La salida de 'los Jordis', ¿a qué obedece?

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez podrán salir de la cárcel para hacer voluntariado y trabajar al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, cuya sustancia habilita al equipo técnico que dictamina los grados a aplicar el "principio de flexibilidad", la forma jurídica que adopta la discriminación positiva, el enchufe o la arbitrariedad. Así, y merced a la combinación de las diferentes ventajas de los distintos grados, los reos pueden acogerse a los beneficios del tercer grado, la semilibertad, aunque estén en el segundo en virtud de circunstancias que acostumbran a quedar entre la administistración penitenciaria y sus administrados. Se suele apelar al derecho a la intimidad de los reos para no dar información o dar solo la que interesa a la administración, como en el caso de Oriol Pujol o de Iñaki Urdangarin.

Sea como fuere, los Jordis, que entraron juntos en prisión el 16 de octubre de 2017, saldrán en breve pero no disfrutarán de las mismas condiciones. Por el mismo "principio de flexibilidad", Sànchez se dedicará a ignotas tareas de voluntariado durante tres días a la semana, mientras que Cuixart se ocupará de su empresa de envases para medicamentos durante los cinco días laborables, discriminación favorable al presidente de Òmnium Cultural que contrasta con el duro informe de la Fiscalía de Vigilancia Penitencia de Barcelona relativo a la ausencia de arrepentimiento y al propósito de reincidencia del recluso, personaje en el que el ministerio público aprecia además ciertas "distorsiones cognitivas" que le hacen más partidario de la "ley natural" que de atenerse al Código Penal.

Extremar la prudencia

Tras dos años y tres meses de prisión, Sànchez y Cuixart han cumplido un tercio de la pena, pero eso, como recuerda el informe fiscal, no les da derecho a ninguna clase de beneficio penitenciario. Cierto es que ha pasado mucho tiempo desde los hechos que les condujeron a la cárcel, igual que también es cierto que a tenor de sus declaraciones públicas el encierro ha reforzado sus convicciones.

La atención mediática y el aprovechamiento político intensivo de sus circunstancias les ha convertido en símbolos y activos del independentismo. Sin embargo, deberán extremar la prudencia en el proceso de recuperación de la libertad y si reciben homenajes, éstos se deberían ceñir al ámbito más íntimo. El exceso de publicidad no sólo les perjudicaría a ellos, sino al resto de condenados por la intentona secesionista de octubre de 2017, los siete presos a los que les cayeron más años de cárcel porque a diferencia de los Jordis ocupaban cargos políticos.

¿Trato de favor? 

Con Cuixart y Sànchez se inaugura el proceso que alterará las condiciones de reclusión de Oriol Junqueras, Joaquim Forn (probablemente el próximo en salir), Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull.

Y es evidente que al margen de los trabajos que les sirvan de excusa para abandonar la prisión durante el día, la mayoría de ellos no abandonará la política. Pero la ostentación es lo menos aconsejable si lo que se pretende hacer creer es que los políticos presos son presos como los demás y no se benefician de ningún trato de favor.

Transparencia

En estas circunstancias no estaría de más que la administración autonómica, los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, ofrecieran información y porcentajes sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el tipo de voluntariado y de trabajos que se realizan y el grado de implantación y de éxito del "principio de flexibilidad" entre la población reclusa de Cataluña. 

De momento, lo único que se sabe es que Oriol Pujol disfruta de ese artículo sin que consten las labores de voluntariado a las que se dedica, si es que todavía se dedica. Sería una manera de acallar las certezas y sospechas sobre los privilegios que disfrutan unos reclusos a los que las autoridades penitenciarias de la Generalitat rinden pleitesía política porque en algunos casos hasta les deben el cargo.