Quim Torra se ha unido al club de los presidentes de la Generalitat que se han sentado en el banquillo de los acusados. Es decir, que ya comparte caché judicial con Artur Mas --condenado por la consulta del 9N-- y Carles Puigdemont --fugado a Bélgica tras ser procesado por el referéndum del 1-O--. Los tres suenan como posibles candidatos a la Generalitat de Junts per Catalunya (JxCat) en unas elecciones catalanas que difícilmente se podrán celebrar antes del verano de 2020. Curiosamente, ninguno de ellos se había postulado inicialmente para ello. Pero el convulso postprocés y los tempos judiciales han cambiado las cosas.
A diferencia de sus predecesores, Torra es el primer presidente en activo juzgado desde la Transición. Está acusado de desobediencia por no retirar los símbolos independentistas colocados en los edificios de la Generalitat en período electoral. El juicio, que el dirigente secesionista utilizó a mayor gloria de su estrategia de enfrentamiento con el Estado español, quedó visto para sentencia. Afronta una petición de pena de 20 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito legal, autonómico, estatal o europeo, según pide el fiscal, o de dos años, según la petición de la acusación popular ejercida por Vox.
Normas electorales españolas
En caso de condena, ésta puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que permite a Torra ganar tiempo, pues mientras la sentencia no sea firme, puede mantenerse en el cargo. No obstante, no podrá presentarse a las elecciones, pues así lo estipula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según la cual, no pueden ser candidatos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado “cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
De nuevo, la ausencia de una ley electoral catalana --Cataluña es la única comunidad autónoma que no la tiene-- supedita a Torra a las normas españolas. De hecho, la vista oral celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deriva de las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC), pues no existe un órgano similar de ámbito catalán --solo juntas provinciales--. De ahí que la estrategia de defensa del president se basara en negar la autoridad de los magistrados de la JEC.
Las malas relaciones entre Torra y Puigdemont
Torra sostiene ahora que quiere agotar la legislatura, algo que agudiza su enfrentamiento con Puigdemont. Hace tiempo que las relaciones entre el de Waterloo y su sucesor se han deteriorado, pues Torra también quiere tomar decisiones, soltar lastre del fugado y abandonar su papel de “presidente provisional”. De hecho, es el único que puede convocar elecciones anticipadas. Todas las miradas están puestas en ERC, socia de JxCat en el Govern, que ha dado muestras de rechazo a la unilateralidad de los neoconvergentes. Las diferencias entre ambas formaciones abocaban al cisma, pero los republicanos también tienen que aclarar sus candidaturas y liderazgos. Y, sobre todo, si finalmente se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez y aguantan la presión del independentismo irredento.
De momento, no parece que vayan a romper el acuerdo de Gobierno, aunque si lo hicieran, tampoco es garantía de avance electoral.
Extradición desde Waterloo
Puigdemont también está supeditado a la duración de su proceso de extradición. Para buena parte de su partido, sigue siendo el candidato legítimo. En diciembre se despejará la duda sobre la euroorden, lo que conllevaría su regreso a España para ser juzgado y muy previsiblemente encarcelado. Todo ello supondría un nuevo revulsivo para el expresidente. De hecho, la marca Puigdemont aguantó bien en las recientes elecciones generales, en las que ganaron un diputado más, mientras ERC vencía en Cataluña, pero perdía dos.
Al acecho está Artur Mas, cuya inhabilitación finaliza en febrero de 2020. No esconde que quiere regresar a la política y sectores moderados de JxCat le consideran la mejor alternativa a los duros postulados de Torra y Puigdemont. El hijo político de Jordi Pujol ha hecho autocrítica en varias ocasiones, pero es el cerebro de un procés impulsado como cortina de humo de los recortes y los casos de corrupción que afectaban a la extinta CDC. Pero sus sucesores le han superado en discurso bronco y, en el caso de Torra, en una falta de respeto a las instituciones, como demostró ayer en la vista oral.