El sindicato CSIF presentó ayer jueves, 7 de mayo, una denuncia en la sede de la Fiscalía Provincial de Barcelona y en el juzgado de Instrucción contra el gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau (Barcelona en Comú), después de que al menos 800 agentes del cuerpo de la Guardia Urbana se hayan contagiado con el virus SARS-CoV-2. De la inquietante cifra se desprende, cree la agrupación, que pueden concurrir dos delitos contra la seguridad de los trabajadores y de lesiones, y es por ello que ponen el caso en conocimiento del ministerio público.
Según la denuncia avanzada por Metrópoli Abierta y a la que ha tenido acceso este medio, CSIF asegura que ha habido "falta de previsión, improvisación y negligencia" del Ayuntamiento de Barcelona, por cuanto ha sido incapaz de proteger a la plantilla de más de 3.000 efectivos del cuerpo municipal de seguridad. Además de un problema político, la parte social ve mimbres para imputar dos delitos: uno contra la seguridad de los trabajadores (316-318 del Código Penal) y otro de lesiones (147.1 o 152.1.1 CP).
Falta de material, test y prevención
La denuncia de CSIF pivota sobre diversos ejes. Sostiene el sindicato que la administración local fue timorata con el uso de mascarillas protectoras contra el virus por parte de los agentes de la Guardia Urbana. "La orden de la superioridad era la prohibición de la utilización de mascarillas y el argumento de la Jefatura era que dicha mascarilla creaba alarma social", indica CSIF. Asimismo, el Ayuntamiento fue incapaz de conseguir equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia.
Tampoco habría conseguido el Ejecutivo local hacerse con suficientes test de diagnóstico de carga viral o, al menos, establecer un sistema de detección eficaz. "La falta de test en el cuerpo ha sido la tónica general", alerta la representación de la parte social. En materia de recursos, ni los gestores políticos ni la cúpula de la Guardia Urbana habrían atinado a "racionalizar las plantillas" ni a convocar los comités de Seguridad y Salud Laboral, pese a que CSIF lo pidió en siete ocasiones.
"Contactos con agentes y familias"
Hay más. En su denuncia ante Fiscalía, la parte social advierte de que algunos funcionarios asintomáticos fueron forzados a volver a su puesto de trabajo tras 15 días de cuarentena sin realizar test PCR alguno. En otros casos sí se les hizo la prueba, pero se les obligó a regresar a su desempeño sin esperar al resultado de la misma. Estas personas "podrían ser asintomáticas y tener el virus", ha alertado CSIF.
Asimismo, el escrito del sindicato constata que hay agentes de la Guardia Urbana que volvieron a su puesto de trabajo tras permanecer 15 días en aislamiento sin esperar al resultado del test, y finalmente, dieron positivo. Estos efectivos policiales estuvieron en contacto con otros compañeros, sus familias y la ciudadanía, con el evidente riesgo que estas situaciones conllevan.