El ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticado por Jueces para la Democracia, en una imagen de archivo / EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticado por Jueces para la Democracia, en una imagen de archivo / EFE

Política

Jueces para la Democracia critica las “injerencias” del Gobierno en el TC con el ‘procés’

La asociación alerta del “poco respeto” del ministro de Justicia en la separación de poderes por sus previsiones sobre los acusados

6 febrero, 2018 08:52

La asociación progresista Jueces para la Democracia ha cargado contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Gobierno en general por sus “injerencias inaceptables” en la labor del Tribunal Constitucional en relación al procés. Los juristas alertan de que las declaraciones de Catalá en las que preveía que los exmiembros del Govern serian inhabilitados en dos meses y que antes de finales de año habría una sentencia sobre la causa, son “poco respetuosas con la separación de poderes y la independencia judicial”.

Esto, consideran a través de un comunicado, “socava la confianza de la ciudadanía en los tribunales de justicia” y “lastran la credibilidad de la actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función”. Además, la asociación critica la “inacción y el silencio” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ocupa de defender la independencia de los jueces y fiscales ante estas interferencias del poder político.

Contacto con el TC

Jueces para la Democracia también destaca los contactos entre miembros del Gobierno y magistrados del Tribunal Constitucional antes de la admisión a trámite del recurso presentado por el Ejecutivo sobre la investidura de Puigdemont. Estas conversaciones no han sido desmentidas por la Moncloa, asegura el comunicado, y las considera “inadmisibles en un Estado de derecho”.

El objetivo de estos contactos, concluye, es “tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el alto tribunal”. Por todo esto, la asociación insiste en la necesidad de “alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación”. “Resulta obligado en un Estado de derecho respetar la función desarrollada por el Tribunal Constitucional, empezando por el propio Gobierno”, concluye.