Nervios en Junts per Catalunya y ERC. La última resolución del Tribunal Supremo estrecha el cerco judicial en torno a Quim Torra. Los subterfugios judiciales se agotan y la política catalana entrará este lunes en su semana decisiva para unas elecciones autonómicas cada vez más cercanas. La inhabilitación del presidente catalán obligará a su partido a buscarle un sustituto que reúna una mayoría parlamentaria suficiente. Y de nuevo será la CUP la que tenga la última palabra.
Sin embargo, los antisistema han dejado claro que se niegan a obedecer los dictados de la justicia española, que quieren a Torra al frente de la Generalitat o, de lo contrario, ir a elecciones. El entorno de Puigdemont ha montado en cólera, ya que a falta de un candidato claro, su última apuesta era la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, tal como informó Crónica Global. Los antisistema acaban de aprobar los presupuestos municipales de Madrenas, cuyo independentismo irredento es bien visto por esta formación, que forzó la retirada de Artur Mas para luego votar en contra de la candidatura de Jordi Turull en los meses más convulsos del procés. Algo que los neoconvergentes no le han perdonado.
Albert Batet pide paso
La CUP, en palabras de la diputada Maria Sirvent, exige acabar la legislatura “con dignidad” y con “una respuesta a la altura de las intromisiones”, pues “tarde o temprano llegará la sentencia firme”.
Los codazos dentro de JxCat para suceder a Torra incluyen al presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, quien según explican fuentes soberanistas ha pedido al presidente de PDeCAT, David Bonvehí, que le ayude a ser cabeza de lista. Batet se presenta como el candidato bisagra entre el sector duro que representa Carles Puigdemont y los moderados de la antigua CDC, que todavía no se atreven a soltar lastre del expresidente.
El fin de viaje de Torra, presidente por accidente tras el procesamiento y posterior fuga de Puigdemont, también obliga a ERC a tomar decisiones. A diferencia de sus socios de Govern, tienen un candidato claro, Pere Aragonès --quien no es diputado y no podría presentarse a presidente en una investidura--, poco conocido pero avalado por Oriol Junqueras.
El presidente de los republicanos es hoy por hoy su mejor tarjeta de presentación: encarcelado por orden del Supremo, mantiene un discurso conciliador a la medida de un electorado cansado de bronca política. Eso sí, sin dejar de marcar perfil secesionista ante quienes le acusan de "traidor".
Junqueras: "Y una puta mierda"
“Y una puta mierda”, exclamó recientemente en una entrevista cuando se le preguntó si había engañado a los catalanes prometiendo una independencia imposible. Los republicanos saben que sus acuerdos con el “PSOE del 155” pueden pasarle factura, de ahí que eleven el tono de vez en cuando. Y también son conscientes de que toda la presión está centrada en el republicano Roger Torrent, presidente del Parlament, quien tiene la última palabra sobre la ejecución de la inhabilitación de Torra.
Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña / EFE
Sin embargo, que la CUP renuncie a apoyar a un nuevo candidato de JxCat facilita las cosas a ERC, es decir, queda liberada de decidir si apoya al sucesor convergente, con las consecuencias que ello conlleva. Igualmente tiene a su favor ese pacto de investidura de Pedro Sánchez, una inversión de futuro para una alianza con los comunes --con quienes el vicepresidente Aragonès ha acordado los presupuestos de la Generalitat--, cada vez más apuntalada, a la que podría autorizar desde fuera el PSC. O al menos no vetarla tras unos comicios autonómicos.
La cuenta atrás, ¿cuándo empezó?
Jurídicamente, la cuenta atrás para Torra comenzó hace varias semanas, cuando la justicia le inhabilitó por desobediencia y la Junta Electoral le retiró su escaño de diputado. Políticamente, los tiempos son más lentos, pues es precisamente esa justicia garantista la que permite a los dirigentes independentistas jugar con los plazos. Sin embargo, la última resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, contraria a suspender de forma cautelar la retirada del acta de Torra tal como pedía el acusado, ha precipitado las cosas.
Oficialmente, el president asegura que todo sigue igual. Incluso deslizó el viernes en un comunicado que las presiones recibidas “son insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico”, por lo que no descarta emprender acciones legales por calumnias e injurias, contra quienes le acusan de usurpar funciones públicas.
Semana decisiva
Pero lo cierto es que algo ha comenzado a moverse en el Parlament, si bien la semana entrante será la decisiva. PSC, que hasta ahora habían defendido la continuidad de Torra a la espera de una condena firme --la Sala Penal del Supremo está pendiente de pronunciarse sobre el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña--, ha pedido un nuevo informe a los letrados del Parlament tras la última decisión de los tribunales. De momento, los servicios jurídicos no han recibido ningún encargo por parte del presidente de la Cámara catalana, quien vuelve a concentrar toda la presión de Junts per Catalunya.
El lunes está convocado el pleno pospuesto por el temporal. Será entonces cuando Torrent, previa reunión de la Mesa del Parlament, decida si Torra puede votar. Esto es, ejercer su cargo de diputado con total normalidad. Ciudadanos y PP tienen muy claro que el mandatario catalán ya no ocupa ese escaño, que según el Estatut es imprescindible para ser presidente de la Generalitat. Pero ni las resoluciones judiciales ni las normas catalanas determinan si perder esa condición de parlamentario implica dejar de ser presidente.
Inhabilitación de Torra / CG