El parche sociosanitario que ahora ensaya el Govern ante el caos de las residencias

Envejecimiento, cronicidad, dependencia… Hace años que los expertos advierten de la cara y la cruz del aumento de la esperanza de vida. Pero la pandemia del coronavirus evidencia la fragilidad del sistema de atención a los ancianos.

El colapso registrado en las residencias ha puesto de nuevo sobre la mesa una antigua reivindicación: la creación de un auténtico modelo sociosanitario. El traspaso de la gestión de las residencias, hasta ahora en manos de la Consejería de Asuntos Sociales, al departamento de Salud es un parche que no soluciona el problema, aunque expertos consultados por Crónica Global aseguran que puede ser una oportunidad para avanzar. Los propios asesores de la Generalitat ya advirtieron en 2018 y 2019 de la "necesidad urgente" de implementar un sistema integral.

Falta de voluntad política

En los últimos 40 años, la Generalitat ha aprobado leyes, planes y proyectos encaminados a esa idea, pero la falta de voluntad política, así como los recortes y la presión de algunos lobbies han impedido esa integración. También se ha renunciado a incluir todas esas políticas en un único departamento de "Salud y servicios a las personas", (Health and human services, como se denomina en algunos países), o Sanidad y Bienestar Social, como se denomina a nivel español, en algunas comunidades autónomas o a nivel de Administración local.

Desde 1982, con la aprobación de la Ley de Integración Social de las Personas con Minusvalías (LISMI) o la creación en 1986 del programa Vida als anys, hasta el plan de atención integral al envejecimiento con problemáticas complejas, aprobado por el Govern en junio de 2019, la búsqueda de un sistema integral sociosanitario ha dado lugar a numerosas iniciativas y “siglas de diverso tipo, pero que no afrontan realmente la situación”, explica Josep Farrés, posiblemente una de las personas que más sabe de un modelo sociosanitario que él defiende desde hace cuatro décadas.

Médico e inspector de la Seguridad Social (extinto INP), diplomado en Sanidad y Master en Salud Pública, con estudios de postgrado en IESE, Harvard University, Universidad de Lyon y John Hopkins University, Farrés ha ocupado diversos cargos en los ámbitos sanitario y social como responsable de gestión de centros y adjunto a la gerencia del Consorcio Sanitario de Barcelona. Fue el primer gerente del consorcio de servicios sociales de Barcelona y subdirector general de atención a las personas y gestión de recursos del ICASS (Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales).

Ahorrar costes y reducir la burocracia

“Las cosas no se han tomado en serio. Ha faltado voluntad política”, explica a Crónica Global. Farrés propone una especie de “ventanilla única”, una puerta de entrada común para los servicios de atención primaria de salud y los servicios sociales básicos. Un modelo que permite reducir burocracia, ahorrar costes y potenciar la universalización de los servicios.

Farrés ha acuñado el término “bienestarización” de los servicios dirigidos a personas dependientes, en situación terminal en curas paliativas, con transtorno mental severo, discapacitados o que sufren adicciones (drogas, alcohol…). Personas que requieren de una asistencia médica o social, o de ambas a la vez, de ahí que en ocasiones sufran una especie de “puertas giratorias” o “pin-pong”.

Respecto al caos generado en las residencias a consecuencia del Covid-19, el experto considera que “es una oportunidad de oro para avanzar hacia esa integración sociosanitaria”, aunque considera fundamental su abordaje desde la atención primaria. De ahí que sea muy crítico con la supresión de CAP en la comarca de Osona. En Sabadell (Barcelona), el modelo integral se ha experimentado con buenos resultados.

Aina Plaza, una gran profesional para una gran oportunidad

En un amplio artículo titulado La atención sociosanitària integrada: ¿utopía o realidad imprescindible?, publicado por la Fundación Rafael Campalans, Josep Farrés dedica un especial agradecimiento a varios expertos, entre ellos Aina Plaza, la directora general de la Autonomía Personal y la Discapacidad hasta ahora dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales y que pasará a depender de la Consejería de Salud.

Plaza es una reconocida profesional en su ámbito, explica el experto. "Aunque los decretos de traspasos de competencias a Salud es una medida de urgencia y temporal, contiene una potencialidad para avanzar hacia un modelo integrado. Sobre todo si se controla la tentación medicalizadora. Es bueno que la directora que lo lidera no sea médico y provenga del mundo social", afirma.

La exconsejera de Salud, Marina Geli (PSC), ya intentó implantar un modelo integral durante el Gobierno tripartito, aunque la presión del Colegio de Farmacéuticos la obligó a desistir. "La idea de Geli era que la medicación que se suministra en residencias fuera adquirida directamente al proveedor, no en farmacias, para ahorrar costes. Pero el sector se opuso por considerar que perdía negocio", recuerda una fuente sanitaria.

Posteriormente, ya con el gobierno de Artur Mas, el consejero de Salud Boi Ruiz --procedente de la Unió Catalana d’Hospitals-- también veía con buenos ojos ese sistema "e incluso hizo un estudio económico sobre la equiparación del personal de las residencias con el del Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) --las diferencias salariales y reputacionales siguen siendo amplias--, pero los recortes del gasto público enterraron la idea", añade esa fuente.

Los informes del CTESC y del Consejo Asesor de Salud

Los consejeros Alba Vergès y Chakir El Homrani han heredado un sistema que ahora les ha estallado en la cara. Nadie podía prever los efectos tan nocivos del coronavirus en las residencias, pero sí que estaban advertidos de la necesidad de reorientar el modelo asistencial. En diciembre de 2018, el Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTESC), órgano asesor de la Generalitat, publicaba el informe Integración de la atención social y sanitaria –[que puede leerse en este enlace] en el que se denunciaban las dificultades para desplegar el modelo en el territorio de manera efectiva debido a “la falta de impulso político”.

El CTESC planteaba “la necesidad de desarrollar urgentemente un modelo de atención integrada social y sanitaria, dado que mejora la atención y los resultados en salud, particularmente en el caso de las personas en situación de complejidad social y sanitaria. Estas personas representan alrededor del 8% de la población catalana y del 40% del presupuesto de gasto público en atención, con la previsión de que estos porcentajes se incrementen con el paso de los años”.

Más recientemente, en octubre de 2019, el Consejo Asesor de Salud publicaba el informe Orientaciones sobre el modelo de atención a las personas con necesidades sociales y sanitarias --[se puede consultar aquí]--, según el cual, “se deben elaborar las bases de lo que debe ser el ente público para el desarrollo --gobernanza y gestión-- de las políticas de atención a las personas con necesidades sociales y sanitarias en Cataluña. Hay que establecer plazos realistas para su aprobación, pero con la máxima inmediatez possible”.