El déficit fiscal de Cataluña existe. Como ocurre en otros países en los que hay diferencias en el desarrollo de sus distintos territorios. Pero el independentismo más irredento mantiene que esa circunstancia es el peor de los males y que Cataluña no podrá seguir adelante. El presidente Quim Torra, en el Parlament, y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, han señalado en los últimos días en que Cataluña pierde el 8% de su PIB, y que eso no es sostenible. Pero, aunque la cuestión de la reforma de la financiación autonómica ha quedado fuera de la agenda política de Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana, puede ser, de nuevo, un elemento decisivo para encontrar salidas al llamado ahora “conflicto catalán”.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se ha comprometido a abordar la renovación del modelo de financiación autonómica en cuanto logre la investidura del propio Sánchez. El que sigue en vigor se aprobó en 2009, con un conjunto de fondos de garantía y de competitividad que han acabado desdibujando el objetivo inicial, y que no gusta a nadie. ¿Podría volver sobre sus pasos el independentismo para negociar un mejor modelo de financiación? La pregunta llega después de que la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya pedido que se aborde ya esa cuestión.
La mejora de 2009
La economista y experta en financiación autonómica, Maite Vilalta y otros expertos, como el director de Fedea, Ángel de la Fuente, reclaman que no se confunda entre la financiación de la Generalitat y lo que se ha llamado como las balanzas fiscales, que es en lo que se basa el independentismo. La cuestión es si la Generalitat tiene o no los recursos suficientes para atender los servicios que tienen transferidos, para asumir sus competencias.
Lo acordado en 2009, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el Ejecutivo tripartito de izquierdas en Cataluña presidido por José Montilla, supuso un avance importante para la Generalitat. Vilalta lo recuerda con diferentes datos. “Se añadieron unos 11.270 millones de euros al conjunto del sistema; se amplió la cesta tributaria de los gobiernos autonómicos donde el 88% de sus recursos proceden de figuras tributarias; se diseñó un mecanismo de nivelación --que equilibró a todas las autonomías en el 75%--; se establecieron mecanismos de actualización de las distintas variables que intervienen en el cálculo del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales como del resto de los fondos, y se recuperó la exigencia de revisar el modelo cada cinco años”, tras abolirla en el acuerdo de 2001. Para Cataluña, todo eso supuso un aumento de recursos de alrededor de 3.700 millones de euros. Según Vilalta, se avanzó “hacia un modelo basado en los dos grandes pilares --que se pedían--, autonomía financiera y equidad”.
Mayor o menor autonomía financiera
Pero la creación también de diversos fondos complementarios, además de la irrupción de la crisis económica, diluyó las mejoras introducidas. El hecho es que, según Vilalta y los diferentes estudios que se han publicado, como el del BBVA, Cataluña está justo en la media de las comunidades autonómicas respecto a la financiación a partir de sus necesidades, aunque es cierto que, si se cuenta el punto de partida por los ingresos fiscales, su posición podría ser algo más elevada. De ocupar el tercer puesto pasa al noveno. ¿Hay posibilidad de mejora? Para Maite Vilalta existen, pero también se debería mejorar la transparencia del sistema siempre enfocado, a su juicio, hacia una mayor autonomía para las comunidades sin olvidar la equidad.
Otra cosa son las balanzas fiscales. “Es un grave error utilizar las balanzas fiscales como criterio de valoración del modelo de financiación de la Generalitat de Cataluña”, señala. Y reitera cuál es el problema: “El modelo será bueno o malo según, en primer lugar, de si la cuantía es o no la adecuada para poder cubrir las necesidades de gasto que supone el ejercicio de sus competencias”. Y, en segundo lugar, de si esa cuantía “se obtiene cumpliendo o no unos determinados principios económicos-constitucionales”.
Inversiones y subvenciones a ayuntamientos
La balanza fiscal se ha dejado en un rincón, por ahora, aunque el presidente Torra insista junto a la parte del independentismo más irredento. Es otra cuestión y no tiene por qué incidir directamente en la autonomía del Gobierno de la Generalitat. Se puede reducir, ese déficit fiscal, si la Administración central aumenta su gasto en inversión en Cataluña, aunque ello no revierta en la mejora de los recursos en manos del Ejecutivo catalán. También se reduce si se transfieren más subvenciones, y ello sí estaría relacionado con el modelo de financiación autonómico aunque supondría menos autonomía y más dependencia de Madrid.
También se reduciría si se aumenta la subvención incondicionada que reciben los municipios catalanes desde la Administración central. En este caso, tampoco tendría nada que ver con la mejora de los recursos de la Generalitat.
Vilalta lo señala con una afirmación, como se refleja en esta entrevista en Crónica Global: “Podríamos concluir que una mejora del modelo de financiación de la Generalitat de Cataluña, deberá verse reflejada en una mejora de la balanza fiscal; sin embargo, una mejora de la balanza fiscal no tiene por qué estar relacionada con una mejora del modelo de financiación de la Generalitat. Las balanzas fiscales son muy útiles en la medida que reflejan el resultado, a nivel territorial, de la política redistributiva de la administración central y ésta se produce a través de varios canales, el de la financiación autonómica es uno de ellos. Pero nada más”.