La Justicia avanza en la resolución de las causas relacionadas con el procés con una celeridad que ha puesto en pie de guerra a los dirigentes independentistas. Las críticas hacia unos tribunales españoles “antidemocráticos” que no respetan las decisiones de los jueces europeos se han vuelto una constante desde este ámbito, pero se da la circunstancia de que dirigentes como Quim Torra o Carles Puigdemont son herederos de una Convergència que participó de forma muy activa en las decisiones del poder judicial español.
Roser Bach --segunda por la izquierda--, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a Artur Mas y Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC (d) / CG
Todavía lo hace, pues los neoconvergentes siempre han propuesto vocales para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Actualmente es Roser Bach quien representa a CiU desde 2013 en este máximo órgano de gobierno que, entre otras funciones, elige y destituye jueces. Por ejemplo, si el magistrado Manuel Marchena preside hoy la sala penal del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes secesionistas es gracias al apoyo de Convergència a la propuesta de los vocales conservadores del PP.
Propuestas polémicas
La elección de Bach, casada con el exconsejero de Justicia, Germà Gordó, que está implicado en el caso 3% --relativo a la financiación irregular de CDC-- ha estado envuelta de polémica. Al igual que sus predecesores propuestos por los convergentes, algunos de los cuales han tenido serios problemas con la Justicia.
Cabe recordar que entre los perfiles promovidos por los nacionalistas catalanes figuran nombres tan controvertidos como Lluís Pasqual Estevill o Mercè Pigem. Otros, como Ramon Camp, han aparecido en sumarios relativos a supuestos tratos de favor o mutaron en un activismo independentista del que luego renegaron, como Alfons López Tena.
Incoherencias judiciales
Ser miembro del CGPJ es una de las incoherencias judiciales del procesismo de Convergència, una formación cuyos votos han permitido impulsar reformas y proyectos judiciales que se han vuelto en su contra. Tal como explicó Crónica Global, gracias al voto de CDC se puede inhabilitar a cargos públicos o suspender diputados sin condena firme. Es decir, el supuesto que ahora amenaza la continuidad de Quim Torra en la presidencia de la Generalitat.
Los votos de este partido también han sido claves para introducir en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición, el centro del debate jurídico en el juicio a los políticos que han participado en la organización del 1-O.