Situarse en el foco mediático a nivel nacional está resultando cada vez más difícil para los independentistas catalanes. El acuerdo sobre la reforma laboral --más allá de las turbulencias internas dentro del PSOE y del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Unidas Podemos-- ha vuelto a orillar a Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Y no solo eso. Ha evidenciado de nuevo sus diferencias, en este caso en un asunto de gran calado, económico y social, que va más allá de los pulsos independentistas.
“Un movimiento bien jugado por parte de los compañeros de Bildu”. Así definía ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el acuerdo que la formación abertzale suscribió con PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, lo que allanó el terreno de la abstención de los vascos en la prórroga del estado de alarma votada en el Congreso.
La tormenta
La tormenta vino después, cuando los socialistas enmendaron el pacto a la baja, esto es, precisando que, en todo caso, sería una derogación parcial. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dejaba claro que abrir ese debate ahora “sería absurdo y contraproducente".
Rufián admitía así la frágil influencia que tienen ahora los republicanos en el escenario español, tras las nuevas complicidades establecidas por Ciudadanos con el Ejecutivo --aunque sus compromisos autonómicos pueden limitar su duración-- y el hecho de que su voto no sea decisivo. Otra cosa es la reforma laboral, que forma parte de este paquete de “políticas progresistas” que PSOE y ERC se han comprometido a impulsar en los próximos cuatro años. Así se lo recordó el miércoles a Rufián la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, quien, según algunos medios, es la responsable del lío interno que ha generado el acuerdo con Bildu.
Aragonès, a favor
"Es una buena propuesta y la vamos a votar cuando se plantee en el Congreso", aseguró el vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès. De hecho, en septiembre de 2019, los republicanos ya presentaron una proposición no de ley para derogar, no solo la reforma del PP de 2012, sino la del PSOE en 2019, al considerar que ambas habían supuesto un recorte de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
Por el contrario, esa cuestión reaviva los fantasmas del pasado de Junts per Catalunya, pues los populares sacaron su propuesta con los votos de CDC. El Parlament ha sido escenario de las posiciones dispares entre convergentes y republicanos ante iniciativas sobre la derogación de esa medida laboral. Mientras ERC votaba a favor, CDC se abstenía.
Más recientemente, Junts per Catalunya ha eludido dar una respuesta clara sobre su posición, no habla de “derogar”, como contemplaba el programa electoral de ERC para las elecciones generales, sino de “modificar la ley a partir del diálogo con los interlocutores sociales”.
Aunque se resistan a reconocerlo, Junts mantiene el legado convergente en lo que respecta al modelo económico y social, contrario a la subida de impuestos --otra de las contradicciones con ERC, como se ha visto en la tramitación de los presupuestos de 2020--, como en los recortes del gasto, pues Artur Mas apoyó las primeras medidas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy. CDC también apoyó la amnistía fiscal del PP y la reforma laboral. Eran tiempos en los que los populares respaldaban los presupuestos de la Generalitat --2011 y 2012-- sin que Mas y los suyos se rasgaran las vestiduras.