Las ocho decisiones históricas de Convergència que ahora ‘torpedean’ el 'procés'

El procés ha puesto de manifiesto las incoherencias judiciales de Convergència, una formación cuyos votos permitieron impulsar reformas y proyectos judiciales que se han vuelto en su contra.

Los herederos de aquel partido braman ahora contra una Justicia española que consideran antidemocrática. Pero el rosario de decisiones históricas de CDC --tanto en el terreno jurídico como legal-- que ahora torpedean el proyecto secesionista, cuando no permiten encarcelar o inhabilitar a sus dirigentes, es larga. Aquí van ocho ejemplos, según apuntan los juristas consultados por Crónica Global.

Sentencia de su inhabilitación de Torra / EUROPA PRESS

1. La reforma de la LOREG que inhabilita a Torra 

CiU votó a favor de la reforma del artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que introdujo los delitos contra la administración pública entre los supuestos de ineligibilidad sin sentencia firme. Gracias a esos cambios, la Junta Electoral puede inhabilitar a Quim Torra sin que su condena por inhabilitación sea firme. Curiosamente, la Ley del Referéndum --reguladora del 1-O y anulada por el Tribunal Constitucional-- contemplaba una Sindicatura Electoral (una suerte de Junta Electoral a la catalana) en la que no cabía recurso.

2. La negativa a crear una ley electoral propia 

La inhabilitación exprés de Quim Torra ha sido posible gracias a la aplicación de una ley electoral española, ya que Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia, a pesar de que el Estatut así lo contempla. El motivo es la resistencia de CiU a cambiar un sistema de distribución de escaños que siempre le ha beneficiado.

El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, en el Palau de la Generalitat / EUROPA PRESS

3. Apoyo a la ley que permitió intervenir las cuentas de la Generalitat 

CiU votó a favor de la cláusula de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, posteriormente, permitió al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, intervenir la Consejería de Economía en 2017, año en el que el Govern culminó su desafío independentista y el Gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución.

4. La redacción del delito de rebelión y sedición 

CiU votó junto al PSOE la introducción de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal de 1995. Son los tipos penales que se aplicaron a los responsables del referéndum del 1-O, actualmente en prisión. Previamente, los nacionalistas pidieron que se aplicara el delito de rebelión a los miembros del movimiento 15M responsables del asedio del Parlament.

5. La reforma que permite suspender a los diputados procesados 

Especialmente polémica fue la suspensión cautelar de los diputados catalanes procesados por el desafío independentista. Ello fue posible gracias a la reforma del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que fue aprobada con los votos del grupo parlamentario de CiU.

6. La prisión preventiva que CiU quiso endurecer 

Mucho se ha hablado de la larga estancia en prisión preventiva de los independentistas procesados, ahora ya condenados. En 2003, CiU votó junto a PP y Coalición Canaria la reforma de la prisión preventiva. PSOE e IU votaron en contra, mientras que Jueces para la Democracia advertía de que los cambios favorecían la generalización de la medida. 

El juez Manuel Marchena (c) en el Tribunal Supremo. Sentencia del 'procés' / EFE

Es más, los nacionalistas presentaron una enmienda en la que proponían aplicar esa medida a las faltas. Esta enmienda del partido al que pertenecía Carles Puigdemont no se aprobó.

7. Vocales de CiU en el Consejo General del Poder Judicial.

Las decisiones más importantes en el terreno judicial son tomadas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los nacionalistas siempre han tenido a un representante. Lluís Pasqual Estevill, Mercè Pigem, Ramon Camp, Roser Bach... Es decir, que son cómplices de ese poder judicial que ahora califican de "retrógrado y antidemocrático".

8. La elección de Marchena 

Si el magistrado Manuel Marchena es presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo que juzgó a los dirigentes independentistas es gracias a los votos de los vocales conservadores del CGPJ, pero también de la entonces vocal de CiU, Mercè Pigem.