logística y fuentes soberanistas afirman que está detrás de la dimisión de la exjefa del Consejo para la República en la Catalunya Nord. Su hermano ejerce de lugarteniente en Waterloo y su trayectoria al frente de Salud permitió a Betona Comín establecer importantes contactos en el mundo sanitario.
Sobreprecio
La Justicia boliviana ha anunciado una investigación para averiguar si se contrató con sobreprecio la compra de 170 respiradores para tratar a pacientes de Covid-19. Tanto la empresa fabricante como la intermediaria son españolas. Se trata de 170 unidades del dispositivo de emergencia Respira que produce GPA Innova con software de Siemens y el apoyo del Hospital Clínic de Barcelona. Betona Comín es responsable de relaciones públicas y comunicación de esa empresa.
Fueron vendidos a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) de Bolivia por IME Consulting, con sede en Bilbao. El contrato contemplaba un precio por unidad de 27.600 dólares. Pero el precio de los respiradores, según los medios bolivianos, es de entre 7.000 y 11.000. Además, el Gobierno de este país asegura que los respiradores no funcionan.
Ambas empresas han activado sus gabinetes de crisis y han negado cualquier tipo de irregularidad, e incuso hablan de “montaje político”. De momento, la crisis ha provocado la dimisión del ministro de Salud, Marcelo Navajas, que fue detenido junto a otras cuatro personas.
"El ama de llaves de Comín"
Conocida como la “hermanísima” o “el ama de llaves de Comín”, Betona es pedagoga, activista de la Associació Catalana pels Drets Civils, --muy activa en la defensa de los presos independentistas-- y, sobre todo, miembro del Consejo para la República. Su trayectoria profesional y política en los últimos años ha ido ligada a la de su hermano.
Ambos pasaron de la órbita socialista a la neoconvergente, pasando por una aproximación a ERC que le valió a Comín convertirse en consejero de Salud y a su hermana, en adjudicataria de varios contratos de servicios de la Generalitat, pues Betona se ha dedicado a la organización de eventos y catering a través de la empresa Coses. Pero sobre todo, a frecuentar la consejería dirigida por su hermano. Esa asiduidad le permitió cultivar importantes contactos, como por ejemplo con el Colegio de Médicos, que preside Jaume Padrós, o con empresas sanitarias para las que ahora trabaja.
Betona Comín canaliza su activismo a través del Consejo para la República. Aportó sus conocimientos como organizadora de eventos al gran mitin que Puigdemont protagonizó el pasado 29 de febrero en Perpiñán. Dos semanas antes, dimitía la delegada del Consejo para la República en la Catalunya Nord, Júlia Taurinyà.
“Mi incursión en el mundo de la política habrá durado poco más de cuatro meses. Motivos diversos: ideológicos, relacionales, profesionales y de salud”, escribía en su perfil de Twitter. Taurinyà, periodista, había concebido el acto como un encuentro transversal, pero el resultado fue muy distinto, ya que se convirtió en un llamamiento “a la lucha definitiva” y en una censura a ERC por arrimarse a “un Estado franquista con el que no hay nada que negociar”.
Fuentes de su entorno aseguran que el motivo real fueron las diferencias con Betona Comín. Pero la dureza de las posiciones de Puigdemont y Comín no se ha traducido en un repunte de los logros del gobierno “en el exilio”. El número de inscritos en el Consejo para la República está a años luz del millón de personas que Puigdemont puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por activista registrado, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. A última hora de la tarde de ayer, la página web del Consejo contabilizaba solo 88.093 inscritos.