Se autodenominan a sí mismos como "la ONG del catalán", reciben suculentas subvenciones de la Generalitat y de numerosos ayuntamientos como el de Barcelona y su objetivo es que la lengua catalana sea el único idioma oficial de Cataluña, persiguiendo hasta su erradicación el uso público del castellano. Plataforma per la Llengua ha vuelto esta semana a la carga con sus reivindicaciones nacionalistas aprovechando el encuentro de la mesa de diálogo entre los Gobiernos de España y de la Generalitat. ¿Su intención? Que la delegación catalana expusiera sus planteamientos para acabar con el castellano en Cataluña.
"Instamos a los presidentes (Pedro) Sánchez y (Quim) Torra a hacer del catalán una de las prioridades de la mesa de negociación Estado-Generalitat", ordena el comunicado de Plataforma per Cataluña. Una nota en la que exigen hechos tan contradictorios como "eliminar el deber de saber castellano de la Constitución española", al mismo tiempo que reclaman que el Estado no imponga "una lengua sobre las otras"... pero con una salvedad: "Excepto de aquellas que son propias de cada lugar". Es decir: que no imponga el castellano, pero el catalán sí.
Contra los derechos de los castellanohablantes
Según esta entidad, el deber de saber un idioma "no existe en ninguna otra Constitución del mundo", salvo --según sostienen-- en la búlgara, donde "el búlgaro es propio, y no con carácter expansivo como pasa con el español". Al peculiar modo de ver de la Plataforma, este deber, y que el castellano sea la "única lengua oficial del Estado" --aunque existen otras cooficiales, como el catalán-- es "supremacista".
Lo ideal, a su juicio, sería adoptar un modelo lingüístico similar al de Bélgica, Canadá o Suiza, países monolingües en la práctica en sus respectivas regiones. Un argumentario que defienden, curiosamente, incluyendo en el mismo una falta de ortografía en catalán: "Así, el catalán sería tanto (sic) oficial del Estado como lo es el castellano".
Discriminación
La entidad subvencionada por la Generalitat también insta a revisar todas las normativas actuales que, a su modo de ver, "benefician o imponen el castellano por encima de otras lenguas", iniciar políticas de discriminación "positiva" hacia lenguas que no son el castellano y que el debate sobre la lengua sea continuo en las reuniones de la mesa.
A pesar de llevar años desarrollando su actividad, con actividades como la persecución y denuncia del uso del castellano en la rotulación de los comercios, por ejemplo, Plataforma per la Llengua se ha hecho célebre en los últimos tiempos por espiar el idioma que hablan los niños en las escuelas catalanas --donde la Generalitat impuso hace ya tres décadas el catalán como única lengua vehicular-- o la creación de una app móvil para denunciar, geolocalizándolos con su nombre y dirección, los comercios donde se utiliza el castellano en toda Cataluña.