La Oficina por los Derechos Civiles y Políticos ha gastado en apenas 15 meses cerca de 200.000 euros en contratar campañas publicitarias. Una cantidad nada desdeñable si se tiene en cuenta que este órgano procesista hace funciones muy similares a las del Síndic de Greuges y no tiene capacidad punitiva. De ahí que la oposición política pidiera su disolución, pero los secesionistas lo impidieron.
Esta oficina es uno de los chiringuitos ideados por el independentismo y está dirigida por el exdirigente de la CUP Adam Majó. Fue creado para “hacer seguimiento de las vulneraciones que se produzcan contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política". Depende de Vicepresidencia de la Generalitat, departamento encabezado por Pere Aragonès (ERC), y, según los datos facilitados por esta división, en poco más de un año el gasto en publicitar las actividades de este organismo ha costado más 187.000 euros.
Contratos a medios escritos y digitales
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Ciudadanos David Bertran, los contratos publicitarios incluyen medios escritos y digitales. Por ejemplo, El Periódico y La Vanguardia obtuvieron campañas en septiembre y octubre del 2019 por valor de 15.063 euros y 18.000 euros, respectivamente. Con anterioridad, estos dos medios se beneficiaron de otros contratos menores destinados a hacer propaganda de la oficina.
Ara, Punt Avui y varios diarios locales también accedieron a esos pagos, así como medios digitales como Vilaweb, Mon.cat, Nació Digital y E-noticies. Esos 187.000 euros incluyen campañas en redes sociales y en TV3 y Catalunya Ràdio. Curiosamente, quien ha gestionado estos contratos es Nothingad Comunicació, la empresa que renunció a cobrar 80.440 euros por una campaña que realizó para la Generalitat en marzo de 2017 sobre el registro de catalanes en el exterior. Su gesto --Ferran Burriel, directivo de la sociedad, declaró como testigo en el juicio del 1-O-- se vería recompensado un año después con un contrato de 2,4 millones de euros.
Las funciones que realiza la organización suponen una duplicidad con el Síndic de Greuges --Defensor del Pueblo catalán-- y que no incluye ningún tipo de capacidad punitiva (de eso se encargan los cuerpos policiales y la justicia). De ahí que el PSC pidiera a los pocos meses de su creación su disolución, junto a la del Consejo Asesor para al Impulso del Fórum Cívico y Social para al Debate Constituyente. Este último es un órgano con nombre rimbombante que está presidido por el cantante Lluís Llach y fue presentado de forma solemne en el Palau de la Generalitat en octubre de 2018.
El presidente Quim Torra y el cantante Lluís Llach, que presidirá el Consejo Asesor del Fórum Cívico creado para implementar la república catalana / CG
Los partidos independentistas impidieron su disolución, pero en el caso del Fórum, cuya finalidad era sentar las bases para una futura constitución catalana, fue el propio Govern el que decretó su disipación. Fue debido a las pugnas internas y a la falta de dinero que, tal y como publicó Crónica Global, impidieron presentar un proyecto concreto.
El tridente está completado por el Consejo para la República, con sede en Waterloo y pinchazo de inscritos, lo cual se traduce en problemas de financiación.
Solo actuaciones con víctimas independentistas
La gestión de Majó, que cobra más que el presidente español, Pedro Sánchez --89.234 euros anuales--, al frente de la Oficina por los Derechos Civiles se ha caracterizado por tomar nota únicamente de las lesiones de derechos del activismo independentista.
Así lo hizo el pasado 12 de mayo tras un enfrentamiento entre vecinos de Verges (Girona) y personas que habían acudido a este municipio a retirar banderas independentistas. Su conclusión es que quienes quitan lazos amarillos son “paramilitares de extrema derecha”, mientras que no adjetiva a los que los instalan en la vía pública. Cabe recordar que Majó tiene un pasado controvertido, militó en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), un grupo independentista radical.