Adiós al mito del déficit fiscal catalán

¿Déficit fiscal? El concepto aparece de forma periódica, pero sin la fuerza de años atrás. El independentismo ya no lo tiene como una reivindicación central. No le interesa. El mantra ahora es que España no es un estado democrático, que mantiene un legado franquista y que es incapaz de reconocer el derecho de autodeterminación. Pero ¿qué ha pasado con la cuestión económica? Los propios académicos y los dirigentes independentistas mantienen que existe el déficit fiscal, pero que queda lejos de la tragedia que se había denunciado.

El nuevo gobierno español, el que se constituya a partir del próximo domingo 10 de noviembre, deberá poner en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta factores como la población, las distancias territoriales en cada comunidad, el envejecimiento y la población inmigrante. Cataluña, esta vez, no tiene intención de liderar el debate, aunque cuando llegue la hora de la verdad, todos querrán estar en la mesa de negociación.

Cataluña, en la media, con 100,7

Los últimos datos los han ofrecido el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el BBVA. Los dos organismos calculan las llamadas balanzas fiscales, y los números son similares. Cataluña aparece en la media de las comunidades autónomas, aunque parte de una posición alta, y aporta más recursos al conjunto que otras autonomías. Es lo lógico si se atiende la distribución de la renta de sus ciudadanos.

Si la media es 100, Cataluña aporta lo que sería equivalente a 122. Se trata de la tercera comunidad que más aporta. Cuando llegan todos los recursos a la caja común y se redistribuye, Cataluña se queda en 100,7, y eso la relega a la décima posición en el ranking. Al margen del montante de recursos que se podrían quedar en la comunidad --esa ha sido la petición histórica del nacionalismo y de una parte de los socialistas catalanes—, lo que se reclama realmente es que esa posición final se ajuste más al punto de partida. Es decir, se puede ser la tercera en aportar, y tal vez la quinta en recibir. ¿Pero la décima?

Madrid, con más riqueza, se queda en 100,8

Eso es lo que se ha llamado ordinalidad: no perder la posición inicial, teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal de cada comunidad. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, autor del estudio para el BBVA, entiende que se podría atender esa reivindicación. Lo señala en esta entrevista para Crónica Global. En su trabajo, Cataluña se queda en el 100,9, casi igual que en el estudio del IEB, que ha dirigido Núria Bosch, junto a Maite Vilalta.

Madrid es la comunidad que más aporta. Parte de un índice de 143,7, y se queda en novena posición, en el 100,8, una vez se asignan todos los recursos.

Oriol Junqueras (i) cuando recibió la cartera de Economía y Hacienda de la Generalitat de su predecesor en el cargo, Andreu Mas-Colell (d), quien también le dejó en 'herencia' la deuda pública en los mercados al 4,6% de media / EFE

Pagar por PIB y recibir por población

En el caso de Cataluña, en 2017 habría conseguido estar ligeramente por encima de la media. Lo señala el IEB, y también el informe del BBVA. En 2016, se había quedado en el 99,9. Eso, en recursos tributarios en euros, supone que Madrid produce unos 3.306 euros por ciudadano, y se queda, tras las transferencias, con 2.516 euros. Respecto a los catalanes, estos se quedan con 2.513 (casi igual que Madrid), partiendo de 2.807 euros.

Al margen de los dos modelos que existen para calcular esas balanzas fiscales, el del flujo monetario o el del flujo del beneficio, se ha acabado consensuando una idea: las comunidades deben pagar por PIB, y recibir en función al peso de su población, a partir de los servicios que necesiten. Ese criterio lo ha suscrito el exconsejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell, que entiende que, en ese caso, Cataluña presenta un déficit fiscal que podría ser asumible.

El economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, en la entrevista con 'Crónica Global'

Débil identificación con España

Maite Vilalta, vicerrectora de la UB, y experta en el estudio de las balanzas fiscales desde el IEB, señala que, en ese caso –19% del PIB español, 16,1% de la población—, el déficit fiscal alcanza los 2.985 millones de euros, el 1,5% del PIB catalán, lejos de los 11.068 millones de euros, el 5,6% del PIB, que señala el método del flujo monetario sin neutralizar (que había sido el método al que se agarraba siempre el independentismo).

El problema de fondo es otro. Ya no es el llamado déficit fiscal, sino que ha aflorado la gran cuestión: la débil identificación de una parte notable de la sociedad catalana con el Estado-nación que es España. Es un problema político, que se ha adornado en los últimos años con esa cuestión económica.

Entre Quebec y Alberta

Lo ha apuntado Vilalta, en un trabajo para Política y Prosa, haciendo referencia a los estudios del profesor Mintz de la Universidad de Calgary, en Canadá. Mintz lo explica en Two Different Conflicts in Federal Systems: An Application to Canada, 2018. En los sistemas federales, señala, se pueden dar dos tipos de conflictos: uno de preferencias y otro de reclamaciones. En el primero, la población de una parte de un territorio, por distintos motivos, culturales e históricos, tiene preferencias diferentes al resto sobre cuestiones políticas básicas, como la propia configuración del Estado. El segundo caso surge cuando hay territorios con un nivel superior de riqueza que se espera que sea compartida. En Canadá, el primer caso afecta a Quebec, y el segundo a una provincia rica como Alberta.

Resulta que Mintz se refiere a Cataluña como un caso donde se producen las dos cuestiones mencionadas: el conflicto de reclamación (agravio fiscal) se refuerza por la poca identificación de una parte de la población catalana con el Estado-nación español. Y en eso estamos. Puede haber un déficit fiscal, más o menos tolerable, pero que se considera insoportable si se considera que España no es tu país. ¿Cómo se resuelve? Esa es la parte política principal, después de que el mito fiscal se haya diluido.