¿Quién gana con la supresión de la ‘ley Aragonés’?

El pasado lunes, ERC sufría un fuerte revés. Los votos de CUP, PSC, Catalunya en Comú-Podem, PP y Ciudadanos tumbaban la ley de Contratos de Servicio a las personas, conocida como la ley Aragonès. “No se entiende que, sin enmiendas a la totalidad a la ley y con muchos acuerdos para introducir mejoras, los mismos grupos la tumben en el Parlament. Solo se entiende por electoralismo. El papel de la CUP es incomprensible”, explican fuentes republicanas.

De hecho, tanto los antisistema como los comunes habían participado en las manifestaciones en contra de un proyecto de ley que, según decenas de entidades sociales, blindaba la externalización de hasta 200 servicios hasta ahora públicos.

Evitar nuevos 'casos 3%'

El objetivo de esa norma era evitar nuevos casos 3%, relativo al cobro de comisiones a empresas por adjudicación de obra pública para financiar CDC, de forma que en los concursos de licitación ya no primara el precio, sino la calidad. Que se redujeran las adjudicaciones a dedo y se diera prioridad a cooperativas y empresas del tercer sector.

Entre las empresas más beneficiadas por las adjudicaciones de la Generalitat figuran Eurest, Accent Social, Clece, Valoriza, pero también el Grupo Soler, investigado precisamente por su supuesta implicación en las mordidas del 3% y que días atrás volvió a centrar el foco mediático por haber pagado el viaje del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a la final de la Champions League de 2015 en Berlín. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que investigue a Ribó por un delito de cohecho pasivo.

A pesar de esta investigación, el Grupo Soler ha seguido obteniendo contratos hasta el pasado 21 de enero, como se puede contemplar en la web de contratación pública de la Generalitat. En concreto se hizo con la instalación de un ascensor para una escuela en Solsona (Lleida) por 34.444 euros. Una cifra pequeña que contrasta con las obtenidas a lo largo de 2017, cuando accedió a cuatro licitaciones que en un caso supera los 239.884 euros, o los de 2015, cuando obtuvo otra por valor de 774.601 euros para realizar obras en el hospital de Sant Pau de Barcelona.

Las advertencias de la Sindicatua de Cuentas

Pero el grueso de los contratos del empresario que quiso agasajar al Síndic se dispararon entre 2012 y 2014. Y eso llamó la atención de la Sindicatura de Cuentas. En su informe publicado hace un año sobre la gestión de Infraestructures.cat se advertía de las adjudicaciones siguiendo “criterios subjetivos” a Grupo Soler. Entre 2012 y 2014, la UTE formada por Acsa, Obras e Infraestructuras, SA y Electromecànica Soler, SL, se hicieron con tres contratos que sumaban 11,2 millones de euros, mientras que la UTE Grupo Soler Constructora, SL & Oproler Obras y Proyectos, SLU, se hacía con dos adjudicaciones que superaban los 8,1 millones de euros.

Asimismo, Soler Global Service, SL se hizo con 11 contratos de servicios por valor de 734.977 euros, en su mayoría adjudicados con criterios subjetivos y sin suficiente justificación de los mismos.

Una ley muy contestada

Evitar este tipo de tratos de favor era el objetivo de la ley Aragonès. Pero junto al rechazo de los grupos políticos de la oposición exitía una gran contestación social.

El artículo más polémico de la ley, ahora eliminada del calendario parlamentario, era el que daba prioridad a las cooperativas en la adjudicación de contratos. De esta forma se abría la puerta a pequeñas y medianas empresas que habitualmente no acceden a este tipo de concursos, así como a empresas del tercer sector y sobre todo a las cooperativas. Por ejemplo, en el caso de los comedores escolares, empresas como Sehrs, Serunión, Eurest o Grífols ya no tendrían el monopolio de los cáterings escolares.

Fapac pide gestión pública

La Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), una de las entidades en contra de la ley, rechazaba entrar en el debate sobre el modelo de empresa que debe gestionar los comedores porque negaban la mayor.

Esto es, se negaban a la externalización y defendía la competencia pública. “No entramos a discutir si el negocio se lo llevan las empresas del Ibex o la pequeña economía. Discutimos un modelo en el que se tiene que pagar el servicio más los beneficios de la empresas”, explicaba a Crónica Global la directora de Fapac, Lidón Gasull.

Menos cargas burocráticas y más transparencia

La normativa fue impulsada en un principio por el exconsejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, condenado por el Tribunal Supremo por la organización del 1-O. En febrero de 2017, el Parlament comenzó a tramitar el decreto que debía servir como núcleo de la futura ley de contratos.

Entre las principales novedades figuraba la reducción de cargas burocráticas la lotización de los contratos, la supresión de procedimientos sin publicidad y sin transparencia, el fomento del uso de procedimientos abiertos y con concurrencia, la incorporación del coste del ciclo de los bienes y servicios a las ofertas, la introducción de la nueva figura de la concesión con transferencia de riesgo operacional y la regulación del nuevo régimen de concertación social.

El proyecto quedó en suspenso con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En noviembre de 2018 se le dio un nuevo impulso, cuando el Parlament dio luz verde a la ley. Sin embargo, el redactado incumplía un requisito imprescindible, según los juristas que han comparecido en la ponencia: no adaptaba la ley española de contratos del sector público aprobada en marzo de 2018 y entraba en contradicción con la misma.

La adaptación de las nuevas directivas europeas, vigentes desde abril de 2016 y que obligaban a un cambio de paradigma en las políticas de contratación, compete al Estado. A partir de eso, las Comunidades Autónomas deben elaborar sus normas en base a la ley española. Algunas lo hicieron ya, no así Cataluña.

Sociedades mercantiles, patronales y pymes expresaron su malestar ante la posibilidad de favorecer a “empresas de economía social o empresas sociales”, que obviamente interesa a un tercer sector que pugna por gestionar todas las políticas sociales de las administraciones.