¿Dice toda la verdad la Generalitat sobre la crisis del coronavirus?

El exceso de información es desinformación. Lo dicen los expertos respecto al aluvión de datos, fakes news, informaciones politizadas y rumores que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre la evolución de coronavirus. Otra cosa son los canales oficiales, que a diferencia de los anteriores, parecen pecar más por defecto que por exceso.

Es cierto que los miembros del Gobierno catalán comparecen diariamente para informar de la situación en Cataluña, en ocasiones varias veces al día. Y que la metodología que se sigue para medir la evolución de la epidemia varía de un país a otro. Sin embargo, los ciudadanos tienen la sensación de que no tienen acceso a toda la verdad y que la información que les llega es sesgada, lo que abona la incertidumbre e incluso el miedo.

Miquel Buch, Quim Torra y Alba Vergés, presidente y consejeros de la Generalitat / CG

Dicho de otra manera, la opacidad del Govern ha aflorado durante esta crisis, entre otras cosas porque una de cada tres peticiones de información de los ciudadanos no se responde, los medios de comunicación están instrumentalizados y no se publican las agendas de los altos cargos para evitar la presión de determinados lobbies.

Así lo advierte la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) --órgano dependiente del Parlament dirigido a preservar la transparencia y la integridad de les administraciones y del personal al servicio del sector público-- en un informe donde se analizan las carencias crónicas de la Generalitat en sus políticas comunicativas.

Una ley estancada

No debería ser así, pues Cataluña es pionera en el impulso de medidas para garantizar la transparencia de sus instituciones, pero según la OAC, es necesario desplegar integralmente la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, aplicar un régimen sancionador y presentar la información comprensible.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno / EFE

“El último informe de evaluación de la ley de transparencia confirma una tendencia, ya detectada en evaluaciones anteriores, consistente en un estancamiento generalizado en su aplicación”, explica la OAC en el citado informe. Igualmente, se constata que más de un tercio de las solicitudes de acceso a la información pública ni siquiera se responden.

Información comprensible

Asimismo, “es imprescindible que las diversas administraciones incrementen los esfuerzos para difundir el derecho de acceso a la información entre la ciudadanía de manera coordinada”, así como el refuerzo de las funciones de supervisión de la GAIP (Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Informació Pública).

Pero la transparencia no sólo requiere que la administración dé a conocer información, sino también que lo haga “de la manera que resulte más comprensible para las personas y por medio de los instrumentos de difusión que permitan un acceso amplio y fácil a los datos y faciliten la participación en los asuntos públicos”. Así lo establece la Directiva 2019/1024 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de junio de 2019.

Medios de comunicación

Uno de los grandes riesgos es que los medios de comunicación sean instrumentalizados para hacer llegar mensajes y argumentos interesados a audiencias preestablecidas. El tratamiento que los distintos medios dan a la pugna entre Gobierno español y Generalitat sobre las medidas a adoptar ante el coronavirus es un ejemplo.

Mirar con lupa posibles titulares falsos de periódicos / FOTOMONTAJE DE CG

El Informe de 10/21/2018 sobre la financiación pública de los medios de comunicación en Cataluña, elaborado por el Laboratorio de Comunicación Pública para la Ciudadanía Plural de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) documenta déficits generalizados de transparencia y rendición de cuentas y espacios inaceptables de discrecionalidad en la financiación otorgada por la Generalitat y, en mayor medida, por ayuntamientos y entes supramunicipales.

El control de los lobbies

Cataluña fue pionera en España en abordar a nivel normativo los grupos de interés, pero la OAC afirma que es necesario dar un paso más y asegurar una publicidad real de las agendas públicas y de la actividad de influencia de los grupos de interés. Considera esta Oficina que deberían publicarse los contactos, tanto presenciales como de otro tipo (llamadas telefónicas, correos electrónicos…) de los altos cargos y de cualquier servidor público que tenga contactos con grupos de interés que pueden influir en las decisiones públicas. Algo que, actualmente, parece impensable.