Un juicio rutinario y exento de épica desde el punto de vista judicial, pero utilizado por el presidente Quim Torra como plataforma secesionista. El presidente de la Generalitat ha asegurado en el juicio que ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que su cargo está por encima de los jueces de la Junta Electoral Central (JEC) que le denunciaron por desobediencia por colocar símbolos independentistas en la Generalitat. Ha añadido que “los catalanes somos gente demócrata en contra de la judicialización de la política” y de la “existencia de presos políticos”.

Se ha negado a responder a la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por Vox. El mandatario catalán ha dicho que la orden de la JEC "era ilegal" y que, por tanto, era imposible acatar la orden. Y aunque inicialmente afirmó que no se reconocía en el escrito de acusación, finalmente dijo: "Sí, desobedecí".

Torra declara en el TSJC / EUROPA PRESS

Fiel a la tradición secesionista, Torra también tiene su proceso judicial. Tras el juicio de Artur Mas por la consulta del 9N y el procesamiento de Carles Puigdemont por el referéndum 1-O y fugado a Bélgica, su sucesor es juzgado hoy en el TSJC por desobediencia. Es decir, por incumplir la orden de la JEC que le obligaba a retirar los símbolos independentistas de las sedes de la Generalitat durante la campaña de las elecciones generales de abril.

El deslucido paseíllo con pocos fans

Tras el paseíllo, también tradicional, en el que Torra pudo darse un deslucido baño de masas --no fue necesario cortar el tráfico como en otras ocasiones, pues solo acudieron unas decenas de activistas-- y Torra recorrió los escasos metros que distan desde el Arc del Triomf a la sede del TSJC acompañado de dirigentes de Junts per Catalunya y ERC, así como de consejeros de la Generalitat, entre ellos el vicepresidente Pere Aragonès. También acudieron dirigentes de las entidades independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.

Consignas secesionistas --“fuera la Justicia española”, “libertad presos políticos”-- y aplausos, tanto para el acusado como para su defensor, Gonzalo Boye, consagrado ya como abogado estrella del procés. Su pareja, Isabel Elbal, también ha asistido al president en la sesión.

No responde ni a Fiscalía ni a Vox

El acompañamiento popular dio paso a la soledad del banquillo, con el magistrado Jesús María Barrientos, como presidente de la sala. Torra se ha negado a responder a las preguntas de Vox, a la que ha calificado de “partido franquista” --lo que le ha valido una reprimenda de Barrientos--, ni a la Fiscalía. Solo ha contestado a Boye.

El president, que ha ido leyendo sus respuestas preparadas previamente con su letrado, ha dicho que la resolución de la JEC es ilegal porque “no es un órgano superior” al presidente de la Generalitat, por lo que impugnó sus resoluciones por la vía de lo contencioso-administrativo. Se querelló también contra los jueces de la Junta porque “creo que prevaricaron”, ya que “quieren situar al presidente de la Generalitat ante la disyuntiva de obedecer un acto muy ilegal o hacerle prevaricar. Y también creo que hubo un delito de coacción” en la orden de retirar pancartas en contra del encarcelamiento de dirigentes independentistas.

Contra los magistrados de la JEC

Torra ha arremetido contra el juez de la JEC Carlos Vidal Prado, miembro del PP, quien “se ha significado contra el independentismo”, antes, durante y después del procedimiento que abrió ese organismo por desobediencia contra el mandatario catalán. También se ha referido a otro miembro de la JEC, el juez Andrés Betancor, simpatizante de Cs, a quien acusa asimismo de pronunciarse contra el secesionismo.

Colgó las pancartas porque “los catalanes somos gente demócrata en contra de la judicialización de la política, ese es un gran consenso que va más allá de los partidos independentistas”. Ha añadido que el Parlament, “sede de la soberanía de los catalanes”, votó en dos ocasiones por más de dos tercios, en contra de retirar esos símbolos de los edificios oficiales. Ha mencionado resoluciones internacionales, así como de observadores y de Amnistía Internacional --confía, que en breve-- que avalan el derecho a decidir de Cataluña. “La pregunta no es por qué estaba la pancarta en la Generalitat, sino porque no estaba en otros edificios del Gobierno en concordancia con las resoluciones internacionales”, ha declarado.

Lazos amarillos en la guerra de sucesión de 1714

Torra ha remontado el uso de lazos amarillos a los austracistas de la guerra de sucesión de 1714, mientras que los borbónicos llevaban lazos azules. “Creo que el lazo amarillo debería ser patrimonio democrático, no solo un símbolo partidista”, ha manifestado. El juicio arrancó con las cuestiones previas presentadas por las partes, en las que los abogados de Torra pidieron la comparecencia como testigos de los miembros de la JEC o la suspensión de la vista. Han solicitado la nulidad de todo el proceso por vulneración del principio de imparcialidad porque dos jueces del JEC se habían expresado de forma hostil contra el independentismo, lo que en su opinión, contamina toda la causa.

También lo hace el hecho de que dos magistrados que admitieron a querella estén sentados en el tribunal, mientras que el propio Barrientos se ha mostrado públicamente en contra de los lazos amarillos y de los símbolos secesionistas. La letrada Isabel Elbal ha considerado "una anomalía democrática" que se juzgue a un presidente catalán por pedir la liberación de los presos secesionistas “en el marco de un problema políticos enquistado. Ustedes tienen una oportunidad única para contribuir a acabar con esto”. También ha recordado las palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, respecto a que la Fiscalía depende del Gobierno. “Ya se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia”, ha dicho.

Las peticiones de las partes

El fiscal Francisco Bañeres se ha opuesto a todas las cuestiones planteadas por la defensa. Rechaza la tesis de "un complot" para perjudicar al presidente catalán y recuerda que ya se debatieron y resolvieron las recusaciones de los jueces. "Los profesionales de la Justicia no pueden estar en una burbuja sin poder pronunciarse, porque entonces nunca podrán ejercer su función", ha dicho. La acusación popular se ha sumado a las tesis del fiscal. El presidente de la sala ha rechazado la nulidad pedida por la defensa.

La Fiscalía pide para Torra un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 30.000 euros para el presidente, mientras que Vox eleva esa solicitud a dos años de inhabilitación y 72.000 euros de multa.