La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, cumple 30 años plenamente vigente. Este órgano asesor del Consejo de Europa, cuya finalidad es promover la democracia constitucional y el Estado de Derecho, cuenta entre sus miembros con Josep Maria Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB).

En una entrevista con Crónica Global, el jurista destaca el control que hace la Comisión de los gobiernos populistas “que tienden a limitar los derechos de la oposición, a erosionar la separación de poderes y la independencia judicial”.

-¿Sigue vigente el espíritu de la Comisión de Venecia 30 años después de su creación?

-La Comisión nació para aplicar los propósitos fundacionales del Consejo de Europa, que son la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, a una realidad nueva tras la caída del muro de Berlín en 1989: la democratización de los Estados de Centro y Este de Europa. Desde entonces ha sido consultada para la elaboración y reforma de constituciones, así como de leyes electorales y de partidos, de tribunales constitucionales y del poder judicial, o la regulación de los derechos fundamentales en países europeos, y cada vez más en Asia Central, Norte de África e Iberoamérica.

-¿Esos valores están en peligro en la actualidad?

-El objetivo fundacional de la defensa y promoción de la democracia constitucional no solo no ha pasado de moda, sino que es periódicamente amenazado. Hoy lo está siendo, tanto en las viejas como en las nuevas democracias, por excesos en la aplicación de los estados de emergencia debido al coronavirus, o porque los populismos acechan amenazantes de la institucionalidad constitucional.

-¿Qué puede hacer la Comisión ante determinados populismos e ideologías autoritarias?

-La actuación de la Comisión consiste en elaborar informes sobre las reformas legislativas que llevan a cabo algunos gobiernos populistas que tienden a limitar los derechos de la oposición, a erosionar la separación de poderes y la independencia judicial así como el ejercicio de determinados derechos, como el de información o la libertad religiosa.

-¿Los países europeos cumplen sus recomendaciones?

-Dichos informes no son vinculantes jurídicamente, pero basan su fuerza en la auctoritas de la Comisión y de sus autores, y sirven de apoyo a los actores políticos y a la opinión pública del país y también a las instituciones europeas, para denunciar la situación. La Comisión recomienda la adopción de cambios que permitan revertir la tendencia autoritaria y garantizar mayores frenos y contrapesos al poder de la mayoría.

El presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio / CG

-¿Cómo justifican los Estados esas posturas populistas?

-Los gobiernos populistas suelen justificar sus reformas en el apoyo de la mayoría del pueblo y parlamentaria, lo que les blinda ante ciertas críticas. Por esto la Comisión de Venecia subraya que la democracia ha de ser una democracia constitucional, esto es, con respeto al Estado de Derecho, y una democracia pluralista. En palabras del presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, en la Declaración, con ocasión del 30 aniversario, "debemos salvaguardar la democracia pluralista y evitar su degeneración en un régimen autoritario, donde el que gana se lo lleva todo".

-“La dictadura de la mayoría”...

-Hoy es preocupante cómo sectores importantes de la opinión pública en muchos países han asumido el discurso de la legitimidad de la mayoría para llevar a cabo sus objetivos, sin límites políticos ni jurídicos.

-La Comisión avaló La Comisión avaló la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para poder ejecutar sus sentencias. ¿Cree que el Alto Tribunal español ha utilizado esa potestad suficientemente? ¿Se habrían evitado cauces penales, por ejemplo en el procés?

-La Comisión de Venecia no se ha pronunciado expresamente en ninguna opinión sobre la crisis independentista, pero sí ha seguido de cerca lo ocurrido a través de análisis periódicos en el Plenario sobre la evolución de la situación constitucional, como se hace habitualmente respecto a la actualidad constitucional de los Estados miembros. Además, intervino en 2017 con un informe respecto a la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional que introducía nuevas sanciones por inejecución de sentencias por parte de las autoridades públicas, reforma que se aprobó ante la desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional por las autoridades catalanes.

-¿Qué advertencias hizo la Comisión a los partidarios del procés?

-La Comisión recordó la obligación de los gobernantes de cumplir la Constitución y las sentencias. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha hecho eco de ello en resoluciones relacionadas con el caso catalán. Por último, en junio de 2017, el presidente Buquicchio contestó la carta que le dirigió el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que llamaba a la Comisión a intervenir en el referéndum de 1 de octubre, indicando que "cualquier referéndum ha de ser llevado a cabo en total cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable".