Junts per Catalunya (JxCat) y ERC coinciden en que se trata de una condena dura, fruto de la “venganza” de un Estado opresor. Y también en que es una sentencia que afecta a todos los catalanes, una reflexión que hace rememorar aquella frase de Jordi Pujol, “si me atacáis a mí, atacáis a Cataluña”, tras ser procesado por el caso Banca Catalana. Pero los socios de Govern discrepan en lo esencial, en la respuesta institucional que hay que dar a la condena del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O. Mientras los republicanos no quieren perder posiciones preelectorales, los neoconvergentes no tienen prisa por señalar una nueva cita con las urnas. Sobre todo cuando se ha reactivado la euroorden de detención contra el expresidente Carles Puigdemont, lo cual supone un balón de oxígeno para su partido.
Suspensión de las actividades
Las espadas entre los dos socios de Govern siguen en alto, y tanto el Govern como el Parlament fueron escenario ayer de sus pugnas, tras conocerse el fallo del Alto Tribunal. Dicho de otra manera, JxCat y ERC utilizaron las instituciones para responder a una histórica sentencia, cayendo en lo que siempre han criticado: en la necesaria separación de poderes.
Torrent se pronuncia tras las codenas del Supremo / EFE
La Cámara catalana suspendió ayer todas sus actividades previstas --comisiones donde se tramitan las leyes catalanas--, y hoy se reunirá la Mesa para decidir si se celebra un Pleno donde se votará algún tipo de resolución contra el Estado español. Los republicanos temen que esa iniciativa les aboque a la desobediencia, y eso es algo que Roger Torrent, presidente de la Cámara catalana y dirigente de ERC, ha intentado evitar durante esa legislatura. De hecho, el Tribunal Constitucional advirtió recientemente de las responsabilidades penales en las que puede incurrir la Mesa si incumple sus sentencias previas. Los republicanos no se pueden permitir que una segunda generación de dirigentes --Torrent, Pere Aragonès…-- quede inhabilitada, de ahí su prudencia.
Retraso en la comparecencia de Torrent
Torrent compareció ayer junto a sus predecesores para denunciar una condena “que afecta a todos los catalanes”. Lo hizo por la tarde, horas después de lo previsto, pues era necesario esperar a que el presidente Quim Torra se pronunciara. En su caso también usó el Palau de la Generalitat para arremeter contra el Supremo y su resolución. Hoy está prevista una reunión extraordinaria del Consell Executiu para abordar la situación, abundando así en la parálisis de un Govern entregado al procés, en realidad muerto institucionalmente y que se encomienda a unas movilizaciones que no controla ni puede capitalizar. Desde que la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium soltaron lastre de los partidos, no se han vuelto a repetir imágenes potentes de los dirigentes políticos unidos. Curiosamente ahora, que la CUP vuelve a ser la muleta de JxCat y ERC en el Parlament.
Previamente a Torra, habían comparecido diputados de ERC acompañados del portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Y es que las reacciones de los grupos parlamentarios de JxCat y ERC se hicieron por separado. La respuesta unitaria no se visualizó, más allá de la foto de los consejeros republicanos y neoconvergentes junto a Torra, cuyo discurso evidenció las contradicciones de su estrategia de confrontación. Tras apoyar en el Parlament una resolución en la que se pedía la abolición de la monarquía, el president pidió por carta al Rey una reunión urgente. Abogó de nuevo por una amnistía, que también fue votada en la Cámara catalana, legitimando así a ese Estado opresor.
Munición para la marca Puigdemont
Eduard Pujol y Laura Borràs, dirigentes de JxCat, protagonizaron su propia comparecencia, con su habitual tono duro, pero sin la solemnidad que supuestamente exigía el momento. Desconocían en ese momento que se había reactivado la euroorden que, aunque no se aplique de forma inmediata, da munición a la marca Puigdemont
Conclusión: no existe hoja de ruta común, pues ningún dirigente independentista ha explicado cuáles son los siguientes pasos, más allá de esa resolución parlamentaria, con la que Torra endosa la respuesta institucional al Parlament. Torra ya tiene lo suyo, pues podría quedar inhabilitado tras el juicio por su negativa a retirar símbolos independentistas de las instituciones oficiales. De momento, su partido quiere ver cómo se traducen las movilizaciones el 11N. Pero el actual mandatario catalán se da ya por amortizado.