Algunos de los políticos independentistas encarcelados por su implicación en el referéndum del 1-O se encuentran en plena búsqueda de empleo. Esta opción les permitiría salir durante unas horas --como mínimo-- de prisión, aunque para ello deben ser calificados con un grado de semilibertad por parte de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente de la Generalitat.
Tal como ocurriera con Oriol Pujol Ferrusola y su condena por el caso ITV, los líderes secesionistas podrían tener la opción de pasar parte de la condena en la calle, de forma diaria. Esta información ha sido adelantada por TV3, aunque sin especificar cuáles de ellos buscan trabajo.
Diferencias entre segundo y tercer grado
El sistema penitenciario nacional diferencia tres grados en el régimen de condenas a los reos, que permiten una mayor libertad conforme el número aumenta. Es decir: el primer grado impide la salida total del preso del centro en el que se encuentra, el segundo grado es menos restricivo y el tercero se considera un régimen de semilibertad.
Las cárceles catalanas como la de Lledoners (Barcelona), en la imagen, han reactivado las comunicaciones de los internos con sus familiares / CG
Los condenados por el procés podrían optar a un segundo o a un tercer grado. El primero de estos dos es el más extendido entre los encarcelados, va orientado a la preparación para acceder al régimen abierto y acepta la excarcelación durante ciertas horas diarias; el tercer grado, por su parte, se aproxima a la libertad plena ya que únicamente se personaría en la cárcel para pasar la noche.
Trabajo en el sector privado
La televisión pública catalana especifica que "por ahora, no hay ninguna propuesta en firme" de trabajo para los presos independentistas, que ven sus posibilidades laborales reducidas a causa de la condena del Supremo. El alto tribunal decretó la inhabilitación absoluta para ellos, por lo que no pueden acceder a empleos públicos, sino que solo pueden buscarlos en la empresa privada o ejercer voluntariados.
Este hecho incide especialmente en Oriol Junqueras y en Jordi Sànchez, condenados a 13 años y 9 años de prisión, respectivamente, quienes tenían puestos dentro de la Administración. El líder de ERC tenía una plaza de profesor en la UAB y el expresidente de la ANC era adjunto en el Síndic de Greuges.