Los impulsores de la Renta Garantizada, a disposición del Gobierno

La Comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se ha puesto a disposición del presidente Pedro Sánchez para compartir su experiencia en la aprobación de la ley del Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno. Esta comisión lideró la aprobación de esta ayuda, pero la mala gestión del Govern ha provocado que solo uno de cada cuatro pobres severos en Cataluña acceda a la RGC.

El pasado 29 de abril, la Comisión envió una carta al presidente Sánchez donde se aborda el proyecto de ley del Ingreso mínimo vital y su encaje con la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía competencia de la Generalitat.

"La elevada tasa de riesgo de pobreza en el conjunto del Estado español, y en especial de la pobreza severa, se van a incrementar como consecuencia de los efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19. Por consiguiente, la puesta en marcha de las leyes y medidas que permitan superar la pobreza y que garanticen las prestaciones de derecho subjetivo a las personas y familias vulnerables son prioritarias", avisaban.

"Nuestra experiencia"

"Una vez más --añadían--, ofrecemos nuestra colaboración para dialogar y aportar nuestra experiencia en la elaboración, negociación y acuerdo de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y en el seguimiento y aportaciones durante su implementación".

Ayer 18 de mayo, la Comisión recibió respuesta del Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, del gabinete de la Presidencia de Gobierno, a la carta dirigida a Pedro Sánchez donde aportaban una serie de consideraciones y propuestas sobre el Proyecto de ley del Ingreso mínimo Vital y su encaje con la ley de la RGC. En la misma, el Ejecutivo expresa su voluntad de aprobar esa medida este mes de mayo y que la previsión es que un millón de hogares se beneficien de la misma, incluidas 100.000 familias monoparentales.

"Una vez conozcamos en detalle la Ley del Ingreso Mínimo Vital, y en particular su carácter compatible y complementario con las prestaciones similares que son competencia de las comunidades autónomas, realizaremos su estudio y valoración, y en su caso, promoveremos las propuestas y iniciativas ante las diferentes instituciones competentes, para asegurar el mejor encaje entre la ley del Ingreso Mínimo Vital y la Renta garantizada de Ciudadanía, siempre en beneficio de los derechos de las personas y familias vulnerables", informa esta plataforma.