Obispos que visitan a los presos en las cárceles, monjas que abandonan su clausura para protestar por la sentencia del 1-O, sacerdotes que proponen ayunos en solidaridad con los independentistas condenados y un embajador de la Generalitat vinculado a una influyente fundación religiosa.
El procés ha evidenciado de nuevo las estrechas relaciones entre la Iglesia catalana y el soberanismo catalán. El periodista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Fernando García-Romanillos, disecciona la historia del nacionalismo catalán en clave eclesiástica en un artículo titulado La alianza del hisopo y la estelada.
Un mordaz repaso a la influencia católica en los dirigentes soberanistas, que se remonta a la época de Jordi Pujol y se prolonga hasta el republicano Oriol Junqueras, cristiano confeso y cuya intervención en el Parlament el pasado martes fue calificada por algunos analistas de sermón paternalista.
La implicación de la Abadía de Montserrat, icono catalán, en el procés --su abad, Josep Maria Soler, pidió la libertad de los condenados por el referéndum del 1-O--, o la decisión de las benedictinas de Sant Pere de les Puel.les (Barcelona) de interrumpir su vida contemplativa para salir a la calle con la pancarta “No a la repressió. Llibertat presos polítics” en respuesta a la sentencia del Supremo, son solo dos ejemplos del repaso de García-Romanillos a los apoyos eclesiásticos al independentismo.
131 faros ya brillaban en las agujas del macizo de Montserrat el pasado mes de octubre / TWITTER
La Associació Cristianisme al Segle XXI o la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña se sumaron a las críticas a la condena. “El juicio en el Tribunal Supremo clama al cielo”, ironiza el autor, quien también alude al editorial firmado por Junqueras desde la cárcel de Lledoners en Catalunya Religió en la que glosa la figura de Jesús amoroso y revolucionario, según San Lucas.
De las visitas de obispos catalanes a los presos independentistas --Francesc Pardo (Girona), Jaume Pujol (Tarragona), Xavier Novell (Solsona) y Romà Casanova (Vic)--, y del manifiesto de 254 presbíteros y 22 diáconos que reclaman “respetar los derechos de Cataluña” también da cuenta el profesor. No olvida el ayuno convocado por Capellans.cat a favor de los presos. Una iniciativa que haría suya el monasterio de Montserrat y los Capuchinos de Sarrià.
La visita del presidente Quim Torra a las benedictinas de San Daniel, en Girona, simboliza hasta qué punto perdura la complicidad de los dirigentes catalanes con la Iglesia catalana. Sobre todo convergentes, pero también socialistas y, obviamente, democristianos. Solo hace falta echar un vistazo al organigrama de Fundació Catalunya Religió, que edita la citada revista del mismo nombre, en cuyo patronato figuran Eduard Ibañez (presidente), Míriam Díez (vicepresidenta), Carles Armengol, Ignasi Garcia i Clavel, Núria Iceta, Anna Vilà y Manuel Manonelles, delegado de la Generalitat en Suiza, uno de los epicentros de la diplomacia independentista, que la Justicia y el Tribunal de Cuentas mira con lupa. El propio Manonelles ha sido investigado por el 1-O.
El consejo editorial de Catalunya Religió estuvo presidido por Josep Maria Carbonell, exdiputado del PSC, ex presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña y decano de Comunicación de la Universidad católica Ramon Llull. También cita la Associació Cercle d’Estudis Conciliars, vinculada del Arzobispado de Barcelona y miembros de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que en 2013 impulsó un documento apoyado por 20 entidades católicas a favor del Pacto Nacional del Derecho a Decidir.
Recuerda García-Romanillos las subvenciones de la Generalitat a las entidades eclesiásticas: la propia Catalunya Religió, el Arzobispado de Barcelona, el Círculo de Estudios Conciliares y Justícia i Pau. Tal como publicó Crónica Global, los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra han gastado 5,1 millones de euros en subvenciones destinadas a los obispados y a la Abadía de Montserrat, siendo ésta la más beneficiada, con casi 3,9 millones. Así consta en el registro de ayudas y subvenciones de la Generalitat.
¿Y sor Lucía Caram? Pues también.