El secretario del Parlament pide retirar el acta de diputado a Torra

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha dictado este lunes por la mañana la orden de retirar el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Tras consultarlo con "la junta de letrados", acata de esta forma el mandato de la Junta Electoral Central (JEC), que solicitó inhabilitar al líder independentista por desobeder sus peticiones de quitar los símbolos secesionistas del Palau de la Generalitat en campaña electoral.

El texto del secretario general del Parlament recuerda a la Mesa de la Cámara catalana que las decisiones del órgano electoral y la reciente interlocutoria del Tribunal Supremo "modifican la situación que hasta ahora permitía argumentar a favor de la no ejecutividad del Acuerdo de la JEC del pasado 3 de enero". Es decir, dejar al president con su escaño. Asimismo, subraya que este lunes termina el plazo para acatar la decisión y que debe ser el siguiente en la lista de JxCat quien debe tomar posesión del acta de diputado de Torra.

Decide la Mesa

"Dado que la JEC exige dar cumplimiento inmediato al acuerdo que dispone realizar todos los trámites necesarios para la efectiva pérdida de la condición del diputado Joaquim Torra, una vez denegada la suspensión del mismo por la interlocutoria del 23 de enero del Supremo", Muro procede a "dar las instrucciones pertinentes a los servicios de la Cámara". De este modo, traslada de nuevo al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, toda la presión sobre el siguiente paso que se debe dar. Hecho que le expone a una eventual desobediencia según el camino que tome. 

La Mesa ya tiene prevista una reunión a las 12.30 horas de este lunes para abordar las peticiones de Ciudadanos y Partido Popular para inhabilitar al presidente catalán como diputado. Posteriormente, a las tres de la tarde se celebra una nueva sesión en la que Torra tiene previsto acudir y votar para dar luz verde a los Presupuestos del Parlament.

El sustituto

Otro punto a abordar es quién debe sustituir a Torra en el Parlament, tal y como exige la JEC e indica la misiva de Muro. Existen ciertas discrepancias en cuanto al escaño. La siguiente en la lista es la exdiputada Maria Senserrich.

Otra cuestión aparte es quién debería tomar el relevo en la presidencia de la Generalitat. Los independentistas más irredentos de JxCat insisten en que la única sustitución posible es la del expresidente huido Carles Puigdemont. Este escenario es poco probable más allá de su situación procesal, ya que tras ser nombrado eurodiputado ha renunciado a su acta en la Cámara catalana. Su decisión ha propiciado que el exconsejero y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Ferran Mascarell, tenga también un sitio en el Parlament. 

Hay otras opciones sobre la mesa, como la de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, o la del presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. Con todo, si se llega a este escenario implicaría someter la candidatura a una nueva investidura en Cataluña, y es la CUP la que tiene la última palabra sobre si deja caer la legislatura. Tal y como avanza Crónica Global, los antisistema han dejado claro que se niegan a obedecer los dictados de la justicia española, que quieren a Torra al frente de la Generalitat o, de lo contrario, ir a elecciones.

Primeras reacciones

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido uno de los primeros en reaccionar al informe del secretario general del Parlament. Lo ha hecho incluso antes que el aún presidente de la Generalitat. En su rapidez está la reivindicación de que fue su partido, junto a Cs, el que recurrió a la JEC para lograr la inhabilitación de Torra.

Por su parte, el abogado Gonzalo Baye --representante legal de Carles Puigdemont en las causas que tiene abiertas-- ha puesto en duda el papel de Xavier Muro. Se ha preguntado de forma directa si éste tiene competencias para decidir sobre el futuro de la presidencia de la Generalitat. De hecho, ha amenazado con "consecuencias jurídico-penales" para el secretario de la Cámara catalana por su resolución, el argumento que se repite desde los sectores más radicales del independentismo catalán. 

Jurídicamente, la cuenta atrás para Torra comenzó hace varias semanas tras la decisión del Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña (TSJC) de inhabilitarlo por desobediencia y la posterior decisión de la Junta Electoral Central de retirarle su escaño de diputado. En lo político, los tiempos son más lentos. Es precisamente esa justicia garantista la que permite a los dirigentes independentistas jugar con los plazos, especialmente porque la sala de lo Penal del Supremo aún se debe pronunciar sobre si avala o modifica la decisión del Alto Tribunal catalán. Ha sido otra sala, la de lo Contencioso-Administrativo, la que ha rechazado en otras dos ocasiones la suspensión cautelar de la retirada del acta de diputado de Torra.

En las próximas horas, y tras el informe de Muro, será el Parlament el que debe tomar una decisión sobre el futuro político de Cataluña. Está en el aire otro adelanto electoral que los independentistas intentan retrasar hasta otoño.