Ada Colau sigue en su obcecación por hacerse con la gestión del agua de Barcelona. Ni siquiera después de que el Tribunal Supremo haya avalado la creación de la empresa de economía mixta para administrar este servicio en el área metropolitana. Ahora, apuesta por conseguir su objetivo mediante la vía legislativa y acusa al alto tribunal de dejarse influir por las grandes compañías en sus decisiones. 

Colau, sorprendida por el aval del TS a la empresa mixta del agua en Barcelona / EFE

La alcaldesa de Barcelona ha declarado en una entrevista en El Món a RAC1 que la sentencia del Alto Tribunal "va en contra del sentido común". Mantiene que autos como el que da la razón sobre la constitución de la gestora mixta --controlada en un 70% por Agbar, otro 15% en manos de Criteria Caixa y el 15% propiedad de Área Metropolitana de Barcelona (AMB)-- demuestra el "mal funcionamiento de la cúpula judicial" del Estado.

Una sentencia “inusual”

Considera que la decisión de última instancia --es decir, en firme-- es “inusual” al suponer una enmienda a la totalidad de lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2016, cuando anuló la creación de la sociedad de economía mixta. La también líder de los Comunes asegura que el Supremo ha asumido “de forma completamente acrítica las tesis de Agbar” y ha relacionado esta decisión con la relación que mantiene la empresa con la Justicia. “Agbar tiene un convenio con el poder judicial para instruir a los jueces en temas de agua”, ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que el procedimiento ha sido derivado a tres salas diferentes del alto tribunal hasta acabar en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. “Casualmente, la misma que ha decidido que el cliente pague el coste de las hipotecas”, ha apuntalado.

Cambio legislativo

El TSJC enmendó en 2016 la creación de la empresa de capital público-privado porque el Gobierno metropolitano no justificó de forma necesaria que no se tenía que convocar un concurso público con este fin. Las empresas denunciantes --Aguas de Valencia, Aqualia y Acciona-- llevaron al Gobierno del AMB de 2012, presidido por el nacionalista Xavier Trias, a los tribunales por ello.

Tras esta sentencia, la alcaldesa rechazó presentar junto a Agbar el recurso de alzada ante el Supremo para defender la decisión que había tomado la corporación supramunicipal. Chocaba con sus planes de cambiar el modelo de la gestión del agua y asumirlo de forma directa desde el ayuntamiento.

Colau no se dejará "intimidar"

Colau ha recibido un correctivo en el Supremo. Ahora asegura que no se dejarán "intimidar” por la compañía que lidera Àngel Simón y trabajarán hasta que la “voluntad ciudadana” sobre dicho servicio tenga “éxito”. Y por eso "habrá que cambiar la ley sobre la gestión de bienes de primera necesidad", ha detallado.

El Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer estas modificaciones, pero los Comunes ahora cuentan con una oportunidad de influir en el futuro Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos en ciernes, cuestión que la líder del partido ha dejado ver entre líneas. 

El ‘asedio’ de Agbar

Además de las insinuaciones de la influencia de Agbar en la justicia española, la alcaldesa también ha se ha quejado de la actitud de la compañía para con las propuestas municipales que ella ha liderado. Ha asegurado que el consistorio está “asediado” por las querellas que ha interpuesto la empresa “para hacernos la vida imposible” en sus planes para acabar con el modelo de gestión del agua actual. 

Da alas a las teorías de la asociación Aigua És Vida --de donde sale uno de sus colaboradores más cercanos, Eloi Badia-- de que la empresa está detrás del corolario de denuncias contra el reglamento municipal para celebrar consultas ciudadanas. El mismo que ha sido anulado en los tribunales, en este caso el TSJC, en otro revés para el partido. 

Según su valoración, ha sido la gestora del agua la que ha “paralizado” la iniciativa “porque sabían que había ciudadanos que querían decidir sobre la gestión pública del agua”. La alcaldesa no ha mencionado la resolución del TSJC, pero sí que ha acusado a su socio metropolitano de activar su maquinaria legal para mantener "1.000 millones de euros de beneficio" con la actividad en el territorio.