Es oficial. El Tribunal Supremo ha acordado enviar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar la investigación a Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en la cámara baja. La Sala Segunda del alto tribunal detalla que hay indicios suficientes para sostener las acusaciones de delitos de malversación, fraude y prevarciación administrativa y falsedad documental.

Sin embargo, el cargo que ocupa la exconsejera de Cultura de la Generalitat la hace aforada --es decir, le proporciona inmunidad parlamentaria--, por lo que la Justicia necesita un permiso especial para investigarla. A este efecto, el magistrado Manuel Marchena --presidente de la Sala-- ha dirigido un oficio a Carlos Lesmes --presidente del Tribunal Supremo-- para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borràs. Una vez recibido, la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso dispondrá de 30 días para llevar a cabo la deliberación y propuesta que presentará al pleno de la Cámara, que deberá decidir a través del voto secreto. El proceso completo no debe exceder de los 60 días hábiles.

 

 

El Supremo pide permiso al Congreso para proceder penalmente contra Laura Borràs / EP

'Trapos sucios' en la Institució de les Lletres Catalanes

Los hechos investigados son de la época en la que la política covergente era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. El magistrado instructor de la causa, Eduardo Porrés, considera que "existen indicios sólidos de la comisión" de los delitos previamente citados, en relación a 18 presuntos contratos irregulares facturados --259.863 euros en total-- por Isaías Guerrero, con quien Borràs tenía una "relación personal". 

Los contratos entre la ILC y Herrero --por supuestos servicios informáticos-- estaban fraccionados en cantidades pequeñas "con la finalidad de eludir" la presentación de un concurso público para que fuera otorgado, tal como marca la ley. Además, una de las investigaciones policiales realizada por los Mossos d'Esquadra "confirmó" que cada contrato era adjudicado "a una empresa o persona distinta" aunque el beneficiario siempre fuera el amigo de Borràs, y también que que presentaban "presupuestos diferentes para cada contrato a fin de dar una apariencia de seriedad a la adjudicación".

Borràs guiaba a Herrero

La prueba clave se encontró en una la cadena de mails intercambiados por la política y el trabajador entre 2013 y 2014. En ellos, Borràs señala de "forma muy explícita" a Herrero como debía proceder en estas supuestas relaciones contractualies con la ILC. El magistrado señala que Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo tanto el fraccionamiento de lo facturado como en la falsificación de los documentos que respaldaban dichos contratos llegando a simular la participación de terceras personas. 

El escrito de apelación señala, por ejemplo, un correo electrónico en el que el propio Herrero asegura a otra persona que los importes de las facturas "son todos inventados". En otro de ellos, la dirigente de JxCAT le pide al informático que le pase los presupuestos del Portal de las Letras Catalanas para mirarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios".

Decidió no declarar

La diputada "ha tenido conocimiento" de las actuaciones judiciales e incluso "ha sido parte activa en el procedimiento" desde que se levantara el secreto de las actuaciones. Dentro de este punto destaca que Borràs fue llamada a "declarar voluntariamente antes de instar el suplicatorio" a las Cortes Generales oportunidad que la exconsejera catalana rechazó.

La portavoz neoconvergente en el Congreso siempre ha defendido su inocencia y ha llegado a asegurar que se siente "orgullosa" de su trabajo al frente de la institución, que llegó a calificar como "determinada, honesta y transparente". Incluso llegó a acusar a "las cloacas del Estado" de una especie de complot contra ella: "Los delitos que se me imputan no se podrán demostrar porque jamás he defraudado un euro al erario público", comentó.