Torra, desafiante un día antes de ser juzgado por desobedecer a los jueces

Torra vuelve a la carga. El presidente de la Generalitat ha reafirmado hoy en un mensaje en Twitter su "compromiso para trabajar, sin tregua, para culminar el proceso de independencia". El dirigente nacionalista ha realizado estas declaraciones con motivo del primer aniversario y medio de su promesa del cargo de presidente autonómico. Y ha recordado que lo hizo "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlamento".

Torra se posiciona de esta forma un día antes de comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ser juzgado por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos y las pancartas de "Libertad presos políticos" de los edificios públicos durante la campaña del 28A, lo que puede costarle hasta dos años de inhabilitación.

Mofas al tribunal

Horas después, el dirigente nacionalista ha ido más allá y ha asegurado que este lunes irá al juicio a "acusar al Estado de vulnerar mis derechos y los de todos los catalanes". "No voy a defenderme de nada, porque cumplí con mi deber como presidente, defender los derechos y las libertades", ha dicho durante un dinar groc (almuerzo amarillo) con un centenar de activistas independentistas.

Además, se ha congratulado de que "el pueblo haya reaccionado frente a una sentencia injusta" --la del juicio del procés-- y ha confesado: "Me habría decepcionado que mi país no hubiera salido a la calle". También se ha mofado del tribunal que le juzgará el lunes al decir que "en función de la comida que tome hoy [butifarra con judías] daré una respuesta u otra". Posteriormente, en una entrevista concedida a la cadena Al Jazeera, Torra ha expresado su convencimiento de que tras el juicio no será inhabilitado.

Recorrido a pie hasta el TSJC

El president acudirá al tribunal alrededor de las 8.30 horas acompañado de los miembros de su Govern --incluidos los de ERC-- y representantes de Òmnium Cultural, la ANC, la AMI y la ACM, y hará un recorrido a pie desde el Arco de Triunfo hasta el TSJC, donde está previsto que el juicio empiece a las 9.00 horas.

El primero en declarar en el juicio será Torra como acusado y durante la mañana se espera la declaración de una decena de policías y del excomisario jefe de Mossos Miquel Esquius. En la sesión de la tarde declarará a partir de las 16 horas el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el consejero de Interior, Miquel Buch.

Recurso de Cs

Inicialmente, el juicio tenía que celebrarse el 25 y 26 de septiembre, coincidiendo con el Debate de Política General en el Parlament, pero finalmente el TSJC lo reprogramó para el 18 de noviembre porque tenía que resolver las recusaciones presentadas contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, así como contra el magistrado Carlos Ramos, instructor de dichas recusaciones.

La causa parte de un recurso de Cs ante la JEC para exigir la retirada de los símbolos el 7 de marzo, lo que derivó en la incoación de un procedimiento que acabó en un acuerdo del 11 de marzo que exigía a Torra retirar los lazos en 48 horas.

Infringir la neutralidad

El TSJC envió a Torra a juicio al considerar que los lazos y esteladas son propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que, según reiterados acuerdos de la JEC refrendados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "se consideran partidistas, por lo que no pueden ser exhibidos por las administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".

La JEC ordenó a Torra retirar los símbolos el 11 de marzo, pero Torra presentó poco antes de vencer el plazo una reconsideración, que fue denegada por otro acuerdo, de 18 de marzo 2019, por el que la JEC ordenó personalmente a Torra retirar los símbolos en 24 horas, según el auto de apertura de juicio oral. Entonces Torra, sin cumplir con este mandato, presentó el 19 marzo un escrito solicitando su suspensión y una aclaración, "arguyendo una pretendida dificultad para su cumplimiento y advirtiendo que esperaba un informe al Síndic de Greuges sobre algunos aspectos comprometidos en la retirada de los símbolos".

Torra hizo caso omiso de la JEC

El tribunal tiene en cuenta unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, que, en rueda de prensa el 19 de marzo tras el Consell Executiu, informó de la decisión personal de Torra de mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema "Libertad presos políticos" que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, y de una nota de prensa en el mismo sentido del día 20. El 21 de marzo Torra dispuso presuntamente que la pancarta con el lazo amarillo "fuera completamente cubierta" por otra del mismo tamaño y formato junto a un lema similar --"Libertad presos políticos y exiliados"--, pero en la que el lazo amarillo había sido sustituido por un lazo del mismo color blanco que el del fondo de la pancarta, cruzado por un grueso trazo de color rojo, según el escrito.

En su escrito, el juez relata cómo Torra no retiró los símbolos durante aquellos días pese a dos acuerdos de la JEC en que lo ordenaba, de 11 y 18 de marzo, y que no fue hasta el día 22 que fueron retirados tras ordenarse a los Mossos d'Esquadra que procedieran a hacerlo.

"Sí, desobedecí"

Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC como investigado por esta causa, donde afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos". Además, explicó que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró: "Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí".

La Fiscalía Superior de Cataluña pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la JEC y multarle con 30.000 euros. La acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.