El pleno para la investidura de Pedro Sánchez se celebrará el 4, 5 y 7 de enero
La presidenta del Congreso comunica a los líderes de los grupos parlamentarios el calendario para los debates y la votación del candidato
31 diciembre, 2019 11:45La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comunicado este martes a los líderes de los grupos parlamentarios su intención de convocar el Pleno del Congreso para celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez los días 4, 5 y 7 de enero (este último, en caso de no obtener mayoría absoluta en la primera votación), esto es, los próximos sábado, domingo y martes.
La convocatoria formal de las sesiones --en la que se precisará las horas de los debates-- tendrá lugar este jueves, día 2.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comunicado a los representantes de los grupos parlamentarios su previsión de convocar el Pleno de investidura los días 4 y 5 de enero y, si se requiere segunda votación, el 7.
— Congreso (@Congreso_Es) 31 de diciembre de 2019
Fin de la incertidumbre
Todo apunta a que Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno el martes 7 de enero, en segunda vuelta --pues es previsible que no logre la mayoría absoluta en la primera--, con lo que se cerrará la incertidumbre generada tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.
El PSOE --el partido más votado-- trabajó desde el inicio para que su candidato fuera investido presidente antes de Navidad, posteriormente se fijó como objetivo hacerlo antes de fin de año y después se barajó la investidura antes de Reyes. Finalmente, la presidenta de la Cámara Baja, que es quien tiene la facultad de convocar los plenos de investidura previa consulta del candidato, ha decidido que la sesión tenga lugar los días 4, 5 y 7 de enero.
Pacto con ERC
La investidura será posible después de que en las últimas horas el PSOE haya cerrado sendos acuerdos con ERC y el PNV. El pacto más complicado de articular ha sido con los independentistas catalanes. El acuerdo implica el "reconocimiento" por parte de los socialistas de que hay "un conflicto político entre Cataluña y el Estado" y que hay que "activar la vía política para encontrar una solución democrática". Eso se vehiculará a través de "una mesa de negociación entre gobiernos", cuyos acuerdos se someterán a una consulta entre la ciudadanía de Cataluña.
El contenido de este acuerdo --por el que, en contrapartida, ERC se abstendrá en la segunda votación-- cuenta con el aval de la dirección del partido independentista pero debe ser ratificado por su Consell Nacional este jueves. Aunque es previsible que los representantes de la militancia den su visto bueno.
Acuerdo con el PNV
También ayer lunes, Sánchez escenificaba con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la firma del acuerdo para la investidura. A cambio del apoyo de los seis diputados de los nacionalistas vascos, los socialistas se comprometen, entre otras cosas, a reformar la "estructura del Estado" para adecuarla al "reconocimiento de las identidades" nacionales del País Vasco y Cataluña, a transferir nuevas competencias al Gobierno autonómico vasco, a promover las selecciones deportivas vascas a nivel internacional y a ceder las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra.
El pacto, de doce puntos, incluye "apostar de manera urgente, firme y decidida por las infraestructuras correspondientes al Estado en la CAV", especialmente el tren de alta velocidad. Además, el PSOE se compromete a cumplir los acuerdos pendientes que se cerraron con los gobiernos anteriores; compensar la transición energética de la industria; negociar previamente con el PNV las medidas fiscales que impulse el Gobierno, y modificar los decretos digitales.
Programa de Gobierno PSOE-Podemos
El mismo lunes --una jornada especialmente intensa en cuanto a actividad política se refiere--, Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aprovecharon para presentar su programa de Gobierno de coalición.
Entre los elementos más relevantes del documento, destacan la derogación parcial de la reforma laboral, la subida de impuestos a las rentas más altas, la subida del salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones en relación al IPC real, la regulación de los alquileres, la derogación de la Lomce y de la Ley mordaza, y la "actualización" del Estado autonómico.