Josep Bou, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha pedido hoy viernes a la alcaldesa Ada Colau que retire todos los lazos amarillos de las dependencias municipales tras el fallo del juzgado número 6 de lo contencioso-administrativo que obliga al gobierno municipal a hacerlo.
En un comunicado, Bou ha recordado que si bien el símbolo independentista no luce en la fachada de la casa consistorial, sí lo hace "en sedes como la del distrito de Gracia". En este sentido, el concejal y también empresario ha reivindicado que “el tiempo nos ha dado la razón y el ayuntamiento por fin cumplirá con neutralidad institucional". Se refiere Bou a la denuncia interpuesta por el PP en julio de 2019, cuando el partido acudió a los tribunales con el fin de preservar la "neutralidad y pluralidad" de las administraciones públicas. Argumentó entonces la formación que el lazo "discriminaba a una parte de la ciudadanía".
Batalla legal
La denuncia del PP, formalizada en septiembre, ha sido uno de los cauces legales del constitucionalismo para derribar el símbolo secesionista de las fachadas de los edificios públicos. El otro fue una demanda legal interpuesta por Abogados Catalanes por la Constitución en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Barcelona.
El recurso ha sido atendido y la sala ha determinado la nulidad de pleno derecho de la actividad administrativa impugnada, la retirada inmediata y "definitiva" de los símbolos y recoge que la decisión de permitir la exhibición de emblemas políticos "vulneró el derecho el derecho fundamental a la igualdad de los recurrentes".
Juego del gato y el ratón
Cualesquiera que fueran los argumentos de la sala, lo cierto es que la batalla legal para retirar todos los lazos amarillos de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona y dependencias auxiliares se ha convertido en los últimos meses en un juego del gato y el ratón. El Ejecutivo local de Barcelona en Comú y PSC avaló colgar el símbolo durante todo el año salvo los periodos de campaña electoral de las elecciones municipales, europeas y generales, aunque finalmente lo retiró por orden de la Junta Electoral.
El uso de la simbología indepe en el caso de Ada Colau fue distinta a la del Gobierno catalán, comandado por Quim Torra, que hizo caso omiso a las órdenes del fiscalizador de los procesos electorales y, finalmente, colgó otra pancarta por la libertad de expresión. Ello valió un proceso judicial que acabó con la condena por desobediencia lo que, a su vez, causó que perdiera el escaño en el Parlamento y precipitó las elecciones autonómicas.