Los funcionarios estallan ante el gasto en imagen de la consejera de Salud en pleno coronavirus

“Derroche de dinero público”. Así definen funcionarios de la Consejería de Salud de la Generalitat el gasto en comunicación, protocolo y relaciones externas. Crónica Global ha tenido acceso al intercambio de correos electrónicos entre trabajadores del departamento en el que denuncian la duplicidad de cargos y el amiguismo en un área que solo representa la punta del iceberg de una estructura faraónica heredada de Convergència.

Estos trabajadores se plantean, asimismo, impugnar los contratos e incluso acudir a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). El escándalo sobre esos gastos en imagen ha estallado en plena crisis del coronavirus, que ha puesto de manifiesto el perfil bajo de la consejera de Salud, Alba Vergés, ante una pandemia que, en el caso de España, controla el Ministerio de Sanidad.

Alba vergés en el pleno del Parlament / CANAL PARLAMENT

La herencia de CDC

“Vergés se limita a traducir al catalán las procedimientos de actuación que dictamina el Gobierno, que es la administración competente”, explican técnicos consultados por este medio. Y enmarcan ese malestar en un macrodepartamento donde se maneja el mayor volumen de contratos públicos de la Generalitat y cuyo diseño proviene de la etapa convergente. El Gobierno tripartito intentó corregir esa estructura, pero la exconsejera de Salud, Marina Geli, no logró llevar a cabo esa ingente tarea debido a la frontal oposición de las decenas de cargos heredados del pujolismo. Según los citados técnicos, ese gigantismo administrativo da lugar a las duplicidades y fichajes de difícil control que ahora denuncian los funcionarios. También el exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), David Elvira, intentó poner orden en esa maraña, pero abandonó debido a las pugnas políticas internas de la Consejería. Volvió al sector privado.

En esos emails, los empleados públicos expresan su indignación por el gasto en comunicación y protocolo, sobre todo desde la adjudicación “a dedo” de los servicios de gabinete de prensa y relaciones externas en la regiones sanitarias de Tarragona y Terres de l’Ebre. Está valorado en 51.620 euros y tiene una duración de seis meses. Lo que ha sublevado a los trabajadores es que se haya adjudicado a un asesor de comunicación que, desde hace años, cobra 3.000 euros al mes. Según explican, la Consejería de Salud tiene un gabinete de Protocolo en Barcelona, uno en Gobernación en Tarragona y una gerencia de Comunicación en CatSalut. “Hay personal que solo acompaña a la consejera cuatro o cinco veces al año” cuando ésta se desplaza al territorio.

Recurso para paralizar el procedimiento

Es tal la indignación del personal que trabaja en la consejería que se han planteado llevar el caso ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). “Como ciudadana me parece un derroche de dineros públicos, teniendo en cuenta que dentro de la organización hay personas que ya se ocupan de protocolo y comunicación”, escribe una funcionaria, mientras que otro compañero se interesa sobre la evolución del caso y “si se había hecho alguna investigación al respecto” porque esos contratos "pueden estar favoreciendo económicamente" a determinadas personas. Aluden al llamado Capítulo II (gastos corrientes), donde la lista de empresas y personas contratadas por Salud es inacabable.

Se plantean si, además de acudir a la OAC, se puede presentar un recurso, tal como se hizo hace meses con otro procedimiento. "En CatSalut se estan abriendo una serie de unidades de trabajo que no aparecen reguladas en ningún sitio y que sirven para colocar gente, parientes, amigos y conocidos. Antes de la Ley de la Empresa Pública, las administraciones primero justificaban sus gastos y una vez demostrado el gasto, se gastaba", explica un experto en derecho administrativo. Pero "gracias a las lagunas de la ley de contratos sel sector público, las empresas públicas crearon sus propias SL y SA que, a su vez, son las encargadas reales de las contrataciones y de las relaciones con el mundo empresarial. En mi opinión, se debería desmontar toda la infraestructura de empresas públicas de la Generalitat o de cualquier administración".