Vargas Llosa, Preston y Elliot, contra la Mesa de partidos

Más de 500 personalidades del mundo académico y cultural, así como juristas y políticos españoles, han firmado un manifiesto impulsado por el colectivo Foro de Profesores --que se puede leer en este enlace-- en el que se rechaza el diálogo fuera de la ley y de los cauces institucionales para resolver el conflicto secesionista. Entre los firmantes figuran John Elliot, Francisco Frutos, Joaquín Leguina, Félix Ovejero Lucas, Maite Pagazaurtundúa, Gian Maria Piccinelli, Paul Preston, Carlos Solà y Mario Vargas Llosa, Riccardo Guastini y Jaime Lanaspa Gatnau.

Foro de Profesores responde así a la “Petición Pública en favor de una Negociación Política sobre Cataluña” promovida por el profesor Joan Vergés Gifra, catedrático de la Universidad de Gerona, que aboga por abandonar "la estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política". Entre los firmantes de ese texto destacan Noam Chomsky, Manuela Carmena, Victoria Camps o Iñaki Gabilondo.

"Debilitamiento del Estado de Derecho"

Por el contrario y ante "el debilitamiento del Estado de Derecho que se aprecia en Cataluña", el colectivo Foro de Profesores reclama a los representantes políticos diálogo dentro de las instituciones democráticas de esta comunidad. Defienden que la situación en Cataluña debe resolverse por medio de los representantes políticos, democráticamente elegidos, de los diversos partidos que conforman el Parlament para encontrar una solución a la inestabilidad y creciente fractura social creada".

Consideran que ese diálogo "se debe efectuar dentro de las instituciones y bajo los cauces democráticos prescritos por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía Catalán". En consecuencia, sin “mesas de partidos” ni "estructuras paralelas a las ya existentes, ni creando una suerte de bilateralidad artificial".

Condena por incumplimiento de la ley

Frente a quienes piden que se debe evitar la judicialización de la política, los firmantes del manifiesto reclaman que "en el caso de que los representantes políticos incumplan las leyes, estos sean juzgados con todas las garantías que facilita un sistema judicial independiente. Asimismo, reclaman que se condene a quienes violen las leyes, siempre que se demuestre que ha sido así".

El manifiesto defiende que los representantes políticos "democráticamente elegidos, de los diversos partidos que conforman el parlamento catalán deben iniciar un diálogo para encontrar una solución a la inestabilidad y creciente fractura social creada en Cataluña. Ese diálogo debe hacerse dentro de las instituciones y bajo los cauces democráticos prescritos por el Estatuto de Autonomía Catalán y por la Constitución Española".

Sistema de Justicia independiente

Recuerdan las palabras de Kennedy: "Se puede no estar de acuerdo con las leyes, pero no se pueden desobedecer". En este sentido, "en nuestra democracia, ningún individuo está por encima del cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, no podemos admitir que los representantes políticos tengan privilegios sobre sus representados, los ciudadanos".

En el caso de que los representantes políticos incumplan las leyes "exigimos que estos sean juzgados con todas las garantías por un sistema de justicia independiente y, si se demuestra que han incumplido las leyes, sean condenados".

Solicitan el estricto cumplimiento de la neutralidad ideológica de las instituciones catalanas, incluyendo centros de enseñanza, medios públicos de comunicación, colegios profesionales y el gobierno autonómico, entre otros.

Libertad de prensa

"No es posible vivir en democracia sin tener libertad de prensa. Por ello, condenamos los señalamientos y agresiones de periodistas en el ejercicio de su labor como informadores en Cataluña. Sumándonos así a las condenas ya efectuadas por Reporteros sin Fronteras y OSCE, The Representative on Freedom of the Media", añaden.

Finalmente solicitan que el Gobierno garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos y que vele por la convivencia de los ciudadanos catalanes”.

Foro de Profesores, que integra fundamentalmente a docentes e investigadores españoles que realizan su labor dentro y fuera de España, tiene como objetivos esenciales la defensa de la unidad de España y del Estado de Derecho.