El Govern se olvida de nuevo de la pobreza infantil. El proyecto de presupuestos para 2020 pactado con En Comú Podem no contempla partidas específicas para combatir esa precariedad que afecta al 28% de menores de 16 años en Cataluña.
Sí aparece en el acuerdo el despliegue del proyecto piloto de una casa para la infancia en Tarragona, que se haría extensivo a otros puntos de la geografía catalana en función de los resultados. “Estamos de acuerdo con el proyecto piloto de la Barnahaus, pero este compromiso era previo a la aprobación de los presupuestos”, explica el diputado de PSC-Units, Raúl Moreno. “Nos preocupa que esta medida sea la única ante la grave situación de pobreza infantil que sufre Cataluña. Continuamos con una inversión en infancia en los niveles de Bulgaria y Rumanía”.
Lo que dicen Save the Children y Unicef
Save the Children aseguró en 2018 que 348.600 menores rozaban la pobreza en Cataluña y que uno de cada cuatro vivía ya en una situación de pobreza. La inversión catalana respecto al PIB es del 0,8%, por debajo del 1,4% de la española y del 2,4% de la media europea.
Riesgo de pobreza según el umbral de cada comunidad / CG
Según un informe de Unicef, el 28,6% de los niños de Cataluña están en riesgo de pobreza, un indicador que a finales de 2019 había aumentado 3,6 puntos porcentuales en un año. Según esta entidad, uno de cada cuatro hogares con hijos están al borde una situación de emergencia por falta de medios. En el caso de las familias monoparentales, la cifra se dispara hasta cuatro de cada 10.
En cuanto a la tasa Arope, que además de la pobreza en términos monetarios mide también la carencia material severa o la baja intensidad laboral del hogar donde se vive y la falta de actividad social, casi uno de cada tres niños y adolescentes se encuentran en esta situación. Cifra que significa un aumento del 4,6% y que está lejos también de la media europea.
Discapacidad y atención domiciliaria
Las cuentas catalanas, o al menos las presentadas ante los medios de comunicación, adolecen de otras carencias, según Moreno. El diputado se muestra especialmente crítico con las ayudas a la dependencia y discapacidad. Está previsto aumentar la partida en 92 millones respecto a 2017, lo que implica una dotación de 1.566 millones. “El destino es indeterminado. Las políticas de dependencia no solo incluyen las prestaciones reconocidas en la ley, sino también la financiación de plazas residenciales, el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), centros de día…”, señala.
El presupuesto no aprobado de 2019 incluía una partida de 1.500 millones para dependencia, por lo que, en realidad, el incremento sería de 66 millones. “Si todas estas cantidades van dirigidas a las prestaciones, Cataluña podría atender a 9.000 personas más, una cantidad insuficiente ya que existen 75.000 personas desatendidas y 62.000 pendientes de valoración”, afirma el socialista.
Imagen de una persona mayor en su casa / CG
Aumento "irreal e insuficiente"
Insiste en que la actualización de las tarifas en políticas de dependencia y discapacidad --15 millones en el primer semestre de 2020 para llegar a un total de 90 millones en cuatro años--, se trata de un aumento “irreal e insuficiente”. Esos 15 millones “no suponen ninguna variación respecto a 2019”.
Respecto a los recursos dirigidos al SAD, es necesario, afirma, ver el gasto ejecutado el año pasado, pues actualmente 32.000 personas reciben este servicio domiciliario. El acuerdo entre Govern y comunes incluye un millón de euros para las personas sin hogar, insuficiente dice, si se tiene en cuenta que, solo en Barcelona, según la Fundació Arrels, hay 1.195 personas durmiendo en la calle.
Justicia gratuita e inmigración
Advierte además de que las cifras aprobadas para la Justicia gratuita y la atención a la inmigración son un avance, pero “es necesario ver el gasto ejecutado en 2019”. Así, la Generalitat aumentará en 3,8 millones la partida destinada a la “Justicia para todos”, así como un plan de alfabetización digital en los centros penitenciarios. En este sentido, Moreno considera “muy indeterminado” el anuncio de una nueva cárcel de mujeres.
Asimismo, el Govern prevé destinar 13,1 millones a la atención de los inmigrantes, lo que supone un incremento de cuatro millones respecto a 2017, así como 10 millones adicionales para facilitar la inserción laboral a los menores extranjeros sin referentes familiares.